La independencia
es posible y necesaria
Martha Quiñones
Juan Sánchez, “Escrito en piedra”. De la serie Guariquén: Images and Words Rican/Structured, 1986. Metropolitan Museum of Art. Purchase, Allade, Inc. and Rosoff Foundation Gifts, 1987.
Versos de Juan Antonio Corretjer: –Recoge tu Destino, Borincano, en esta luz que se ha tornado pétrea. Ni sol, ni lluvia; ni traición, ni nada, podrá borrar lo que se ha escrito en piedra!–
El Plan B Independencia (PBI) y el Plan Nacional de Desarrollo Económico (PNDE) para un Puerto Rico independiente y soberano son propuestas estratégicas e innovadoras, la primera política y la segunda económica. Su objetivo es presentar la independencia y la plena soberanía como viables y posibles para Puerto Rico, comenzar el debate para educar. Ambos planes fueron redactados por diversas personas que produjeron y circularon un borrador de Orden Ejecutiva dirigida al presidente Donald Trump, y que promueve un proceso pacífico y ordenado hacia la independencia en un lenguaje comprensible para Trump [1]. No sabemos si lo va a firmar, pues el Gobierno de Puerto Rico ha pagado cabilderos para convencer a la legislatura de los Estados Unidos de que no nos reciban en el Congreso y nos cierren las puertas. Pero le presentamos al pueblo de Puerto Rico la parte económica de nuestro proyecto, redactada por un grupo en el que se destacan Martha Quiñones y Javier Hernández, y en la que se diseña una transición planificada y ordenada hacia la independencia con propuestas económicas viables [2].
Con el borrador de Orden Ejecutiva se han logrado tres cosas: abrir una conversación sobre la independencia como alternativa posible; iniciar un proceso educativo sobre la independencia y su viabilidad económica; y retar el miedo a ser libres. Es un proyecto encaminado a la transformación de la colonia. El debate suscitado luego de que se hiciera público se centró en el que supuestamente era ilegal que el Presidente decretara la independencia, cosa que le corresponde al Congreso, y en que era una medida anti democrática porque quien debe decidir sobre la soberanía de Puerto Rico es el pueblo. Luego de debates y análisis, entendemos que la Orden Ejecutiva es factible y descolonizadora. Lo ilegal es la colonia, la invasión y el Tratado de París firmado entre los EEUU y España en 1898 (y que Pedro Albizu Campos había definido como ilegal ya que nos convirtió en botín de guerra), la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. En ninguna de estas instancias se ha consultado al pueblo, y ha sido o el Presidente o el Congreso quienes impusieron estas condiciones.
El Plan B Independencia ha presentado recientemente su Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano. Es una hoja de ruta coherente, detallada y transformadora. El plan responde a la pregunta sobre qué podemos hacer para lograr la independencia y que sea viable económicamente. El PNDE recoge documentos previos tales como las tesis del Movimiento Pro Independencia, del Partido Socialista Puertorriqueño, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, del Partido Independentista Puertorriqueño, partes de los textos “Seremos libre: En la independencia estaremos mejor”, “El País que queremos” de Diálogo Soberanista, junto a escritos de René Marqués y varias publicaciones de Javier Hernández. Con este componente económico, le enseñamos al pueblo que podemos ser libres y que tenemos los recursos para lograrlo.
Lorenzo Homar, “El Maestro” (1972).
Museo de Arte de Puerto Rico
Contestamos la pregunta: “¿cómo vamos a vivir?” y “si un país pequeño puede ser próspero”. Nuestro proyecto surge en un momento en el que enfrentamos múltiples crisis -social, económica, ambiental, cultural- pero especialmente ante la incertidumbre de cómo administrar la colonia con una deuda impagable, una economía que se contrae, corrupción incontrolable y los recortes a los fondos federales.
