Luis Muñoz Marín, “La verdad sencilla sobre el estatus político”

Introducción

Situado en los albores de la Guerra Fría y en vísperas de su elección como el primer gobernador puertorriqueño electo mediante sufragio popular (en noviembre del 1948), “La verdad sencilla sobre el estatus político” ejemplifica el giro definitivo en el pensamiento de Muñoz respecto al status político de la isla. Aquí, y aún por sobre  ciertos gestos críticos en torno al dominio norteamericano, se avizoran bien los argumentos que pocos años después lo llevarían de facto a promover la resignificación del status colonial de Puerto Rico y a defender ese gran simulacro de “poderes propios” instituido con el Estado Libre Asociado a partir del 1952. En sus aspectos más programáticos, estos argumentos giraron en tono a dos pilares principales: 1) el deseo, expresado por la élite criolla desde 1899, de ampliar las facultades limitadas de autogobierno para Puerto Rico bajo la soberanía de los Estados Unidos (lo cual se traduciría en un aumento del sector gobernante intermediario del país con jurisdicciones discretas sobre asuntos locales); y 2) un proyecto económico modernizante que, según lo ha visto James Dietz (1993), desde sus inicios, y a pesar de logros significativos, demostró no ser otra cosa sino una triste, aunque ingeniosa, reinvención del subdesarrollo. En este texto Muñoz deja ver sin vacilaciones su convencimiento de que el destino del país estaba inexorablemente ligado a un modelo de economía de exportación para un mercado único (el estadounidense) y que el libre acceso a ese mercado era condición sine qua non para la construcción de un futuro próspero [ver anotación de Edna Román al documento]. Dentro de esta lógica, los asuntos de la condición colonial del país pasaban a un segundo plano y a Puerto Rico no se le ofrecía mejor perspectiva que la de ser, indefinidamente, un apéndice doliente dentro de la matriz jurídica y económica de la metrópoli. Hacia la concreción de estas ideas Muñoz y el Partido Popular Democrático encaminaron sus esfuerzos en los años subsiguientes.

Es por ello que no carece de cierta ironía que el escenario simbólico de este discurso correspondiera a la fecha en que los Estados Unidos celebran su devenir como entidad política independiente—considerado, no sin ribetes míticos, como un triunfo de la “libertad” en la historia. Contrario a los fundamentos conceptuales del festejo, en torno a ese ritual Muñoz suspende las ideas de “fundación” o “soberanía” nacional, de ruidosas resonancias con las propuestas a favor de la independencia de Puerto Rico defendidas por otros sectores políticos en la isla, y de las cuales, en ese momento, Muñoz en realidad ya se había alejado. En su lugar se avanza con beligerancia todo un andamiaje retórico dirigido a redefinir el sentido de la libertad con relación a lo político; deslindar quiénes, en el contexto puertorriqueño, eran sus partidarios y quiénes sus (peligrosos) detractores; y a reorganizar los horizontes ante los cuales determinar y valorar el destino de la isla y de la metrópoli misma—a más de figurar una visón de sí mismo como dirigente abnegado (y autorizado) del país. Se trataba en parte de una serie de poderosos malabarismos discursivos que Muñoz ya venía elaborando (aunque de modos ambiguos) desde finales de la década del 1930 pero ahora elevados a niveles cualitativamente distintos bajo los nuevos imperativos geopolíticos y descolonizadores de la segunda posguerra. Subido al tinglado de una nueva política-mundo, el texto condensa algunos de los núcleos más punzantes que habrían de dominar las discursivas y prácticas coloniales puertorriqueña, hasta el día de hoy, junto a ciertas intensidades afectivas que le servirían de soporte—capital entre ellas el miedo. Es todo un ejemplar de la brega ideológica muñocista [ver notas de Ivette Hernández-Torres al documento]. Las anotaciones que

 acompañan este texto los comentan. A modo preliminar, este ensayo introductorio procura solo destacar algunos contextos y antecedentes relevantes para su lectura.

Geopolítica e Intermediación

“La verdad sencilla sobre el estatus político” es un texto de umbral; de hecho, situado en múltiples umbrales—tanto hacia el exterior como al interior de la vida política puertorriqueña. Ciertamente uno de los contextos principales, clave para la estructuración de sus estrategias discursivas, tiene que ver con el momento álgido del fin de la Segunda Guerra Mundial en el que pronto se dispararían no solo el conflicto bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sino también todo un espectro de luchas anti-coloniales en el Caribe así como a escala global. Ello haría que la cuestión del status político puertorriqueño, punto de debate constante desde los inicios de la ocupación norteamericana en 1898, adquiriera otras dimensiones y urgencias. Ya en su Carta de incorporación (de 1945) las Naciones Unidas subrayaba la necesidad de avanzar fórmulas de autogobierno para todos los “territorios no autónomos”—postura que adquiriría mayor espesor con la aprobación en 1960 de la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, en la que se decretaba sin ambages el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la incompatibilidad del colonialismo con un orden de paz y cooperación mundial. La posesión de colonias perdía, progresivamente, legitimidad en la esfera internacional. No obstante, a un año de que la India y Pakistán celebraran, para beneplácito de gran parte del mundo, el fin del dominio británico en la región, Puerto Rico, en 1948, continuaba oficialmente como colonia de los Estados Unidos [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento].

