Reflexión jurídico-política a cuarenta años de la huelga universitaria del 1981

Antes

Cuando a tres cuartos del mes de agosto de 1981—hace 40 años— inició la huelga universitaria contra el alza en las matrículas, supe que el ejercicio de repaso para la Reválida de abogado que había comenzado diez días antes en pleno recinto de Río Piedras, había terminado. Con el poco dinero que me quedaba luego de terminada mi carrera inicial de Derecho, había conseguido pagar alojamiento en el hotel universitario por gran parte de agosto y la primera semana de septiembre cuando habría de tomar el examen. El hotel quedaba en el Centro de Estudiantes, casi encima del espacio donde tanto estuve por dos años, que era la sede del Consejo General de Estudiantes. Había sido electo al Consejo mientras estudiaba Derecho del 1978 al 1980, y luego al Senado Académico en el periodo de 1980-81.

Me había extrañado que hubiese desde temprano en agosto más actividad de lo acostumbrado, al menos de parte de los “líderes estudiantiles”, de miembros salientes del CGE, militantes de organizaciones políticas estudiantiles y de otros grupos religiosos. Sabía que algo se estaba tejiendo de lo que no me convenía ser parte, por la inminencia de la Reválida, objetivo inmediato de estar allí alojado estudiando, caminando por el recinto, yendo a la biblioteca de Derecho con una rutina y disciplina puntual, y, de repente, esto. 

La Administración central universitaria planteaba como si fuesen inevitables, alzas en las matrículas y otros conceptos, que socavarían la idea de una universidad que fuese accesible a los estudiantes irrespectivamente de su ingreso económico personal o familiar.

El planteamiento formal, el tema central, aunque había muchos reclamos, había estado presente al menos durante casi dos años. La Administración central universitaria planteaba como si fuesen inevitables, alzas en las matrículas y otros conceptos, que socavarían la idea de una universidad que fuese accesible a los estudiantes irrespectivamente de su ingreso económico personal o familiar. Como miembro de la Junta Universitaria por Río Piedras —en aquel tiempo este organismo era el cuerpo con participación claustral y estudiantil más elevado en el gobierno universitario— fui designado a un Comité Multidisciplinario para Allegar Recursos Económicos a la universidad.

Ese Comité de la Junta Universitaria, designado por el Presidente Doctor Ismael Almodóvar, rindió el 8 de abril de 1981 un informe que contenía los elementos para explicar las causas de la crisis fiscal de la UPR y contenía recomendaciones puntuales que haría innecesaria un alza en los costos de la educación universitaria pública.

Sin que hubiese podido hablarse todavía, como se hace hoy, de un tsunami del mercado de ideología neoliberal, los estudiantes se habían opuesto a las alzas, tales como cuotas y otros cargos, y habían hecho sentir su voz a través de los representantes de sus Consejos de facultad y organizaciones ante las autoridades universitarias, en la Asamblea Legislativa y en los medios de comunicación.

El estudio del Comité Multidisciplinario de principios de abril del 1981 venía como anillo al dedo para sustentar los reclamos por opciones distintas. De manera sistemática el gobierno había vulnerado la Ley 2, de 1966, desviando partidas de ingresos al Fondo General, y sustrayéndolas de la base del cómputo de la fórmula que separaba entonces el 8.66% de las rentas del gobierno promediadas por dos años.

En el Comité habíamos participado junto con el profesor emérito Milton Pabón (QEPD), los doctores Pedro Badillo y Herminio Lugo, los profesores Hilda Soltero Harrington, Alicia Carlo de Net, José Gandía, los doctores Arturo Santiago y Steward Ramos, y el Decano de Administración del Recinto de Río Piedras, Francisco “Paco” Girón, quien lo presidía. Junto a otros miembros tuvimos también la encomienda de evaluar las finanzas universitarias y concretamente examinar modos de allegar fondos. Ese trabajo culminó en lo que vino a conocerse como el “Informe Girona”. La parte más importante de este informe la constituyeron sus conclusiones y recomendaciones. La principal de estas reclamaba que las finanzas universitarias se habían debilitado por la práctica legislativa de exceptuar partidas de recaudos para que no ingresaran al Fondo General. A través de dicha práctica conseguía el gobierno afectar los dineros garantizados por la Ley # 2 de 1966 que establece la fórmula que separa un porcentaje fijo del promedio de ingresos bianual del Fondo General para los gastos de la Universidad pública. Esa mala práctica legislativa vulnera la llamada autonomía fiscal de la UPR, pretendidamente garantizada por la Ley #1 de 1966.

