Retos y tareas del movimiento obrero: cambios en la economía puertorriqueña y su impacto sobre las organizaciones sindicales

Jorge Lefevre-Tavárez

Manifestación “BoriFlu”, 18 de febrero de 2022 Foto de Manuel Rodríguez Banchs

A la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, 

en sus 62 años y de camino a la victoria en su elección sindical

 En ese sentido, la visión de conjunto unidad del movimiento obrero no solo es un principio que suena atractivo; es una necesidad que la lucha de clases les impone a los sectores del movimiento obrero organizado.

0.

El sistema de producción capitalista parte de que un segmento de la población esté desprovisto de medios de producción y requiera de la venta de su fuerza de trabajo para recibir un salario y poder subsistir. El movimiento obrero organizado en sindicatos intenta agrupar a personas asalariadas, usualmente desde el taller de trabajo, para que estas luchen en defensa de sus propios intereses. Si comienzo con estas generalidades es solo para subrayar el siguiente hecho: las reconfiguraciones en la economía, y, por tanto, en el tipo y el número de los trabajos creados o desplazados, no podrán más que reconfigurar, a su vez, a la clase asalariada, incluyendo la organizada en sindicatos. Este trabajo parte de un análisis en los cambios económicos que se han visto en Puerto Rico en las últimas décadas para analizar algunos aspectos de la coyuntura en la que se encuentra el movimiento sindical, en particular aquel organizado en el sector público. Dicho de otro modo, estudiaremos al movimiento sindical dentro del contexto económico inmediato para entender los retos y las posibilidades que tiene para cambiar el rumbo de esta sociedad. Lo que sigue son unos esbozos de lo que esperamos desarrollar de manera más amplia en futuros escritos.

1.

La crisis mundial de mediados de la década del 1970 tuvo repercusiones importantes en la economía puertorriqueña. El modelo económico del Estado Libre Asociado entró en crisis ante el colapso de la industria petróleo-química, el proyecto emblemático de lo que vino a ser conocido como Operación Manos a la Obra [1]. El aumento en los costos del petróleo y la recesión que estalló en el 1974-1975 desplomaron una industria que, si bien estuvo lejos de crear los 100,000 empleos prometidos, representaba casi 10,000 empleos directos y decenas de miles de empleos indirectos para Puerto Rico. Para muestra, un botón: la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO), nada más, en el 1976 – es decir, ya entrada la crisis de esta industria – empleaba a 2,000 personas y creaba unos estimados 7,800 empleos indirectos [2]. 

Como respuesta a esta crisis en el sector privado y a este golpe al proyecto Operación Manos a la Obra, se aprobó una enmienda a la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal que permitía a corporaciones estadounidenses transferir sus ganancias de bancos en Puerto Rico a bancos en Estados Unidos, sin tener que pagar impuestos federales, mientras mantengan sus fondos depositados en Puerto Rico por un término de tiempo. Esta enmienda se aprobó con el propósito de atraer industrias a Puerto Rico a partir de una nueva política de exención contributiva. Con esta medida, y con la entrada masiva de fondos federales en forma de ayudas sociales, la estructura económica colonial se mantuvo a flote hasta los primeros años del siglo XXI. 

Las industrias de la Sección 936 lograron detener el descenso en el empleo manufacturero que se vio desde el 1974 y crearon una “tendencia débil al alza” hasta el 1990 (con la excepción de los años inmediatos a la recesión de 1982-1983) y una “relativa estabilidad” en el empleo manufacturero, hasta que se aprobó la eliminación de la Sección en el 1996 [3]. Sin embargo, si bien se estabilizó el empleo manufacturero, esto estuvo muy lejos de los números prometidos por Operación Manos a la Obra y la industria petróleo-química. Es decir, el sector privado nunca logró las expectativas que sobre él habían caído como parte del proyecto modernizador del Estado Libre Asociado. Además, y también a diferencia de la industria petróleo-química, estas industrias tuvieron unas tasas de sindicalización reducidas, por una diversidad de factores cuyo análisis rebasa el alcance y propósito de este escrito. Con el tiempo, la tasa de sindicalización en el sector manufacturero se reduciría de 30% en el 1970 a 2% en el 2000 [4].