Puerto Rico enfrenta varios retos: la deuda, la dependencia de fondos federales y la mala gestión burocrática; su ubicación geográfica propensa a huracanes y terremotos; la reestructuración de la deuda enmarcada en la Ley PROMESA de 2016 y sus planes de ajuste y recortes; y la economía del crimen y la corrupción. Por eso, uno de los puntos del programa económico es un Plan de Transición ordenado y planificado que sirva para romper con la dependencia colonial de los fondos federales y encamine a Puerto Rico al desarrollo de una economía productiva y autosustentable. Se reconoce que se tiene derecho a las transferencias ganadas (a los fondos devengados), como son los beneficios del Seguro Social, las pensiones federales y de veteranos. Las fuentes principales para las cifras utilizadas en el PNDE fueron los presupuestos y planes fiscales certificados por la Junta de Control Fiscal. En un escenario de independencia, en cual muchas personas retendrían la ciudadanía estadounidense y podrían traspasarla a sus hijos, una parte significativa de los fondos devengados seguiría fluyendo a la isla. Se establecería un Fondo de Transición lo suficientemente robusto para absorber cualquier impacto económico derivado de la reducción de las transferencias otorgadas (fondos federales). Tal delimitación responde a la necesidad de mantener el análisis claro, preciso y políticamente viable, sin introducir variables inciertas que puedan dificultar la interpretación de los resultados.
Con el borrador de Orden Ejecutiva se han logrado tres cosas: abrir una conversación sobre la independencia como alternativa posible; iniciar un proceso educativo sobre
la independencia y su viabilidad económica; y retar el miedo a ser libres.
Puerto Rico también encara varias “trampas”. En primer lugar, se enfrenta a la “trampa de la deuda pública”. La Junta de Control Fiscal ha renegociado esta deuda en términos que no podremos terminar de pagar, condenándonos, por lo tanto, a un endeudamiento a perpetuidad. La deuda de Puerto Rico se ha convertido en un deuda odiosa e ilegítima. Por lo tanto, según la doctrina de deuda odiosa, esta deuda le pertenece al imperio [3]. Por eso, otro de los puntos de la Orden es que se provea para la condonación de la deuda pública y así facilitar la transición económica ordenada, pasando el Departamento del Tesoro federal a hacerse cargo de cualquier obligación existente o futura con relación a esta. La República de Puerto Rico comenzaría con cero deudas, y eso es positivo porque saldríamos de la “trampa de la deuda”.
Puerto Rico también se enfrenta a “la trampa de la corrupción”. La colonia es corrupción y la Junta es y permite la corrupción. Esta se perpetúa por sí misma. Por eso, otro de los puntos contenidos en la Orden Ejecutiva es la abolición de la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico se encuentra al borde de una crisis económica estructural, cuyo origen es la colonia que nos lleva a la destrucción. La colonia es costosa, está quebrada y fue diseñada para la dependencia (de fondos externos y de inversiones externas). Tanto la estadidad como el Estado Libre Asociado enfrentan los mismos problemas: la deuda y la falta de fondos en una economía de enclave. Además, las transferencias federales no han traído prosperidad a Puerto Rico sino más dependencia. El borrador de la Orden Ejecutiva soluciona el problema y transforma a Puerto Rico de una colonia dependiente en un país independiente.
Para asegurar que la economía de Puerto Rico pueda sostenerse tras la independencia, para salir del coloniaje, se crearían un Fondo de Transición y un Fondo Soberano.
Rafael Rivera Rosa, Atleta, Puerto Rico es tuyo, Libéralo (1972)
Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR.
Luego está la “trampa de la dependencia”. En los planes de los gobiernos coloniales y de la Junta no se contempla el desarrollo económico, puesto que se basan en la total dependencia de fondos federales y en el capital externo. No hay crecimiento ni diversificación de la economía. Además la Junta se empeña en destruir la educación y la Universidad de Puerto Rico, motores de desarrollo económico.
Con la privatización se van destruyendo los acervos de infraestructura, culturales y ambientales, vendiéndolos, y llevándonos a la “trampa neoliberal”. El resultado de estas políticas ha sido que Puerto Rico se mantiene en una crisis continua que se agrava con el problema de una economía estancada, con la economía del crimen y la gentrificación, que va tomando espacios y restándonos calidad de vida.
Fondo de Transición y Fondo Soberano
Entendemos que la independencia económica de Puerto Rico es posible sin afectar a la población si se implementa un plan estratégico bien estructurado. La clave está en diversificar la economía, negociar una transición ordenada con EE.UU., proteger el bienestar social y crear un sistema financiero soberano robusto. Para asegurar que la economía de Puerto Rico pueda sostenerse tras la independencia, para salir del coloniaje, se crearían un Fondo de Transición y un Fondo Soberano.