Nacieron además, por aquellos tiempos y durante un largo proceso, planteamientos intermedios para que las alzas, si es que resultaban inevitables, se hiciesen de manera escalonada e incluso, conforme a los ingresos familiares.

La contundencia del informe fue grande, por lo que continuaron las peticiones de diversos sectores —incluyendo al CGE— al poder legislativo para que atendiese el cumplimiento de la fórmula. Lo que le era esquilmado a la porción de fondos a la Universidad equivalía y superaba muchas veces cualquier aumento de matrículas. Nacieron además, por aquellos tiempos y durante un largo proceso, planteamientos intermedios para que las alzas, si es que resultaban inevitables, se hiciesen de manera escalonada e incluso, conforme a los ingresos familiares. De hecho, se llegó a presentar y litigar una demanda, en la cual fui citado a testificar, en la que se reclamaba el cumplimiento con la fórmula de la Ley 2 del 1966. Recuerdo que el entonces representante Hon. José Enrique Arrarás Mir, quien había sido rector del Colegio —Recinto Universitario de Mayagüez— litigó el caso que no prosperó. 

La Administración universitaria de manera temeraria continuó con sus planes de alza. No tomó en cuenta, a mi modo de ver, cambios y crispaciones que se habían venido dando en el tejido social estudiantil en sus formas de comunicarse y asociarse, en las organizaciones estudiantiles que fueron creándose o consolidándose en el ciclo universitario que identifico como el de 1976 al 1981. Ya se habrán estudiado, y se tendrán que estudiar más, los efectos de la irrupción en la Administración Pública de los modelos neoliberales luego de la crisis de los precios del petróleo, la espiral en los intereses, la incursión en el endeudamiento masivo del gobierno, el exprimir a los trabajadores, la reducción de sus beneficios e ingresos reales, el desempleo, y de la voracidad del gasto público en contrataciones y proyectos para intentar levantar la colapsada economía del cemento y de la varilla. 

Habría que medir la huella provocada  por la elección por margen convincente del gobernador anexionista, sumado al aumento de incidentes represivos contra los rescatadores de terrenos, el independentismo y los sindicatos  por parte de una corrupta estructura policial. Claro está, existía también una experiencia acumulada de cicatrices universitarias producto de las huelgas duramente reprimidas de principios de los años setenta, de los despidos de profesores, de las luchas contra la guerra de Vietnam, contra el ROTC dentro de los recintos universitarios y de la presencia evidente de agentes policiales encubiertos. Tardaría en aflorar una fuente documental de tales prácticas persecutorias más de una década con el caso de las Carpetas, Noriega v. Hernández Colón, secuela de los encarcelamientos policiales provocados por las investigaciones senatoriales de Cerro Maravilla.

Germinaba, aunque no fuese dominante, un conglomerado de entidades estudiantiles que no era controlado por la parte más política-organizacional de la que llamo, si se me permite, “la sociedad civil universitaria”.

Se había observado en el periodo a partir de 1976 un aumento en el número y diversidad de asociaciones, grupos y organizaciones universitarias. Esto es un hecho constatable en Río Piedras. Había asociaciones por departamentos, grupos intrafacultad, diversidad de entidades que no podían encapsularse en las típicas organizaciones políticas de entonces: FUPI, JPIP, JPNP, UJS, Juventud Autonomista, para mencionar algunas. El CGE no dominaba el espectro organizacional estudiantil, aunque era fuente de legitimidad. Germinaba, aunque no fuese dominante, un conglomerado de entidades estudiantiles que no era controlado por la parte más política-organizacional de la que llamo, si se me permite, “la sociedad civil universitaria”. Menciono solamente como ejemplos los grupos religiosos católicos y evangélicos con prédicas terrenales. 