Es a partir de esta deficiencia en la creación de empleos que el sector público se expande con rapidez [5]. La tabla que sigue demuestra este aumento en empleos en el sector público:

Tabla 1. Empleos en el sector público (en miles)

Año

Empleos en el sector público (en miles)

1940

15

1950

50

1960

70

1970

118

1980

198

1990

239

2000

262

2010

277

2020

                                                                                 176

Fuente para Tabla 1. Junta de Planificación, Informe económico al gobernador. Se midió el empleo en el sector público sumando el total de empleos de las categorías “Administración Pública” y “Otros servicios públicos”, Tabla 33 del Apéndice Estadístico del informe.

El aumento de empleo público como respuesta a la caída de las expectativas de creación de empleos en el sector privado, unido a la baja tasa de sindicalización en el empleo privado existente y la creciente organización sindical en el sector público, llevaron a que el movimiento obrero organizado del sector público aumentara en importancia desde este momento, una respuesta a las transfiguraciones del mercado laboral por los cambios en la economía. 

Visto desde el presente, se hace patente una paradoja importante ante lo dicho previamente: el peso relativo del sindicalismo del sector público aumenta en los albores de la política neoliberal a nivel mundial. Es decir, en momentos en que la política pública global empieza a promover la reducción del tamaño del gobierno, la privatización de los servicios públicos y la austeridad fiscal del estado, el sindicalismo del sector público en Puerto Rico cobra mayor relevancia. 

No se debe subestimar el apoyo que pueden recibir estas organizaciones por grandes sectores de la población. Los sindicatos de las agencias del gobierno y de las corporaciones públicas se encuentran en una posición paradójica. Por un lado, han sido golpeados y diezmados como efecto de la política pública neoliberal; por otro lado, en la medida en que la defensa y la mejora de sus propias condiciones laborales significa defender, también, los servicios públicos, pueden y han recibido gran apoyo del país. El deterioro acelerado de los servicios que ofrece el gobierno ha llevado a que sectores del país apoyen a sindicatos del sector público, incluso a pesar de la propaganda anti unión que predomina en la prensa corporativa.

En el 2006, estalló una nueva crisis en Puerto Rico, la que varios autores han llamado la Gran Depresión de Puerto Rico. Esta se dio dos años previos a la llamada Gran Recesión mundial, lo que ya da muestras de que esta no se debe a las crisis cíclicas del mercado mundial capitalista, sino a un problema más profundo en la estructura de la economía de Puerto Rico. Mientras la economía mundial tuvo un repunte económico hacia el final de esa primera década del siglo XX, la economía puertorriqueña no se benefició de ese repunte, sino que se profundizó su crisis. Esta crisis, en gran medida, no hizo más que acentuar las contradicciones inherentes a la crisis del 1973-1974 en Puerto Rico, con el efecto de reducir dramáticamente el tamaño de la economía del país [6]. Es importante profundizar en el estudio de la economía puertorriqueña y su crisis actual, pero, para efectos de esta presentación, solo se hará alusión a la manera en que las transformaciones de la economía de Puerto Rico reconfiguran el sindicalismo puertorriqueño en el sector público. 

Huelga del Pueblo, contra la privatización de la Telefónica, 1998

2.

Hemos expresado anteriormente que, a partir del 1970, y de manera creciente por esta reconfiguración en la economía puertorriqueña, el sindicalismo del sector público cobraba mayor importancia en Puerto Rico. Si bien es cierto que esta importancia se relaciona con varias organizaciones activas y militantes durante este periodo, se debe también a la proporción de empleados organizados en el sector público con respecto al sector privado.