¿Qué son los Fondos de Transición y los Fondos Soberano?
Bajo el derecho internacional, las colonias tienen derecho a una compensación por los daños sufridos, una indemnización. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que el colonialismo es una violación de los derechos humanos y que las metrópolis tienen la obligación de reparar el daño. Ejemplos de esto son los acuerdos de compensación con países africanos y del Pacífico tras sus independencias. Esta indemnización formaría parte del Fondo de Transición para Puerto Rico.
El Fondo Soberano incluiría diversas fuentes de ingresos fiscales, aranceles, impuesto mínimo global, ingresos de impuestos especiales, donaciones o ayudas internacional, o transferencias específicas como los fondos de indemnización o reparación por coloniaje y la transferencia de activos federales, además de ahorros.
Determinamos que para el Fondo de Transición se necesitaría un promedio de $36 mil millones anuales a lo largo de un período de 20 años, por lo cual el Fondo de Transición sumaría $720 mil millones [4]. En el caso de que EE.UU. quiera economizar parte de este gasto, podría escoger invertir $489 mil millones en un solo pago y nosotros administraríamos su uso. Este Fondo de Transición representa una inversión esencial para la estabilidad política, social y económica de la República. Este nivel de financiamiento proporciona un amortiguador suficiente para compensar la posible pérdida de fondos otorgados a individuos (que se eliminarían) y estabilizar la economía durante la transición. Se planificaron cuatro fases de transición en este plan, por periodos de cinco años, con métricas para constatar el desempeño del Fondo.
La transición de Puerto Rico hacia la independencia y la soberanía representa una oportunidad histórica para transformarse en una economía altamente industrializada y diversificada, dentro de un modelo mixto de Economía Social y Solidaria, con democracia participativa inclusiva. Con un Fondo de Transición adecuado, garantizado por una proyección fiscal sólida y realista, Puerto Rico puede pasar a ser un estado soberano con una base económica estable. La independencia es posible, y debemos actuar para hacerla realidad.
El Fondo Soberano, por otro lado, es un instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión, es decir, de una política diseñada para reducir las disparidades económicas y sociales. Su objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados de los procesos de descolonización y transición. Un Fondo Soberano es un vehículo de inversión estatal que gestiona activos financieros a nombre del gobierno de un país y que tiene un horizonte de inversión más largo y objetivos más amplios que los individuales. La base teórica del Fondo Soberano se fundamenta en varios principios económicos y financieros, así como en consideraciones de política pública, para financiar el gasto público o apoyar la economía en tiempos de dificultad. Los Fondos Soberanos cumplen diversas funciones importantes para la economía de un país, tal como lograr la estabilización económica, crear ahorro para futuras generaciones, gestar pasivos futuros (como las pensiones) y mejorar la gestión de activos públicos, o crear una Política Industrial efectiva para la diversificación de la economía y lograr el desarrollo económico estratégico. Existen numerosos fondos soberanos en todo el mundo, entre ellos el Government Pension Fund Global (1990, Noruega), el China Investment Corporation (2007) y el Government Pension Investment Fund (2006, Japón).
José Alicea, 1898-1998. Un siglo de colonialismo (1998).
Fuente: COPUrevista
La creación de un Fondo Soberano específicamente orientado hacia la independencia y la plena soberanía de Puerto Rico es una estrategia ambiciosa pero potencialmente poderosa. Si bien la mayoría de los Fondos Soberanos se crean de la exportación de recursos naturales (como petróleo o gas), existen fondos como el de Singapur, que no es de recursos naturales sino de ahorros. El Fondo Soberano incluiría diversas fuentes ingresos fiscales, aranceles, impuesto mínimo global, ingresos de impuestos especiales, donaciones o ayudas internacional, o transferencias específicas como los fondos de indemnización o reparación por coloniaje y la transferencia de activos federales, además de ahorros. Se podría establecer un mecanismo para que la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos y otros países pueda realizar contribuciones voluntarias al Fondo Soberano con un sentido de apoyo a la independencia. Esto podría estructurarse a través de bonos patrióticos o plataformas de donación.