Atento a esta reconfiguración paradigmática de la legitimidad política a nivel mundial, en este discurso, Muñoz, sin embargo, no enuncia una exigencia inmediata de autodeterminación para Puerto Rico como cuestión de derecho. Pudo haberlo hecho. Por el contrario, aunque escenificado para un público puertorriqueño, su texto culmina con otro tipo de interlocución en el que el proyecto de autogobierno limitado, a más que una cuestión de respeto hacia la isla, se le ofrecía mayormente a los Estados Unidos como una medida oportuna para salir airoso de los imperativos políticos de la época y como una opción que reflejaba, especular y halagadoramente, la imagen de su propio ser y deseo. Cual consejero del rey, Muñoz llama a los Estados Unidos a “enaltecerse” aprobando un proceso constitucional que permitiera acabar con las asperezas y obviedades de su control directo (de presidencia y Congreso) sobre la isla, asumiendo un lugar rector prominente en el escenario mundial. De esto modo, “nadie podrá acusar a Estados Unidos de mantener un sistema colonial en Puerto Rico”. El colonialismo, dice, con sensibilidad modernizadora, está “obsoleto” y

…. ningún procedimiento puede ser más enaltecedor, ni más digno de la tradición, ni del espíritu creador de democracia al que rendimos tributo en esta fecha…

Lo loable para los Estados Unidos en el aniversario de su independencia, y conveniente para su propio prestigio y credibilidad en la esfera internacional como potencia ascendente, sería autorizarle a Puerto Rico “hasta el punto máximo posible el gobierno propio”. Esto es: hacer una concesión autointeresada y “fraternal” que estuviera simultáneamente a la altura de sus propios mitos de identidad nacional democrática y de las nuevas exigencias globales—pero solo hasta el término que ellos lo estimaran posible.

No era la primera, tampoco la última vez, que Luis Muñoz Marín posicionaba retóricamente su lugar de enunciación como un punto de mediación y consejería estratégica afín al fortalecimiento de la política exterior de los Estados Unidos y sus intereses. En el umbral de la Guerra Fría, ya se percibe, cual silueta diáfana, su inclinación a renovar su lugar de sujeto político respecto a la metrópoli, colocándose como una suerte de consigliere wannabe. Este lugar de intermediación habría de simbolizarse (y en gran medida materializarse) como el lugar de Puerto Rico mismo dentro de la agenda geopolítica de Washington durante la posguerra: “puente entre dos culturas”,  “vitrina [ejemplar] de la democracia para la América Latina”; y en su sentido más craso y real: base militar y centro de operaciones que ayudara a garantizar la hegemonía estadounidense en la cuenca del Caribe [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento].

Valga recalcar que la intermediación que Muñoz asume en “La verdad sencilla sobre el estatus político” y, que, en un gesto simbiótico, devendría también el lugar Puerto Rico mismo en el tinglado de la Guerra Fría, está ya prefigurado en un breve bosquejo autobiográfico que forma parte de unas notas sobre la historia del Partido Popular Democrático redactadas hacia 1942 y publicadas póstumamente. Ahí Muñoz escribía que, habiendo pasado gran parte de su vida entre los Estados Unidos y la isla, por virtud de su bilingüismo sentía que “tanto el inglés, en su versión americana, como el español, en su versión puertorriqueña, se entienden bastante bien en mí” (p. 86). Y aclaraba que “cuando dos idiomas crecen igualmente en un mismo entendimiento” los idiomas no se traducen entre ellos sino que llegan “a ser dos expresiones exactamente equivalentes de una misma realidad” (p. 86). Dejando de lado los méritos de la idea de bilingüismo (y biculturalidad) que se expresa en este pasaje, lo que importa aquí es subrayar la configuración que se hace de un sujeto en el que mundos diversos se anudan volviéndose equivalentes y neutralizando sus diferencias. Esto es: haciéndose mismidad esencial y produciendo una sola realidad. No se trata de diferencias que coexisten entre sí, complicando e incomodando las percepciones, sino de un mecanismo de integración y fusión armónica. Es probable que en el momento de la posguerra, con el fin del conflicto armado—cansados de tanta destrucción y muerte—solo se ambicionara la calma y la paz, ignorando, con cierto facilismo, que esas ansias de mismidad (ese death drive freudiano) resultarían no ser otra cosa que una versión del delirio totalitario recién derrotado. Ello terminaría, en efecto, retornado en los peores pasajes de la Guerra Fría. Su expresión puertorriqueña, según se verá más delante, lo fue la persecución antidemocrática y autoritaria contra el independentismo, desde la Ley de la Mordaza hasta el estado de excepción conjurado por la ilegalidad de las carpetas. Lo interesante, por lo pronto, es que en estos apuntes autobiográficos, la concepción “integradora” que tiene Muñoz de sí mismo terminaría siendo proyectada como el destino de Puerto Rico y del hemisferio todo [ver anotaciones de Ivette Hernández-Torres al documento]. A la isla, dice, le ha cabido en suerte encontrar a un hombre como él,

[…] libre de solidaridades de grupo, atento al significado inmemorial del pueblo  […], curado de nacimiento de todo espanto y seducción, de puestos, gloria, importancia social o personal; habido su espíritu en la conjunción de dos anchas culturas que se unen en esta isla y que han de coordinarse y entenderse en este hemisferio. (p. 86)