El alto número de empleos del sector público es un elemento clave de este cambio hacia un fortalecimiento del sindicalismo en el sector público. Esto no se debe a un “gigantismo gubernamental” y a una “empleomanía excesiva”, ambos empíricamente difíciles de probar. Incluso, al analizar los datos, se evidencia que, durante las primeras dos décadas en las que el discurso sobre el gigantismo gubernamental da comienzo, entre 1980 y el 2000, disminuye el porciento del empleo del sector público dentro del empleo total

Tabla 2. Por ciento de empleo público dentro del empleo total. 

Año

Porciento de empleo público dentro del empleo total

1940

2.92%

1950

8.38%

1960

12.89%

1970

17.2%

1980

26.29%

1990

24.81%

2000

22.6%

2010

24.74%

2020

17.7%

Gráfica 2. Por ciento de empleos del gobierno dentro del empleo total.

Fuente de Tabla 2 y Gráfica 2: Informe económico al gobernador.

Si bien es cierto que el porciento de empleo público dentro del empleo total vuelve a aumentar en un 3.5% entre el 2000 y el 2010, este aumento se debe más al descenso en el empleo total, que involucra la reducción en empleos en el sector privado y en el de los cuentapropistas, que a un aumento dramático en los empleos del sector público. Entre el 2000 y el 2010, hay un descenso en el empleo total de 56,000 empleos. Entre estos dos años, el empleo en el gobierno aumentó en 15,000 [7]. 

Por tanto, si bien es cierto que el aumento en el porciento de empleados del sector público es un elemento importante del mayor peso que tuvo en el movimiento sindical, no es el único. Incluso en momentos en que este número disminuyó, la importancia y militancia adquirida de ciertos sindicatos con presencia a nivel nacional les dieron una fuerza decisiva a las organizaciones obreras del sector público. Se imposibilita extendernos en este tema por razones de espacio, pero las importantes huelgas que se dieron desde la década del 1970 lideradas por la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y, más adelante, la Huelga del Pueblo, contra la privatización de la Telefónica, son una muestra de esta fuerza.

Ahora es visible esta contradicción de aumento del peso relativo del sindicalismo del sector público en el momento de nacimiento y auge del neoliberalismo, pero, en el momento, era difícil de prever. En primer lugar, porque la política pública neoliberal no se hizo hegemónica en Puerto Rico hasta el 1988, bajo la segunda gobernación de Rafael Hernández Colón. Desde entonces, sin embargo, ha sido la política oficial del gobierno de Puerto Rico, dominado por el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, y lo continúa siendo hoy bajo el dominio dictatorial de la Junta de Control Fiscal. En segundo lugar, si bien es cierto que había un ataque al sector público desde las últimas décadas del siglo XX, con la privatización del sistema de salud y de la Telefónica, también había una ofensiva neoliberal en contra de las industrias de la Sección 936, por lo que tanto el sector público como el privado se veían amenazados en el periodo.

Finalmente, incluso dentro del periodo neoliberal, hubo espejismos que parecían indicar un fortalecimiento del sindicalismo en el sector público, como la aprobación de la Ley 45-1998. Sobre esta, habrá que decir unas palabras. Previo a la aprobación de la Ley 45, las personas empleadas en agencias de gobierno no tenían derecho a sindicalizarse. Aquellas agrupaciones obreras en las agencias se organizaban bajo la Ley 134 como asociaciones bonafide. Si bien las asociaciones bonafide no tenían derecho a la negociación colectiva, a través de la organización y la militancia había numerosos casos de asociaciones que lograban conquistar derechos laborales e incluso convenios o cartas contractuales producto de la negociación colectiva. Los casos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) quizás fueron los más emblemáticos de este periodo. 

Visto desde el presente, se hace patente una paradoja importante ante lo dicho previamente: el peso relativo del sindicalismo del sector público aumenta en los albores de la política neoliberal a nivel mundial. Es decir, en momentos en que la política pública global empieza a promover la reducción del tamaño del gobierno, la privatización de los servicios públicos y la austeridad fiscal del estado, el sindicalismo del sector público en Puerto Rico cobra mayor relevancia.

