En un ensayo previo, señalamos que favorecemos cualquier gestión que pueda adelantar la independencia de Puerto Rico. Por eso aplaudimos la elaboración de un borrador de reconocimiento de la independencia por orden ejecutiva y el debate que ha generado [1]. Esta propuesta, bautizada por sus autores como Plan B, consta de tres aspectos fundamentales: 1) el argumento jurídico de que el presidente de Estados Unidos puede reconocer la independencia de Puerto Rico por orden ejecutiva, es decir, sin intervención del Congreso federal; 2) la propuesta de que se haga campaña para solicitar al presidente Trump que ejerza ese poder; y 3) una propuesta de transferencia de $720 mil millones en fondos federales durante los primeros veinte años posteriores a la independencia ($36 mil millones anuales) que ayudarían a reconstruir la economía colonial. 

La novedad de la propuesta reside en los primeros dos puntos y en la cifra precisa del tercero. La idea general no es nueva. Entre 2012 y 2019, el Partido del Pueblo Trabajador y el autor como su portavoz, planteamos que la actual relación colonial no conviene al pueblo de Puerto Rico que sufre sus consecuencias directamente (pobreza, desempleo, fuga de ganancias, etc.) Tampoco conviene al pueblo trabajador de Estados Unidos, parte de cuyos fondos se destinan a mitigar las consecuencias de una economía colonial disfuncional. Tan solo conviene a los intereses de las grandes multinacionales que operan en la isla. Por tanto, planteamos que conviene al pueblo de Puerto Rico y de Estados Unidos que el primero pueda desarrollar una economía propia, capaz de satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, a la vez que aplaudimos la elaboración del llamado Plan B, también adelantamos una advertencia. En pocas palabras: sería un error pensar que dicha iniciativa puede sustituir lo que debe ser el eje de nuestra lucha por la independencia. Ese eje es y debe ser la organización del pueblo trabajador, las comunidades, estudiantes y sectores oprimidos para la defensa de sus intereses. Es una tarea que, por complicada que sea, no puede evadirse. Gestiones como el borrador de orden ejecutiva pueden adelantar la discusión de la independencia o, quizás, la independencia misma, pero únicamente esa organización puede lograr la independencia a que aspiramos o debemos aspirar: un Puerto Rico comprometido con la igualdad, la participación democrática y la reconciliación con la naturaleza. En ausencia de fuerzas políticas que defienden ese programa, lo que podemos esperar es la continuación de las formas de dominación, desigualdad, explotación y destrucción ambiental existentes.

A menudo se plantea que lo importante es lograr la independencia, luego veremos qué independencia construimos. El problema es que crear las organizaciones sociales y políticas que pueden asegurar esa independencia que queremos es un proceso arduo. No pueden construirse de un día para otro. El momento de construirlas es ahora. Dejarlo para después es permitir que nos impongan lo que no queremos, bajo cualquier estatus, incluyendo la independencia.

Una cosa es plantear al gobierno de Estados Unidos una transición a la independencia que pueda ser de beneficio mutuo, otra muy distinta es comprometer esa transición con los lineamientos de la política interna y externa de Donald Trump.

En aquel escrito planteamos la siguiente alternativa: ¿se orientará la independencia a crear un país igualitario, solidario y ecológico, con un amplio sector público bajo control obrero y ciudadano, sólidas garantías laborales y sociales, planificación democrática y ecológica del uso de sus recursos? O, al contrario, ¿se mantendrán la ganancia privada como eje de las decisiones económicas, la precariedad laboral como supuesta garantía de eficiencia, la inseguridad social a nombre de la “responsabilidad individual”, las concesiones contributivas al gran capital para lograr la inversión, con acuerdo a los modelos neoliberales dominantes? Y advertimos: si no nos organizamos ahora para lograr lo primero, se impondrá lo segundo.  

En resumen, en aquel artículo advertimos que el peligro que debíamos evitar es pensar que la iniciativa de orden ejecutiva puede sustituir la tarea de organización que hemos señalado o que facilite evadirla al pensarse que no es prioritaria.