Con la independencia ganaríamos el poder de controlar las políticas aduaneras, la inmigración y todo lo relativo a nuestras relaciones comerciales e internacionales. Esa soberanía nos daría el poder de establecer sistemas de aranceles y aduanas, diseñados de acuerdo a los intereses y necesidades de nuestra población y empresas. En caso de que EE.UU. se niegue a darnos fondos para la transición, contamos con lo que el país genera en ingresos fiscales, aranceles, impuesto mínimo global, cobros en puertos y otros impuestos que se puede administrar en la transición y que serían parte del dinero para crear el Fondo Soberano. Con un nuevo sistema tributario nacional (que combata la evasión, donde los que ganan más paguen más, etc.) – junto con aranceles aduaneros, tarifas portuarias y contribuciones del sector financiero – se proyecta que Puerto Rico generará entre $17.2 mil millones y $23.3 mil millones anuales en ingresos. El Impuesto Mínimo Global (GMT) del 15% recomendado por la OCDE, según Espacios Abiertos, representa unos $3,800 millones anuales adicionales. A eso se une la eliminación de costos de cabotaje y el pago de la deuda.
El modelo está basado en una Política Industrial de Economía Social y Solidaria
que ofrece una alternativa transformadora al modelo de desarrollo colonial
extractivista y vertical, para así priorizar la propiedad democrática,
la creación de valor local y la sostenibilidad económica a largo plazo.
Un análisis que realizó Javier Hernández sobre los ingresos en otros países señala que, si en Puerto Rico retuviéramos parte de la fuga de capital y lo uniéramos a la capacidad de cobrar impuestos, tasas, aduanas y otros servicios, podríamos tener ingresos para cubrir el presupuesto actual, sustituyendo así los fondos federales otorgados ($14,186 según el presupuesto 2025) y distribuyendo dicho presupuesto en diferentes proyectos sociales a definir como pueblo [5].
En la independencia podemos vivir sin fondos federales porque tenemos la capacidad de generar los ingresos para sostenernos como pueblo, asumir los costos del seguro social, seguro de salud universal, sistemas de pensiones universales y protección social, además de generar una buena política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Así que el Fondo de Transición sería una aportación adicional, pero igual tendríamos los ingresos que se generan en la economía y que entrarían a la República. La clave es la buena administración y la diversificación económica.
Imagen de ¡Ey, boricua! (2025)
Para diversificar la economía proponemos que la Política Industrial de Economía Social y Solidaria se concentre en invertir en sectores estratégicos potenciales: Energía Renovable y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento; Materiales de Construcción Resistentes a Huracanes y al Cambio Climático; Productos Médicos y Sanitarios, Agroindustria y soberanía alimentaria; Industrias creativas y turismo diversificado; Economía del cuidado y salud; IA, Tecnologías de Comunicación y Economía Digital; Finanzas y Servicios Financieros; Pesca, Embarcaciones y Maricultura; y Transporte marítimo y rutas comerciales. Industrias que debemos proteger y a la que se une la inversión externa en espacios económicos definidos, en modalidad que puede incluir alianzas con empresas nacionales [6].
El Fondo de Transición de Puerto Rico financiará las operaciones gubernamentales esenciales, impulsará el desarrollo económico conforme al Plan Nacional de Desarrollo Económico y asignará inversiones estratégicas a largo plazo para crear el Fondo Soberano de Riqueza, un Fondo Soberano de Inversión Social y un Fideicomiso Nacional de Ahorro y Crecimiento dentro del Fondo Soberano. Estas asignaciones asegurarán la prosperidad intergeneracional, estabilizarán las finanzas públicas y fortalecerán la resiliencia nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo Económico de Puerto Rico
Nuestra propuesta es un modelo de democracia participativa, con presupuesto participativo y transparencia fiscal, para evitar la desigualdad social y económica y lograr una administración eficiente, donde la gestión pública cumpla con los objetivos sociales y económicos y se evite la creación de deuda pública ilegítima e ilegal. El modelo está basado en una Política Industrial de Economía Social y Solidaria que ofrece una alternativa transformadora al modelo de desarrollo colonial extractivista y vertical, para así priorizar la propiedad democrática, la creación de valor local y la sostenibilidad económica a largo plazo. Le otorga un papel central a las cooperativas, a las empresas de propiedad colectiva entre trabajadores, a las asociaciones público-comunitarias y al emprendimiento socialmente responsable para construir una economía diversificada, orientada tanto a la sustitución de importaciones como a las exportaciones, y que sirva tanto a las necesidades internas como a los mercados internacionales. Establecer un plan de país con la diversificación de la economía y el desarrollo económico estratégico basado en una Política Industrial efectiva requiere identificar sectores clave con potencial de crecimiento, fomentar la innovación y la inversión y garantizar un entorno macroeconómico estable. La política industrial debe promover la competitividad y la eficiencia, evitando la protección excesiva de industrias y promoviendo la apertura a la competencia.