El discurso dominante sobre la aprobación de la Ley 45 es que esta ayudó a aumentar la tasa de sindicalización en el país. Sin embargo, los datos llevan a conclusiones distintas. Como indica César F. Rosado Marzán en su estudio “Derecho laboral y organización sindical en Puerto Rico”, la aprobación de la Ley 45 no hizo más que trasladar personas que se encontraban organizadas en asociaciones bonafide a sindicatos reconocidos bajo la Ley 45. El aumento en la tasa de sindicalización, por tanto, es artificial, pues estas personas ya se encontraban en organizaciones obreras, como lo demuestran las estadísticas del Departamento de Trabajo. La tasa de sindicalización aumentaba, mientras la tasa de personas asalariadas en organizaciones obreras (que incluye sindicatos y asociaciones bonafide) se mantenía estable: 140,000 miembros de una organización obrera en el 1996, 139,000 en el 2002 [8]. 

Quienes estudiamos el movimiento obrero actual confrontamos restricciones en esta área, dado que el informe Estadísticas de Unionados que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) publicaba de manera regular (usualmente a un ritmo bianual) no se lleva a cabo desde el 2014. Sin embargo, utilizaremos esos números para ilustrar el argumento, reconociendo sus limitaciones.

Para el 2014, según este informe, un 10% de las personas asalariadas formaban parte de una organización obrera (lo que incluye a asociaciones bonafides, organizadas bajo la Ley 134 o Ley 139, además de los sindicatos organizados bajo la Ley 130, Ley 45, Ley Taft Harley y Railway Labor Act). Las tasas más altas de sindicalización por industria se encontraban en el gobierno, con un 32.7% para la categoría “Administración Pública” y un 31.5% para la categoría “Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas”. El Informe no precisa sobre la tasa de sindicalización en el conjunto del sector privado. Sin embargo, si tomamos el número de personas asalariadas en organizaciones obreras en el sector privado (14,000) y lo dividimos por el total de personas asalariadas en el sector privado, según el informe Empleo y desempleo, también del DTRH, el porciento sería de 2.3%. Este número, si bien impreciso – los datos sobre el total de personas asalariadas de los informes, aunque producidos por la misma agencia, no concuerdan, por sus distintos métodos de recopilación – nos da una idea de la pobreza de la organización sindical en el sector privado. 

Por otro lado, para el año del último informe (2014), el sector público contaba con 85.71% de todas las personas organizadas.

3.

Son múltiples las ramificaciones de la paradoja mencionada anteriormente, en la que el sindicalismo del sector público vino a tener un peso relativo importante en los inicios y durante el proceso de política pública neoliberal en Puerto Rico. 

Por un lado, cabe destacar la manera en que la política pública neoliberal ha transformado las unidades apropiadas de cada sindicato del sector público. No debe quedar duda de que cada sindicato ha visto una reducción dramática en sus filas de trabajadores y trabajadoras representadas. Esto se ha dado a través de las políticas de congelación de plazas y de despidos, además de las políticas de subcontratación y de privatización de servicios (sin que la subcontratación y la privatización se vean acompañadas por campañas de sindicalización en los sectores privados que manejan estos servicios, desafortunadamente). 

Además, en la medida en que la política pública neoliberal desmantela el Estado, es decir, desmantela al propio patrono, se dificulta arrebatarle conquistas laborales. 

Por otro lado, es escaso el sindicalismo en los sectores productivos del país. No deja de ser cierto que el antagonismo principal del sindicalismo no es con el sector empresarial directamente, sino con el gobierno. Si, tradicionalmente, la lucha sindical, en la medida en que conducía a la confrontación capital/trabajo, y en la medida en que se daba en sectores productivos de la economía, se entendía que podía tendencialmente fomentar la idea de que la clase obrera gobernara sobre la economía, en el caso de Puerto Rico la propia estructura económica y sindical dificulta estas ideas. Ni tan siquiera los sectores sindicalizados del sector privado forman parte, en número considerable, de los sectores productivos, si bien es cierto que muchos se encuentran áreas estratégicas de la economía (particularmente el turismo y la transportación). El antagonismo, por tanto, es con un estado que, a la vez que se combate como patrono, se desmantela como parte de la política pública neoliberal y de la propia crisis que la consume. 