Las culturas, por cierto, son la española y la estadounidense (Africa no tiene lugar ninguno en este visión). Pero puesto esto de lado, lo que importa en lo inmediato para el examen de los contextos y precedentes de “La verdad sencilla sobre el estatus político” es cómo ya aquí están expuestas las credenciales bona fide mediante las cuales Muñoz, en parte, se autorizó a dirigir la política colonial puertorriqueña y a avalar sus ambiciones de consigliere wannabe. Pero más aún, estos apuntes autobiográficos también inscriben una figura de simbiosis problemática en la que no es tanto que Puerto Rico c’est moi (Puerto Rico soy yo, con ecos del monarca absolutista francés, Luis XIV a finales del siglo XVII) sino, más bien que Puerto Rico doit être moi —“debe ser yo”. Esto es: equivalencia, armonía, integración, fusión, mismidad. El ser y el deseo del caudillo es el ser y el deseo de la patria.

Aparte de darle paso a los visos caudillistas y autoritarios que caracterizarían al muñocismo, y que habrían de marcar la política puertorriqueña por décadas, habría que preguntarse: ¿no estarían aquí también, pero aún con trazos tenues y tal vez de manera subliminal, los inicios de una senda hacia la estadidad? ¿Un destino de equivalencia, fusión y mismidad? ¿Una realidad común?

Reordenamiento de la Economía Política Colonial

En lo que podría catalogarse como un proyecto para el reordenamiento de la economía política colonial (y en paralelo con los cambiantes horizontes geopolíticos), en “La verdad sencilla sobre el estatus político” se activa otra liminalidad que en realidad resultó ser no una transición hacia un fortalecimiento de las estructuras económicas del país, según se lo proponía, sino una encerrona. Antes de resolver el problema del status, dice Muñoz en este discurso, había primero que atender al desarrollo (al volumen) de la producción local; pero ese desarrollo, según él, tenía como única condición de posibilidad el continuar la inmersión total, exclusiva y dependiente de la isla en las redes del mercado norteamericano—la mismidad con el mercado estadounidense. Esto es lo que denominó como “las condiciones favorables” de la relación con los Estados Unidos (en contraste con las “desfavorables”, que eran la falta de “gobierno propio”). Desde esta óptica, no había nada más apetecible en el mundo que el acceso a ese mercado, así conllevara la borradura del resto del planeta, suprimiendo la participación potencial de Puerto Rico en sus complejas, ricas y, sin duda, retantes redes de intercambio. De lo que se trata aquí es, pues, de una extraña operación mediante la cual una restricción severa en la esfera de la acción económica, ceñida rígidamente a un mercado único (y con poderes últimos de soberanía jurídica sobre la isla), se proponía como aquello que mejor podía preparar al país para el ejercicio eventual de libertades más amplias. Esto, más que una paradoja, es (y resultó ser) una falacia. Y el efecto de esta falacia fue el de ayudar a gestar una estructura de pensamiento que privilegiara y naturalizara una lógica del “aún no”, de la dilación indeterminada y de la desconfianza en las capacidades y potencialidades propias, cuya consecuencia final no ha sido otra que la de consolidar un colonialismo by default.

La otra cara de esta falacia, clave para la nueva economía política colonial, lo era, por supuesto, el simulacro de un “gobierno propio” regido por la cláusula territorial (a la que, valga destacar, no se menciona ni por accidente en “La verdad sencilla sobre el estatus político”). Siguiendo la lógica de la posposición indeterminada, en este discurso Muñoz propone que, cuando la Legislatura de la isla (investida constitucionalmente de poderes locales limitados) estimara que se había alcanzado un volumen de producción adecuado, entonces, acaso, podría convocarse a una consulta plebiscitaria dirigida a decidir sobre un status político con mayores poderes vinculantes. En el entretanto, los poderes del “gobierno propio” se cifrarían fundamentalmente en las prerrogativas de designar a los jueces de la Corte Suprema de Puerto Rico y de hacer los nombramientos de la burocracia colonial, permitiendo así un teatro más amplio para las operaciones políticas locales. Esto fue lo que Vicente Géigel Polanco llamó el aumento (añadiríamos, la administración y distribución) de las “canonjías” (p. 145). Y en efecto, hasta el día de hoy, estas prerrogativas se han traducido en pugnas mezquinas por la administración de las transferencias federales, por el establecimiento de prioridades en las políticas públicas (con sus efectos en las asignaciones del presupuesto), la otorgación de contratos y empleos (las más de las veces en pactos nepotistas y clientelistas) y en la consecución de pequeños poderes de grandes consecuencias para el vivir cotidiano de la gente. Si a Muñoz, como se verá en el discurso y en nuestras anotaciones, le preocupaba lo diminuta de las dimensiones territoriales de la isla (que llamaba las condiciones “en extremo desfavorables de su naturaleza” [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento], más diminutos resultaron ser sus propios horizontes políticos y los de la misma economía política que imaginó para el país y que tanto han marcado los de aquellos que le siguieron y prosiguieron. En el umbral complejo y posibilitador de la luchas mundiales por la descolonización y de los recuadres geopolíticos de la posguerra, las ambiciones de Muñoz para la estructura política del Puerto Rico no pasaron de aspirar a producir y reproducir una clase mediadora y administradora; y en los pocos casos de mayor escala, una casta capaz de también convertirse en consiglieres del imperio (véanse, por ejemplo, los limitados simulacros de política exterior del ELA estudiados por Vélez Rodríguez). Los efectos de tan empobrecidos horizontes sobre la cultura política del país han sido nefastos.