El Plan Nacional de Desarrollo Económico de Puerto Rico reconoce que el crecimiento estratégico de las exportaciones sigue siendo un componente vital del desarrollo nacional, pero debe complementarse con una economía doméstica sólida, basada en la producción, que garantice resiliencia, sostenibilidad, autosuficiencia económica y justicia social. El país debe cimentarse en el desarrollo de una base nacional de producción diversificada y soberana, que fortalezca las cadenas de valor internas, fomente el emprendimiento local y priorice la sostenibilidad ecológica y las prácticas de economía circular. Los sectores clave son: agroindustria y soberanía alimentaria; energía renovable y agua; construcción y resiliencia climática; industrias creativas y turismo; economía del cuidado y salud; tecnología y economía digital; apoyo público a las ocupaciones centradas en el bienestar, el arte y el ocio; e industrias relacionadas con el transporte marítimo y rutas comerciales, como hemos señalado.
Se ofrecería continuidad y seguridad jurídica a los inversionistas y empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, negociando con ellos acuerdos nuevos, y mantendría los vínculos comerciales y logísticos históricos. Más allá de Estados Unidos, Puerto Rico también buscará acuerdos comerciales estratégicos con bloques regionales como CARICOM, la Unión Europea, BRICS+ y otros. Se establecerá también un Foro Permanente de Diálogo y Cooperación con Inversionistas (FDCI), donde las perspectivas de los inversionistas se considerarán en la construcción del nuevo marco legal y económico. Para equilibrar el diálogo y fomentar un entorno inclusivo, se establecerá también un Foro Permanente de Diálogo y Cooperación con Trabajadores (FDCT), una plataforma de colaboración entre trabajadores, empleadores y el Estado. A su vez, se requiere el control de la corrupción, con prevención y castigo por malversación de fondos. Debe decirse no a todos los tipos de corrupción, que son causa de las desigualdades y las crisis.
March contra LUMA, 25 de agosto del 2022
Foto: Bandera Roja/Tweeter
La independencia energética será uno de los pilares fundamentales de la transformación económica nacional de Puerto Rico. El plan energético nacional integrará plenamente los objetivos y principios de iniciativas puertorriqueñas emblemáticas como Queremos Sol, Casa Pueblo y otros movimientos energéticos comunitarios. La matriz energética diversificada de Puerto Rico estará compuesta mayoritariamente por fuentes renovables, incluyendo OTEC, solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica como base para garantizar la seguridad energética nacional.
También podemos recuperar proyectos pasados. En la década de 1940 creamos modelos de desarrollo comunitario donde la gente se interesaba en participar en las decisiones políticas y económicas que se tomaban en el país (democracia participativa) y que velaban por la transparencia en el uso de los recursos (prepuesto participativo). El Programa de la División de Educación a la Comunidad, que fue eliminado, fue el pilar de esa iniciativa. Debemos recuperar esos conocimientos y mejorarlos.
Para trabajar con el problema de la pobreza proponemos una iniciativa audaz, humana y transformadora: la implementación de un Ingreso Básico Universal (IBU) para las 400,000 familias más pobres de Puerto Rico, con el objetivo de complementar ingresos, erradicar la pobreza, estimular el desarrollo económico inclusivo y permitir una verdadera movilidad intergeneracional [7]. Operará en coordinación con otras iniciativas nacionales como salud pública nacional gratuita, educación superior y técnica sin costos de matrícula, cooperativas de cuido infantil y programas extracurriculares, vivienda subsidiada y cooperativas alimentarias, programas de empleo y obras públicas, incentivos para que los adultos mayores vivan cerca de sus familias y así fortalecer los lazos intergeneracionales, entre otras. El Fondo Soberano de Inversión Social (FSIS) que es parte del Fondo Soberano estaría administrado por el Estado y reinvertiría sus retornos en educación, salud, retiro, infraestructura, energía limpia, seguridad pública y protección ambiental.