Los ataques hacia el movimiento obrero organizado no solo se han dado dentro del taller, sino también fuera. La política pública neoliberal desde el 2006 ha tenido como un componente clave las llamadas políticas de “emergencia”, que se aprueban y ejecutan con la excusa de atender la crisis económica y fiscal, razón por la que pueden tomar medidas que van por encima del estado de derecho. A través de estas políticas de emergencia, lo que al patrono-gobierno se le dificultaba arrebatarles a los sindicatos en el convenio colectivo, lo arrebata a través de legislación. La Ley 7 es el ejemplo de estas políticas para las agencias del gobierno; la Ley 66 para las corporaciones públicas. Estas impidieron la negociación de nuevos convenios colectivos y limitan la negociación de cláusulas económicas, además de permitir el despido y la transformación de cada taller.

En ese sentido, la visión de conjunto unidad del movimiento obrero no solo es un principio que suena atractivo; es una necesidad que la lucha de clases les impone a los sectores del movimiento obrero organizado.

Los golpes que han recibido los sectores sindicales de los últimos años a través de la reducción en las matrículas y el deterioro de las condiciones laborales, además de la legislación patronal, han producido un gran desaliento en el movimiento obrero organizado de este sector. Una forma en que se ve esto es a través de la sobrevaloración de los pleitos legales por parte de varios sindicatos; la movilización y organización han sido reemplazados por la lucha judicial. Los pleitos se han multiplicado en los últimos años, en los momentos en que se ha hecho más claro que el estado de derecho (colonial, neoliberal, dominado por la Junta de Control Fiscal) no es favorable para los intereses del pueblo trabajador. Los tribunales están hechos para enforzar la ley; las leyes son aprobadas, mayoritariamente, por partidos patronales, aunque otras por el gobierno colonizador que domina la política de Puerto Rico. Esto es cada vez más claro para grandes sectores del país; pero, de manera contradictoria, algunos sindicatos recurren a estas instituciones con mayor frecuencia en los últimos años. 

Este panorama desalentador, por otro lado, no debería llevar a pensar que el movimiento obrero organizado tiene un espacio de acción limitado, ni tan siquiera en el sector público. La crisis económica ha llevado, también, a la debacle del sector empresarial puertorriqueño. El crecimiento económico negativo casi constante en los últimos 15 años es solo uno de los ejemplos de esta debacle. Se hace cada vez más patente que el sector empresarial puertorriqueño solo puede sobrevivir a costa de aquello que tanto han tratado de desmantelar: el gobierno. Si los esquemas de corrupción proliferan en Puerto Rico, se debe, en gran medida, a que el sector privado necesita nutrirse de fondos estatales. La corrupción y la privatización son los dos lados de una misma moneda: la desviación de fondos públicos a bolsillos privados. Las contradicciones del sector patronal no pueden llevarlo a fortalecerse: desmantelan aquello de lo que dependen.

 El propio fracaso de esta política pública ha llevado a la masiva pérdida de apoyo de las fuerzas políticas que implementaban e implementan la política promovida por los sectores patronales: el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Luego de medio siglo de dominio de alternancia política, ambos se encuentran sumamente debilitados. Algunas de las posibles acciones que pueden tomar los sindicatos del sector público se desprenden del mismo contexto, de la misma crisis y coyuntura en que se encuentran.