Las visiones articuladas en “La verdad sencilla sobre el estatus político habrían de cristalizar en la constitución del Estado Libre Asociado en 1952 y en la pobreza que domina el discurso político público puertorriqueño hasta el día de hoy, evasor (con importantes excepciones) de los poderosos factores estructurales y jurídicos que delimitan y condicionan cualquier aspiración de proyecto económico sostenible a largo plazo en el país. Aún se siguen oyendo los ecos incorregibles de la siempre engañosa frase “el status no está en issue”.

¿Estaría el camino hacia la estadidad ya trazado aquí?

Antecedentes I: Hacia la Desradicalización

Es necesario recalcar, sin embargo, que para 1948 las posturas avanzadas en “La verdad sencilla sobre el estatus político” no eran nuevas. La historiografía más seria sobre el muñocismo coincide en que entre 1943 y 1946, a medida que se iba consolidando la hegemonía del Partido Popular Democrático (en no poca medida gracias al apoyo del gobernador progresista Rexford G. Tugwell) y según se asentaba su autoridad carismática sobre su partido y como presidente del senado (al que fue electo en 1940), Muñoz comenzó a abandonar las convicciones que en 1937 (año de la masacre de militantes nacionalistas en Ponce) lo habían llevado a fundar la Acción Social Independentista, costándole la expulsión del Partido Liberal, dirigido por Antonio R. Barceló. En aquel entonces, Muñoz entendía que el desarrollo económico de la isla requería diversificación y sostenibilidad, el rompimiento con la dependencia del capital ausentista (azucarero) norteamericano y una apertura más flexible a la economía-mundo que era irreconciliable con el dominio colonial. Todo estaba fundamentado—con sensibilidad afín a las propuestas más progresistas del novotratadismo norteamericano—en visiones de justicia social y en el principio rector de que la sociedad debía tener como cimiento una mejor correlación entre riqueza y trabajo. Esto es: una distribución democrática y justa de la riqueza mediante leyes de salario mínimo, reforma agraria y proporcionalidad contributiva. En este sentido son memorables los pasajes de uno de los textos diseminadores de esta primera ideología del naciente Partido Popular Democrático, ejemplar de sus estilos pedagógicos, y firmado por Muñoz Marín mismo. Se trata de la primera versión del Catecismo del Pueblo, que circuló como propaganda política para la campaña electoral del 1940, y en el que se leen proposiciones como las siguientes:

7 – ¿A qué se debe que la inmensa mayoría de los puertorriqueños viva en condiciones angustiosas?

A la injusticia social con que se distribuyen las riquezas producidas por el trabajo de los puertorriqueños.

8 – ¿Cómo se observa esta injusticia social?

Viendo cómo por un lado las grandes corporaciones y otros poderosos intereses económicos se llevan veinte millones de dólares todos los años de Puerto Rico, mientras que por otro lado usted y todos sus vecinos viven en la mayor angustia y no pueden proporcionarles ni siquiera un vaso de leche.

9 – ¿Por qué estos grandes intereses y corporaciones obtienen estas ganancias, mientras usted, que trabaja cada vez que le ofrecen trabajo, se encuentra en una pobreza tan grande?

Precisamente por la pobreza de usted […] (p. 10)

Aunque este Catecismo no consigna la convocatoria a un plebiscito como parte de la  plataforma electoral del partido, igualmente son notables aquellos pasajes en los que se impugna el sistema colonial y se explican con simpatía las potestades jurídicas y los poderes democráticos que debían acompañar un proyecto de independencia dispuesto a frenar las influencias no-reguladas del capital:

29 – Cuando la legislatura apruebe las leyes necesarias para el pueblo hechas por legisladores que no les deban nada a las grandes corporaciones, ¿entran en vigor esas leyes inmediatamente?

No. Porque Puerto Rico es una colonia, y el Gobernador, nombrado en los Estados Unidos, puede desaprobar esas leyes.  (p. 17)

34 – Si Puerto Rico fuera independiente, ¿cuáles serían los poderes del pueblo?

El pueblo tendría el poder para elegir todo el Gobierno de Puerto Rico, y si elegía hombres que estuvieran libres del dinero de grandes intereses, podrían hacerse todas las leyes para la seguridad y el bienestar del pueblo, sin que nadie tuviera el derecho arbitrario de desaprobarlas. Este poder solamente estaría limitado por los tratados de reciprocidad y de otras clases que el gobierno de Puerto Rico, con el consentimiento del pueblo, hiciera con Estados Unidos y con otras naciones.  (p. 18)