Durante

Emplazadas y dispuestas las condiciones con un inusual verano universitario ininterrumpido, y sin ralentizar, hasta agosto, el inicio de semestre se presentó probablemente como el momento más oportuno ante la inminencia del alza en los costos de la educación universitaria pública.

La huelga del 1981 comenzó. Por el sifón se fue mi habitación en el  hotel universitario pues lo cerraron, y a los tres días, mi repaso de Reválida. Me metí en el proceso que devendría en huelga como si no me hubiese graduado. No obstante, tomé la Reválida y la pasé, lo que  sería importante para mi definición como abogado. Tras revalidar y juramentar en noviembre, en plena huelga, asumí la representación de decenas de compañer@s en una de las dimensiones de la huelga de la que hay que  ponderar su importancia: la jurídica o legal.

A lo legal  me limitaré aquí por ser lo que me resulta más cercano. Pero aprovecho y menciono, por indispensable, la dimensión organizativa; la de la preparación y experiencia política de muchos “dirigentes”  —siempre me disgustó el término por su simiente elitista, o acaso antidemocrática — procedentes de organizaciones políticas, y de otro tipo; la ineptitud administrativa y su desenfreno represivo, frente a la actitud de diálogo y extrema competencia de muchos universitarios. Una vez resumí este punto diciendo que el profesorado, la comunidad y mucha gente en Puerto Rico debió haber sentido orgullo por los estudiantes desafiantes que hicieron quedar en ridículo al gobierno que controlaba a la Administración monigote universitaria.

Los incidentes “legales” principales, en su vertiente civil, al principio se circunscriben al Entredicho Provisional e Injunction Preliminar presentado por la Universidad contra los “líderes de la huelga”. Ese caso que en su etapa preliminar se tramitó rápidamente condujo a una Orden de Entredicho e Injunction dirigida infructuosamente a acabar con la huelga. 

La huelga prosiguió pues no bastaba con agarrar a unos pocos para tratar de intimidarlos y encarcelarlos como sucedió a principios de octubre. Recuerdo que aún sin revalidar, trabajé con el aún estudiante José Juan Nazario, hoy extraordinario compañero solidario y de los  imprescindibles de Brecht, en la investigación y el documento para que el Tribunal Supremo revocase la orden de encarcelación y se liberase a los compañeros que pasaron dos o tres días presos. Además, recuerdo haberlos acompañado hasta el portón de la cárcel. Estaban allí, mis compañeros de Sociales y de la Escuela de Derecho, Roberto Alejandro y Ramón Bosque, también estaban José Rivera Santana y el portavoz del Comité contra el Alza en las Matrículas Iván Maldonado, estudiante de psicología. Aquella tarde cuando nos fuimos a trabajar en el escrito lloré de rabia.

Aquella tarde cuando nos fuimos a trabajar en el escrito lloré de rabia.

Hubo también arrestos, muchos por ejercer simplemente el derecho a la expresión, y también se formularon cargos de naturaleza penal a decenas de estudiantes.  La huelga del 1981 fue una respuesta directa al decreto, emitido en junio por el entonces Presidente de la Universidad Enrique Irizarry, de que impondrían en agosto el aumento en el costo de las matrículas. Todo ello a pesar de las opciones que organismos estudiantiles como el Consejo General de Estudiantes promovieron. De hecho, un referéndum estudiantil celebrado en mayo arrojó una oposición contundente al aumento, e incluso una propuesta de aumentos ajustados y conformes a los ingresos familiares.