APPU en el Primero de mayo de 2023 Foto: Bryant Martínez
Protesta de la HEEND frente a Presidencia de la UPR Fuente: Diálogo Digital

Hasta ahora, en este escrito, se ha visto un movimiento sindical a la merced de las transformaciones económicas. Se pudiera incluso criticar cierto determinismo económico en este escrito, en la medida en que parecería subordinar el movimiento sindical a las fluctuaciones en la economía. Sin embargo, esta relación directa que se presenta entre economía y movimiento sindical es un subproducto de la falta de unidad dentro del sindicalismo puertorriqueño. En la medida en que un sindicato solo tiene una política interna, una política para su taller, no habrá manera en que este pueda superar las transformaciones económicas que reconfiguran su espacio de trabajo. Si el movimiento sindical, por otro lado, tuviese una visión de conjunto de la economía y un radio de acción amplio, pudiera prepararse coherentemente para afrontar estos cambios. La visión de conjunto, que, a su vez, propicia y depende de la unidad del movimiento obrero, pudiera servir para precisamente reducir esta subordinación del movimiento sindical a las reconfiguraciones en la economía. 

A pesar de que los sectores empresariales son heterogéneos, a pesar de que muchos incluso compiten entre ellos, cuando se trata de arrebatarle conquistas a la clase trabajadora y de imponer sus intereses, actúan como una sola voz. El movimiento obrero, por otro lado, se encuentra profundamente fragmentado, tanto a nivel de su visión y proyección, demasiado limitado al taller, y en su relación con las demás organizaciones obreras. En ese sentido, la visión de conjunto unidad del movimiento obrero no solo es un principio que suena atractivo; es una necesidad que la lucha de clases les impone a los sectores del movimiento obrero organizado.

La unidad del movimiento obrero no se practica lo suficiente ni tan siquiera dentro de un mismo espacio laboral. Como ejemplo, en los primeros meses del 2023, tres sindicatos en la Universidad de Puerto Rico contaron con un voto de huelga por tranques en los procesos de negociación de sus convenios: el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Federación Laboralista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. A pesar de la simultaneidad de estos votos, las negociaciones con el patrono se hicieron de manera individual, lo que sin duda limitó el radio de acción de la lucha obrera de la comunidad universitaria. 

Con respecto al ejemplo del Departamento de Educación, la fragmentación que a veces predomina entre los sindicatos (primero, dentro del magisterio, y luego, con relación a los demás sectores) limita, también, las posibilidades de conquistas laborales. Por otro lado, los momentos en que mayor éxito se ha tenido en años recientes han sido aquellos que lideró el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), que agrupó a los distintos sindicatos magisteriales, o en manifestaciones, como las de enero y febrero del 2022, que parecería que fueran liderados por el magisterio en su conjunto y no por una fuerza aglutinadora.

Este panorama desalentador, por otro lado, no debería llevar a pensar que el movimiento obrero organizado tiene un espacio de acción limitado, ni tan siquiera en el sector público. La crisis económica ha llevado, también, a la debacle del sector empresarial puertorriqueño.

Una visión de conjunto, que superara la visión tallerista o gremialista, aporta, también, a organizar más allá de la unidad apropiada. La política de subcontratación y privatización ha sido, correctamente, combatida por los sindicatos del sector público. Sin embargo, se ha perdido una inmensa oportunidad al no organizar sindicalmente a los sectores que sufrieron estos procesos de subcontratación y privatización. Cualquier agencia o corporación pública cuenta con ejemplos al respecto: desde la subcontratación de tareas clericales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la subcontratación de empleados de limpieza en el Departamento de Educación, hasta la privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos sectores privados que asumieron tareas que antes eran de la unidad apropiada del sector público no se encuentran organizados sindicalmente, a pesar de que comparten espacio con los sindicatos del sector público y, en muchos casos tienen como empleados a personas que antes eran, precisamente, del sector público y de la unión correspondiente. El sindicalismo en el sector público, paradójicamente, tiene la capacidad de transformar la debilidad sindical actual saliendo del sector público para organizar en el sector privado.