No obstante, apenas cuatro años después, en la segunda edición del Catecismo del Pueblo, del 1944 (y que diferente al primero no llevó la autoría explícita de Muñoz), ya se advierte un asordinamiento ruidoso de la radicalidad de estas propuestas. En este segundo—circulado en un nuevo contexto electoral y con contenidos distintos al anterior—se insiste no solo en la necesidad de operar al interior de la legalidad establecida sino en lo que devendría asunto central en la lógica de Muñoz sobre el status: la temática de la producción. “Puerto Rico”, se indica, “no está produciendo lo suficiente para eliminar la pobreza” (p. 8). Lo particularmente notable con respecto a esta afirmación es que no solo la problemática colonial sino la palabra colonia misma, así como las alusiones críticas a los grandes intereses corporativos, brillaran totalmente por su ausencia en tanto elementos adversos para las aspiraciones socio-económicas del país—ello aún cuando se invocaran nociones de justicia distributiva y se postulara una plataforma de reformas acordes a ellas. Igualmente falto del sesgo crítico, en el Catecismo del 1944 se reitera que un voto por el Partido Popular no estaría ligado a ninguna opción política particular porque el status no estaba en issue (p. 5).

Antecedentes II: El Giro Desradicalizador

No deja de producir perplejidad la aparente rapidez de estos giros en el pensamiento de Muñoz y en la agenda del Partido Popular Democrático hacia la primera mitad de los 1940. Ello es aún tema de debate vigoroso y abierto. ¿Qué factores y genealogías ideológicas dan cuenta de estas transformaciones, si es que es eso lo que en efecto fueron? Baste aquí solamente señalar que para 1946 el abandono del horizonte de la independencia y el tránsito de una postura económica progresista, que ponía el acento sobre la autogestión colectiva, hacia una que privilegiaba el desarrollismo dependiente son casi completos (González Díaz). Esto se hace absolutamente explícito en dos largas series de artículos periodísticos publicados por Muñoz en el periódico El Mundo en febrero y mayo de ese mismo año bajo los títulos “Alerta a la conciencia puertorriqueña” y “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”. En ellas, sin duda, se defiende el fortalecimiento de las instituciones públicas (en alianza con las privadas) y aún se aboga por una justicia distributiva. Sin embargo, estas series también codifican y sistematizan, con claridad singular, los fundamentos ideológicos que habrían de guiar al muñocismo y la agenda popular en su momento triunfante, y que dos años después serían sintetizados y redirigidos en “La verdad sencilla sobre el estatus político”. En este sentido, estas series admiten ser leídas en clave de manifiesto. En ellas aparece el repertorio de ideologemas que terminarán calcificándose en la discursiva colonial del Estado Libre Asociado.

Con ecos de una deficiente lectura del Insularismo de Pedreira (que es mucho más complejo que las posteriores interpretaciones que de él se han hecho al servicio del ELA), en estos artículos Muñoz hace inventario de lo que devendrían lugares comunes y reconocibles de la imagen colonial de Puerto Rico como destino: su pequeñez geográfica, con poca tierra y escasos recursos naturales; que la isla estaba sobrepoblada; y que, en tanto el país aún no producía lo suficiente, sin el paliativo de las generosas—pero artificiales, según admite—transferencias federales (que EEUU otorgaba sin verdaderamente sacar provecho alguno de su dominio sobre la isla) todo colapsaría. Aún aquí no se dice que “los puertorriqueños son vagos” (esto vendrá después, en una frase que literalmente disocia al sujeto puertorriqueño de su predicado), pero sí se despliega toda una retórica de la vulnerabilidad ante la inminencia de un abismo: Puerto Rico, observa Muñoz, es un pueblo “tan magnífico y tan enfermo, tan bueno y tan grande y tan pobre” al borde de una “catástrofe de proporciones trágicas” (“Alerta”, p. 459). Si en el Catecismo del 1938 Muñoz insinuaba que, por sus semejanzas con las condiciones de Puerto Rico, el caso de Costa Rica (país pequeño, próspero y sin ejército, p. 22), era un posible modelo para emular, años después se dirá que el destino inexorable de la isla, fuera del arreglo de desarrollo colonial dependiente, no sería otro que el de un cataclismo: la miseria de Haití o el devenir una segunda Cuba. Solo inmersos en la economía norteamericana podríamos salir de la pobreza y no caer en deudas [ver anotaciones de Edna Román al documento].

¿Estará el camino hacia la estadidad ya trazado aquí?

El Aparato Conceptual I: Imperialismo

Es preciso destacar que el giro que se hace ostensible en el pensamiento de Muñoz hacia 1946—aparte de generar una imaginería de la indefensión y la precariedad, sazonada con una buena dosis afectiva de miedo—también rotaba en torno a un nuevo y, de primera instancia, sofisticado aparato conceptual que desnaturalizaba los referentes clave para el debate político en una época de descolonización reapropiándoselos. Esta reconfiguración subyace “La verdad sencilla sobre el estatus político”. Hacia mediados de los 1940 Muñoz no solo se dio a delinear un proyecto de modernización social e industrial (agrícola y fabril) dependiente del acceso libre a un mercado único, el de los Estados Unidos (dentro del cual, se asumía, los productos puertorriqueños podrían competir en condiciones de paridad). Se trataba a su vez de reclamar una “modernización” de los términos del debate sobre el status forjando, según él, políticas creadoras (“Nuevos caminos”, p. 503). En este sentido, modernización socio-económica y modernización ideológica iban de la mano, apalabrados por nuevos entendimientos que ayudaran a allanar los caminos de la imaginación colectiva hacia el nuevo arreglo de autogobierno colonial. Una de las mayores fortalezas del proyecto popular en su momento triunfante fue precisamente su capacidad de alterar los signos; de establecer una disputa deliberada en la esfera del lenguaje con expresión clara y pedagógica. No obstante, como es sabido, a veces nada ofusca más la realidad de las cosas que una fácil percepción de transparencia en voz magisterial.