La huelga de 1981 tuvo una amplia cobertura mediática. Las noticias radiales, televisivas y periodísticas hacían recuento diario de incidentes, escaramuzas, arrestos y la dilucidación de vistas y casos en los tribunales. Cabría destacar la Asamblea General convocada el 25 de noviembre e iniciada desde una plataforma de remolque en la Avenida Ponce de León, y que congregó a varios miles de estudiantes en el predio del otro lado de la verja frente a la Torre del campus. Fui testigo partícipe de cómo se interrumpió esa Asamblea por la Policía de Puerto Rico, pues hábilmente permitía a los líderes estudiantiles no violentar el Injunction que pesaba en su contra, dirigirse al estudiantado y participar en la Asamblea.

Algunos profesores y abogados presentes intentamos mediar para que no se interrumpiera el acto. Personalmente solicité a la policía que si procedía a hacerlo se expidiesen citaciones o boletos de tránsito —la plataforma estaba sobre la acera— pero estaba claro el carácter de la intervención. No se quería que los estudiantes pudiesen prevalecer una vez más por las buenas, recordemos que cuatro de ellos habían sido excarcelados por el defecto de haber sido mandados presos sin haberles impuesto antes una multa. Habría que recordar también que en las diferentes comparecencias en los medios de comunicación la fuerza argumental de los planteamientos estudiantiles superaba la torpeza de los burócratas universitarios que se enfrentaban a la prensa.

El peso de la opinión pública parecía favorecer a los huelguistas. De ahí, que hubiese que disolver la Asamblea mediante la irrupción de la Fuerza de Choque. Esta ya había sido llamada al Recinto riopedrense por el rector Miró Montilla. Ahora bien, ese día, cuando pusieron en estado de sitio a la Universidad y al casco de Río Piedras, cuando agredieron a civiles e irrumpieron en establecimientos, golpearon en hileras a los estudiantes de la Torre Norte e hicieron derroche sistemático de la violación de derechos fundamentales, la opinión pública se volcó  de manera definitiva hacia el estudiantado. Lejos de provocar un cambio en la percepción de la ciudadanía, el gobierno se echó en contra todavía más al país.

El peso de la opinión pública parecía favorecer a los huelguistas.

Recuerdo que esa tarde, ya como abogado, debía comparecer a la sala del Juez Peter Ortiz a la continuación de la vista de Injunction Permanente contra el liderato estudiantil. Había tenido que correr desde la tarima a la entrada principal cuando la Fuerza de Choque arremetió  y provocó un caos arrojando gases lacrimógenos y generando una estampida humana. El doctor Delgado, Director de la Biblioteca José M. Lázaro abrió las puertas traseras y permitió el flujo del estudiantado hacia los edificios de Sociales y Comercio. El Recinto y Río Piedras estaban sitiados. En Derecho un sólo compañero se atrevió a sacarme del Recinto, tapado en la parte de atrás de su carro. El Juez Ortiz, que había podido percibir el olor de los gases abrió sala, dijo que su hija estaba en el Recinto y me preguntó si quería solicitar la posposición de la vista, la cual concedió de inmediato.

Era claro que una mayoría evidente no quería aceptar el aumento, no entraría a clases, que la huelga que ya era la más prolongada de la historia universitaria (agosto a noviembre, y que se extendería hasta enero) había paralizado al principal recinto de la universidad pública. Esto debió marcar un punto culminante. El gobierno, es decir, el Ejecutivo, la Administración del Partido Nuevo Progresista,  y sus voceros en la regencia universitaria se habían quedado sin opciones. Otro procedimiento legal, del cual no participé, consiguió que el Tribunal Supremo le ordenase a la Administración no interrumpir el derecho a asamblea y reunión de los estudiantes, y le ordenó que permitiese la celebración de una Asamblea general designando las áreas de los parques de pelota, al extremo sur del Recinto en las coordenadas de la calle Gándara con la avenida Barbosa, como el lugar para celebrar la asamblea. Resultaba claro que la administración PNP había perdido, en la Universidad, en los medios, en la opinión pública y en los tribunales.  

Ese gobierno del llamado “romerato” que se había desgastado en pocos meses ante el duro hueso de roer que resultó el movimiento estudiantil contra el alza en las matrículas, que había comenzado mucho antes de la huelga que ya llevaba más de cuatro meses de decretada, enfrentaría más adelante en el cuatrienio el desgaste político de no contar con el Senado, la primera investigación del Cerro Maravilla y la acumulación de otros desaciertos.