No se debe subestimar el apoyo que pueden recibir estas organizaciones por grandes sectores de la población. Los sindicatos de las agencias del gobierno y de las corporaciones públicas se encuentran en una posición paradójica. Por un lado, han sido golpeados y diezmados como efecto de la política pública neoliberal; por otro lado, en la medida en que la defensa y la mejora de sus propias condiciones laborales significa defender, también, los servicios públicos, pueden y han recibido gran apoyo del país. El deterioro acelerado de los servicios que ofrece el gobierno ha llevado a que sectores del país apoyen a sindicatos del sector público, incluso a pesar de la propaganda anti unión que predomina en la prensa corporativa. Un movimiento obrero unido pudiera, a la misma vez, luchar por los intereses de estos sectores sindicales y expresarse como la voz de un pueblo en la defensa del servicio público y de los servicios esenciales. Esto, hasta cierto punto, se ha hecho, pero no de la manera más efectiva todavía.

El posicionarse como defensores del servicio público, en contraposición con los intereses patronales y con las políticas que llevan a cabo los partidos que implementan los proyectos de estos intereses, debería conducir también a intervenir no solo en el debate público sino también en el terreno propiamente político, otra necesidad del movimiento obrero en tiempos de crisis. Hace más de un siglo, Roxa Luxemburgo analizaba el estado del movimiento obrero de su época y, en su folleto clásico Reforma o revolución, afirmó lo siguiente:

 “Cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su cúspide y el capitalismo haya entrado en su fase descendente en el mercado mundial, la lucha sindical se hará doblemente difícil… La acción sindical se reduce necesariamente a la simple defensa de las conquistas ya obtenidas y hasta eso se vuelve cada vez más difícil. Tal es la tendencia general de las cosas en nuestra sociedad. La contrapartida de esa tendencia debería ser el desarrollo del aspecto político de la lucha de clases”.

 Los sectores patronales no solo buscan combatir al movimiento obrero en el taller, sino también en el espacio político, donde imponen sus intereses a través de sus vehículos políticos, los partidos patronales. Si el sector empresarial lleva la lucha de clases a ese espacio, el sector asalariado tendrá que hacer lo mismo. Incluso, no debería sorprender si la unidad en el accionar política por parte de distintos sindicatos promueva el trabajo conjunto que, entre ellos, no se da en el espacio sindical. Esfuerzos como el Encuentro Sindical que auspició la Casa de Estudios Sindicales, en el que distintas organizaciones obreras hablaron de la necesidad de intervenir en el espacio político, o como las Conferencias Sindicales de las redes al interior de Victoria Ciudadana que agrupan a sindicalistas, han puesto a dialogar a sindicatos que no lo harían normalmente a la hora de la lucha económica o sindical. Esto, si bien de entrada parecería ser una forma de poner la carreta delante de los bueyes, visto dentro de la historia del movimiento obrero cobra cierto sentido, o por lo menos cierta homología. En Puerto Rico, la fundación de la Federación Libre de Trabajadores se dio de manera casi simultánea a la fundación del Partido Obrero Insular, el 18 de junio del 1899; el proyecto sindical y el proyecto político de la clase obrera fueron parte de un mismo proceso organizativo [9]. No debe descartarse que la unidad de los sindicatos se dé primero en un espacio externo al taller y a la lucha económica, y que sea esta la que propicie acciones conjuntas en otras áreas de antagonismos con las fuerzas patronales.

 A la larga, la unidad del movimiento obrero deberá desembocar, a través de la discusión, en un programa o proyecto de país, producto de las reflexiones sobre las necesidades de las mayorías asalariadas y de los demás sectores explotados o marginados que puede representar. Será el programa obrero – la unión coherente de los reclamos heterogéneos que tienen los distintos sectores de la clase obrera, y de las políticas económicas necesarias para implementarlas – el mecanismo para superar la crisis. Ese programa requiere la mayor unidad posible del movimiento obrero y la participación política activa del mismo, para derrotar las fuerzas patronales que se encuentran, también, sumidas en una aguda crisis.