Como hemos argumentado, el Plan Nacional de Desarrollo Económico de Puerto Rico y el Fondo de Transición de Puerto Rico impulsarán el desarrollo económico y asignarán inversiones estratégicas a largo plazo en diversos fondos, basados en la Política Industrial de Economía Social y Solidaria. Estas asignaciones asegurarán la prosperidad intergeneracional, estabilizarán las finanzas públicas y fortalecerán la resiliencia nacional. Vamos a pedirle al Congreso de EE.UU. que ordene a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE.UU. (GAO, en inglés) que haga un estudio sobre los beneficios y costos de la independencia y plena soberanía. Encontrarán que es viable y posible. Ya lo hicieron para la estadidad y señalaron que no es viable ni posible.
Colectivo de Artistas Solidarios en Resistencia
¡Descolonízate! Circa 2015
Cada día nos levantamos y decimos “somos soberanos, somos libres y vamos a construir la independencia”. Cada acción y paso que damos Puerto Rico es hacia la descolonización y en el camino hacia la independencia y la plena soberanía. Ante las crisis que enfrentamos estamos convencidos de que esta es la mejor la alternativa.
Notas
[1] Plan B está compuesto por Rolando Emmanuelli Jiménez, Carlos Rivera Lugo, a Martha Quiñones, Edil Sepúlveda, Javier Hernández, Christina Mojica, Marilú Guzmán, Palmira Ríos, Alfonso Giménez Lucchetti, Madeline Ramírez y Carlos Severiono. [Nota de les editores.]
[2] El 6 de mayo, presentaron el Plan Nacional de Desarrollo Económico por primera vez, en una actividad celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La grabación del evento se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=E2jnsOPjoII. [Nota de les editores.]
[3] La doctrina de la deuda odiosa, originalmente desarrollada por el jurista ruso Alexander Sack, consiste en que un país no tiene la obligación de pagar una deuda si esta fue emitida sin el consentimiento de los ciudadanos, sin que beneficie a los ciudadanos y con plena consciencia del hecho. Uno de los ejemplos que da Sack de esta doctrina es la actitud que asumió el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la deuda de Cuba luego de la Guerra hispano-cubano-americana y durante la ocupación estadounidense, declarando que no había obligación de asumir y pagar esa deuda. [Nota de les editores.]
[4] Según la Junta de Control Fiscal, la colonia le cuesta a EE.UU. $1,368 billones en gasto federal total a 50 años. Ese número sale de lo que enviaría en 50 años y no incluye las transferencias ganadas como Seguro Social, Pensiones y Veteranos, pero sí los costos de recuperación de desastres. En promedio era $26 mil millones más otras obligaciones. Se estableció un piso de $30 mil millones anuales para el fondo de transición, se aplicó un crecimiento del 2% anual por inflación y lo dividimos por 20 años. Esto resultó en un promedio de cerca de $36 mil millones anuales a lo largo del período de transición. Por tanto, se recomendó un Fondo de Transición de $720 mil millones, o $36 mil millones anuales por 20 años, para decirle a EE.UU que con aportar eso se economizan varios millones al otorgar la independencia de Puerto Rico; no se pidió la cifra de $9.7 billones, que es lo que algunos economistas han calculado que es el costo de la colonia que se negociaría en el Fondo Soberano.
[5] Reconocemos que tenemos que ampliar los estudios para poder ofrecer los números con mayor exactitud. Un análisis preliminar lo ofrecemos en www.planbindependencia.org.
[6] Ver: https://www.planbindependencia.org/plan-econ%C3%B3mico-de-la-rep%C3%BAblica-de-puerto-rico.
[7] Pago mensual: $500 por familia; pago anual: $6,000 por familia. Duración: 20 años (2025–2045). Presupuesto anual total: $3 mil millones. Presupuesto total a 20 años: $60 mil millones, que se incluirían en el Fondo Soberano. En https://www.planbindependencia.org/plan-econ%C3%B3mico-de-la-rep%C3%BAblica-de-puerto-rico.
*Martha Quiñones Domínguez es economista y planificadora puertorriqueña. Presidió la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP). Es profesora jubilada de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.