Esta voluntad de codificar un lenguaje político y dominar sus sentidos es particularmente notoria en la serie de artículos publicados bajo la rúbrica “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”, texto antológico del pensamiento muñocista. En una de sus dimensiones este texto podría leerse como una suerte de glosario en el que los conceptos imperialismo, libertad, soberanía y pueblo son sometidos a un intenso proceso de desestabilización y resignificación. De hecho, este corpus es más comúnmente recordado por su famosa caracterización de la política norteamericana como la de un “imperialismo bobo”. Esta frase, que se ha convertido en caricatura lapidaria, suele sacarse del contexto que le da el verdadero sentido estratégico procurado por Muñoz. Por lo cual, en rigor, debe citarse:

(9) El imperialismo de lo Estados Unidos —Filipinas, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa—es, aparte de las razones militares, un imperialismo bobo: sin razón de ser ni justificación práctica para el poder imperial.

(10) En cambio, el imperialismo financiero, económico, diplomático, de Estados Unidos, como el de otras grandes potencias, decididamente no es un imperialismo bobo. Es hábil, poderoso, agresivo, controlante, o puede serlo a voluntad. (p. 500)

Desconocemos si alguna vez Muñoz leyó el texto clásico de Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo (de 1916), en el que el revolucionario bolchevique analizaba las dinámicas internacionales del capitalismo monopólico como un nuevo tipo de práctica imperial (distinta a las del periodo de librecambio), y que tal vez lo hubiera inspirado a teorizar, con dejos infantilizadores, el imperialismo “bobo” y el “no bobo”. Lo cierto es que Muñoz aquí establece una distinción (diferente a la de Lenin) entre imperialismo político e imperialismo económico a fin de justificar la inmersión absoluta de la economía puertorriqueña dentro de la norteamericana y de minimizar la problemática de la soberanía política. Además de ser fallida intelectualmente, esta distinción no deja de suscitar sospechas de mala fe. Su entendimiento del imperialismo político parecería anclarse en una visión clásica (tanto temprano-moderna como librecambista) del imperialismo político entendido ya como dominio territorial, destinado a la extracción de tributos y/o materias primas, o como establecimiento de mercados. En este sentido dice, no sin incorrecciones, que ni Filipinas, ni Puerto Rico, ni Islas Vírgenes, ni Guam, ni Samoa tenían importancia práctica alguna para los Estados Unidos, “aparte” (¡poca cosa!) de las razones militares”—que Muñoz aquí, significativamente, no detalla. Los factores de dominio militar aparecen literal y sintácticamente como un “aparte”, como una lateralidad casi parentética (“aparte de las razones militares”) y no como un factor medular del poder imperial norteamericano. ¿Habrá que recordar que este periodo inicia la militarización acelerada de Puerto Rico y de toda la zona del Caribe de cara a la Guerra Fría? [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento]. Por contraste, sugiere Muñoz, el “imperialismo financiero, económico, diplomático” norteamericano es de temer—y el miedo otra vez vuelve aquí a alzar su cabeza y a ocupar su lugar protagónico. ¿De qué es capaz el imperialismo norteamericano con aquello que queda fuera de su estructura jurídica y económica “nacional” (aunque Muñoz no use esta palaba)? País pobre e indefenso, ¿qué podría hacer ante un imperio “hábil, poderoso, agresivo, controlante” a voluntad? Las fichas están cargadas y el juego sobre la mesa. ¿Adentro o afuera? Adentro.

¿Estará el camino hacia la estadidad ya trazado aquí?

Es necesario recordar, según lo han estudiado Estades Font y Rodríguez Beruff, que desde finales del siglo XIX, los cuadros intelectuales del aparato militar norteamericano habían identificado al Caribe como zona de dominio importante, entre otras cosas, para el desarrollo del comercio transoceánico con Asia. Este fue un factor crucial para que los Estados Unidos instigara el que Panamá se independizara de Colombia en 1906, asegurando, eventualmente, su absoluto dominio (hasta el 1999) sobre la zona del canal. El Caribe era el paso atlántico de los vientos para el Norte industrial estadounidense y para la Europa. Todo esto se agravaría aún más con el inicio de la Guerra Fría. Comprensible, como puede ser en el marco de su argumentación, el que Muñoz de facto obliterara la geopolítica militar (que supuestamente no le reditaba grandes beneficios a la metrópoli), no deja de desconcertar aquí la pobreza panfletaria que caracteriza la separación conceptual entre política, militarización y economía a la hora de definir el fenómeno imperial. Pero imperio era un concepto crucial para los debates y reconfiguraciones de la posguerra, así como para los procesos de descolonización que avanzaban como expresión de una nueva legitimidad política internacional. Había que recortarlo y dominarlo: los Estados Unidos no querían ni necesitan poder político sobre Puerto Rico, era un imperio bobo e inofensivo. ¿Las bases militares? Un aparte parentético. E igual el envío, sin consentimiento, de los puertorriqueños a sus guerras. Más preocupante era tener a ese “imperio bobo” como potencia económica extranjera y por eso, para Muñoz, era ahí que había que sopesar la cuestión del status.