Protesta del magisterio, 4 de febrero de 2022 Foto: Cristina Pérez Reyes

Notas

[*] Algunos de los planteamientos esbozados en este trabajo fueron presentados previamente en el Encuentro Sindical celebrado en la Unión General de Trabajadores el 18 de marzo, y luego en el panel “Historia económica de Puerto Rico” de la conferencia Economía Política Crítica de Puerto Rico: Pasado, Presente y Futuro, celebrada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el 27 de abril. A nivel más general, los análisis y las ideas aquí planteadas han formado parte y se han nutrido de discusiones colectivas en distintos espacios sociales, sindicales y políticos.

[1] “¿Por qué es fundamental destacar el derrumbe petróleo-químico? Por una razón principal. La crisis de la agricultura, aunque era una condición interna al desarrollo del capitalismo en Puerto Rico, pudo verse como algo externo al proyecto de modernización industrial. Pudo considerarse, erróneamente, como una superación del pasado. Sin embargo, lo que se desplomó entre 1974-84 no podía verse como algo externo al desarrollo industrial. La crisis de 1974-75, con el derrumbe del proyecto principal de Operación Manos a la Obra, fue una crisis interna al mismo proyecto, el fracaso estruendoso del engranaje principal de la modernidad industrial”. Documentos del Primer Congreso de Democracia Socialista, p. 13.

[2] Las cifras provienen del Economic Study of Puerto Rico de United States Department of Commerce. Ver, de Félix Córdova Iturregui: “El colapso del complejo petróleo químico: sus consecuencias”, https://www.momentocritico.org/post/el-colapso-del-complejo-petr%C3%B3leo-qu%C3%ADmico-sus-consecuencias-vii. El impacto en el empleo de este colapso industrial, por tanto, fue dramático: de 1974 a 1975, el empleo manufacturero disminuyó de 147,000 a 137,000, una reducción de 10,000 empleos, y se redujo en 4,000 más en el 1976. Ver, del mismo autor: La eliminación de la Sección 936. La historia que se intenta suprimir de Félix Córdova Iturregui, pp. 239-240. 

[3] Córdova Iturregui, La eliminación de la Sección 936, p. 240. 

[4] César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898, p. 414.

[5] “En 1970 la deuda total ascendía a $1,656.6 millones. En 1975 esa deuda había ascendido a $5,089.7 millones. Con la recesión generalizada de 1974-75, la deuda pública creció en más de 200%. Ahora bien, tuvo el propósito de expandir el empleo público ante el impacto de la crisis en la industria”. Documentos del Primer Congreso de Democracia Socialista, p. 23. Para 1980, la deuda ascendió a $7,000 millones, y a $12,570 en el 1990. César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898, p. 384.

[6] Sobre estos problemas estructurales no podremos entrar en esta presentación, pero recomendamos la lectura del libro Documentos del Primer Congreso de Democracia Socialista.

[7] Curiosamente, si usáramos los datos de los informes Empleo y desempleo en Puerto Rico, preparados por el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, el cuadro sería el siguiente: para el 2001 (no tuvimos acceso al informe del 2000), 281,000 empleos en el sector público (23.6%) y 708,000 en el privado (59.5%); para el 2010, 283,000 en el sector público (26%) y 645,000 en el sector privado (59.22%). El número absoluto de empleos en el gobierno se mantiene casi idéntico, mientras su peso porcentual aumenta. Lo que explica, en este informe, el ascenso del porciento del empleo público en el empleo total sería el descenso casi equivalente en el porciento de empleos a cuenta propia (de 16.89% en el 2001 a 14.78% en el 2010).

[8] César F. Rosado Marzán, “Derecho laboral y organización sindical en Puerto Rico”, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico 125 (2007). 

[9] Sobre este tema, ver “El 18 de junio en el calendario obrero” de Carlos Quirós Méndez, https://rumboalterno.net/2022/06/el-18-de-junio-en-el-calendario-obrero/

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