Mirando retrospectivamente la Asamblea estudiantil judicializada de diciembre de 1981, mirándola como partícipe-abogado de la lucha, no ya como estudiante, uno hubiese esperado un resultado distinto. Mi deseo era que la huelga acabase, que se retornase a la mesa legislativa, que se buscasen opciones de otra índole y que no se entrase a lo que sería un desgaste natural frente al muro de la potencial pérdida del semestre y del año universitario. El conservadurismo típicamente reformista desde el Derecho, contrastaba con la efervescencia de una lucha de bases imperfecta, pero que había resultado efectiva por el momento.

Mi deseo era que la huelga acabase, que se retornase a la mesa legislativa, que se buscasen opciones de otra índole y que no se entrase a lo que sería un desgaste natural frente al muro de la potencial pérdida del semestre y del año universitario.

Sabía bien que, aunque se consiguiera alguna avenencia por la vía legislativa, la Administración monigote universitaria y quienes controlaban los hilos desde la Fortaleza no iban a quedarse con esta derrota y que continuarían su represión utilizando cualquier instrumento legal imaginable. Por ello, creía que había que reducir los riesgos y evitar dar excusas o pretextos que terminasen costando carreras académicas o algo peor. Como estudioso de la Política que había sido en el Bachillerato; como estudiante de Derecho que acaba de graduarse con algún conocimiento de la ley y de la reglamentación; y como partícipe de la vía burocrática en todos los organismos del gobierno universitario, sabía que no iba a ser fácil. Sin embargo, no era mi asamblea, ya no era estudiante. Mi Asamblea sucedía en la oficina de la avenida Domenech, en la cual compartía gastos con otros dos defensores de los estudiantes: los licenciados Ángel Raúl Pérez Muñiz—UIA 1980—  (QEPD) y Raúl Santiago Meléndez, como yo, acabado de graduar y revalidar.

Contrario a mi deseo personal y legal, la Asamblea del 4 de diciembre resultó en lo que a mi modo de ver fue un choque de visiones entre el liderato político más estructurado y el liderato de bases —aquel tejido que se había ido cuajando desde departamentos y facultades y de organizaciones diversas, que aportaron verdadera masividad y contenido a la huelga. Estuve allí, escuché y vi, sufrí  las claras rupturas que se manifestaron evidentemente —aunque estuvieron siempre presentes— y soy testigo de cómo el dirigismo organizacional más “radical” se las ingenió para que siguiera la huelga, que para colmo se enfrentaba al congelante invierno de las Navidades. Fue un error, es fácil decirlo ahora, cuarenta años después.

… soy testigo de cómo el dirigismo organizacional más “radical” se las ingenió para que siguiera la huelga, que para colmo se enfrentaba al congelante invierno de las Navidades. Fue un error, es fácil decirlo ahora, cuarenta años después.

Después

Me quedarían de aquellos sueños aprendizajes y experiencias muy valiosas que atesoro y energías que serían necesarias en diciembre, enero y febrero cuando la represión arreciaría. Por los próximos tres años, desde que se reanudaron las clases y retornó una densa y tensa normalidad, sería en los tribunales y en los foros administrativos donde habría que luchar más, esta vez mucho más a la defensiva. Decenas de compañer@s dejaron de estudiar, fueron expulsados o emigraron a proseguir los estudios. Algunos abogados nos quedamos tratando de remendar la justicia con viejos y nuevos casos, tratando de auxiliar a quienes pudieron terminar sus carreras, pero en ningún caso contrariados. Se había sembrado mucho, se había llegado hondo, se había desarrollado parte de una generación que seguiría luchando y esparcido semillas a otras tierras. Se habían abierto surcos para otras luchas y para una mayor vigencia de los derechos humanos, para nuevas luchas y nuevos casos, en este devenir colonial que parece repetirse siempre, pero que nunca es el mismo.