¿Estará el camino hacia la estadidad ya trazado aquí?

En 1946, esta era la visón que Muñoz tenía sobre la relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Cualquier gestualidad trunca hacia una futura independencia en “La verdad sencilla sobre el estatus político” era solo eso: un gesto trunco.

El Aparato Conceptual II: Soberanía, Pueblo, Libertad

De entre el cúmulo de términos que se resignifican en “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”, es curioso que solo la frase “imperialismo bobo” haya persistido en la memoria colectiva. El universo conceptual que gira a su alrededor, sin embargo, es mucho más complejo. Convendría recordar brevemente esa órbita. En torno a ella también rotaron nociones clave para la sensibilidad descolonizadora de la posguerra tales como soberanía, pueblo y libertad . Al igual que el concepto de imperio, todas ellas fueron sometidas a un proceso de desestabilización y resemantización. Despojadas ya de grosor y consistencia, estas nociones adquirirían la plasticidad necesaria para incorporarse retorcidamente a la discursiva colonial del ELA. Ellas subyacen en “La verdad sencilla sobre el estatus político”.

Es preciso observar que las maniobras retóricas avanzadas por Muñoz en “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”—con el fin simultáneo de expropiar y reapropiarse de todo un vocabulario político—se erigieron sobre supuestos conceptuales menos evidentes pero no por ello menos determinantes. Estos estaban vinculados a nociones modernas de temporalidad histórica (concebida como progresión) y a una visión de “progreso” cifrada mayormente en grados de desarrollo tecnológico. Al igual que las sociedades y los individuos, las ideas también debían cambiar (“progresar”), renovarse técnicamente, ajustándose a las variaciones de los tiempos, transformándose en mejores instrumentos. ¿Y quién podría oponerse a ello? Solo un loco. Los cambios de los últimos cincuenta años en el mundo, decía Muñoz en 1946, han “afectado vastamente los hechos y conceptos políticos”. Durante este periodo, sin embargo, lamenta que:

[…] la manera de considerar el problema del status de Puerto Rico no ha variado. Es evidente que si la manera de verlo era adaptada a la realidad de hace cincuenta años, esa misma manera, no cambiada en sustancia, tiene que estar muy remota de la realidad hondamente cambiada de ahora. Y es evidente que seguir enfocando un asunto de tanta realidad actual como el status político de un conglomerado humano en términos de una realidad desaparecida es algo así como un ensayo de fantasmas frente al sitio donde estaba un espejo que hace tiempo se llevaron […] tenemos que modernizar nuestro concepto del problema. Hemos estado discutiendo reglas de tráfico para coches y carretas en tiempos de automóviles y aeroplanos. (p. 496).

Esta es una instancia clave en el pensamiento y las estrategias retóricas de Muñoz. Se trata de una trabajo ornamental con la temporalidad histórica, pero plenamente afincado en las euforias acríticas—propias del desarrollismo—y reificadoras de las ideas de cambio y progreso (convicciones de las que, entre otras muchas cosas, la actual crisis ecológica nos ha desengañado). El horizonte del proyecto industrializador es ya aquí inescapable. Modernizar era la orden del día, pero en este caso de lo que se trataba, según Muñoz, era de actualizar los “términos” del pensamiento sobre la condición política del país (¿no la condición política del país?), montándolos en el aeroplano. Por implicación, la contrapartida de esta estructura de modernización y actualización ideológica sería que aquellos que no estuvieran a la par con los tiempos se encontrarían en el limbo del anacronismo –sujetos arcaicos, fuera del tiempo y obsoletos, descolocados de la realidad. O peor: espectros que persisten en encontrar su imagen frente a un espejo del que han sido largamente despojados—dementes, muertos gesticulantes perdidos de sí mismos. Este manejo depredador de la retórica de la temporalidad moderna será fundamental en los esfuerzos de Muñoz por desestimar a sus adversarios, especialmente a los independentistas, y alcanzaría otro importante momento de cristalización en “La verdad sencilla sobre el estatus político”. Las consecuencias de ello han sido funestas para la cultura política puertorriqueña hasta el día de hoy—convirtiendo a adversarios de peso en caricaturas y empobreciendo la interlocución pública.

Huelga subrayar la ironía del profeso deseo muñocista de transformar y modernizar los términos de la cuestión del status para “una realidad hondamente cambiada”. Seis años después, con la fundación del Estado Libre Asociado en 1952, se diría que se había llegado a una creativa fórmula descolonizadora, a un modelo inédito de autodeterminación, pacíficamente convenido con la metrópoli. La realidad, como es ya sabido, fue muy otra. En última instancia de lo que se trató fue de ponerle un lindo maquillaje a la colonia, aumentando (como ya se ha señalado) los estratos de intermediación y administración local. Las disposiciones de la Ley Jones del 1917, así como las provisiones de la cláusula territorial, que estipulaban que la soberanía sobre la isla residía en el Congreso estadounidense, quedaron en lo sustancial inalteradas, o más bien ratificadas en la “nueva” Ley de Relaciones Federales [ver anotaciones de Cristina Esteves-Wolff al documento]. El Estado Libre Asociado, a fin de cuentas, fue un juego con los significantes (en efecto, con los “términos” de la discusión sobre el status), un malabarismo del lenguaje dirigido a mantener intactas las estructuras del poder. O, para usar las palabras de Muñoz, para preservar fija la “misma manera, no cambiada en sustancia” a pesar de una realidad “hondamente cambiada”. Y en ese juego con los significantes se ha mantenido el país hasta el día de hoy (no habría más que pensar en las pantomimas actuales del movimiento en pro de la estadidad, tan vacías de perspectivas y programa político reales).

Los Estados Unidos, en colaboración con los cuadros ideológicos del estadolibrismo (principal entre ellos Antonio Fernós Isern), tuvieron que torcer muchos brazos y ofrecer importantes concesiones a países miembros de las Naciones Unidas para que en 1953 se lograse sacar a Puerto Rico de la lista de territorios no-autónomos y eximir a la metrópoli de rendir ante la ONU el requerido informe anual sobre su territorio—aunque territorio colonial siguiera siendo. Es claro que para los Estados Unidos el asunto de su soberanía sobre Puerto Rico no era cuestión de sofismas ni de significantes flotantes a ser definidos por otros. El poder, que siempre pasa por el lenguaje, anudándose y disputándose en él, es siempre, y sin duda, más que lenguaje. Pero su pica está bien clavada en la palabra. Es por esto que, para Muñoz, el giro hacia un simulacro de descolonización supuso también reclamar dominio sobre los conceptos de soberanía, pueblo y libertad mediante operaciones semióticas altamente sofisticadas y dirigidas a restarles densidad y gravedad como referentes del derecho internacional en torno a lo colonial. De ello dependía la legitimidad de los “términos” que estarían llamados a apalabrar el nuevo pensamiento sobre el status, tanto de cara al país como de cara al mundo. Veámoslos someramente.

De la soberanía observaba Muñoz—con un sentido común que bien oscurecía la falacia—que este término, a la luz de las nuevas correlaciones de poder globales, carecía de valor absoluto:

Soberanía no es un documento que dice que hay soberanía. Soberanía es una trabazón de fuerzas que producen el poder real para ejecutar hasta cierto grado—nunca absolutamente—la voluntad de un pueblo. Donde el poder de que habla el documento es distinto al poder real contenido en esa trabazón de fuerzas, el que funciona es el poder real de la trabazón de fuerzas y no el que afirma el documento (497).

El argumento es incontestable. ¿Cómo dudar de que un orden jurídico (“el documento”) no posee facultades absolutas ante las correlaciones de fuerzas locales y geopolíticas y de que la potencia de la soberanía depende en gran medida de las condiciones que posibilitan su ejercicio eficaz? “Agency begins”, escribe Judith Butler, “where sovereingty wanes” (16). But for something to wane, debemos añadir, it ought to be there in the first place. La soberanía no es, en efecto, omnipotencia; es el punto de fricción y flujos en el que se inicia la posibilidad misma de una acción contingente. Es una relación. No obstante es falaz (y aquí reside la sagacidad ofuscadora de Muñoz) sugerir, según lo hace cautamente en el pasaje, que los marcos jurídicos (“el documento”) que delimitan desigualmente las relaciones internacionales y sus juegos de fuerza carecen de gravedad. En esta operación de resignificación conceptual (y contra la lógica de los procesos de descolonización a nivel global) lo que Muñoz insinúa es que la soberanía política y jurídica es prácticamente irrelevante para las realidades del poder (que, desde su perspectiva, son estricta y únicamente de carácter economicista). O dicho de otro modo, que verdaderamente no hay tal cosa como soberanía política a falta de fuerza económica.

Detrás de esta aseveración se halla, sin duda, el convencimiento ya asumido por Muñoz de que Puerto Rico es un país débil, enclenque, incapaz de funcionar como colectividad en la comunidad de naciones dado su insuficiente desarrollo económico. ¡Nos lleva el holandés! Lo que no se contempla en este argumento son los posibles límites que la soberanía política, aún con sus fragilidades constitutivas, puede potenciar y coyunturalmente oponerles a las correlaciones de fuerzas geopolíticas. ¿Cómo podría contender y jugar estratégicamente con y entre ellas? ¿Y, más aún, cómo mediante ese ejercicio se crean condiciones para la fragua, ya desprovista de miedos, de sujetos habituados a la práctica de una libertad no omnipotente? Igualmente cabría preguntarse si da exactamente lo mismo tener personalidad jurídica a nivel internacional que carecer de ella; o tener las condiciones potenciales de visibilizarse en su arena de interlocuciones que estar relegados a la mudez y a la invisibilidad permanentes en esos foros. En tanto la fuerza es siempre relativa, si siguiéramos la lógica de Muñoz hasta sus últimas consecuencias, en el mundo entonces solo habría imperios poderosos y no naciones, y la mitad del planeta estaría subsumida dentro de esos grandes conglomerados. Pero este Leviatán muñocista solo tiene que ver con la ofuscación de la condición colonial puertorriqueña que eclosionará con la fundación del ELA. Se trata de una expropiación conceptual del sentido de la soberanía política como marco para imaginar otro país posible con modelos alternativos de desarrollo económico no dependientes del monopolio estadounidense—tan poderoso.

¿No estará aquí ya trazado el camino hacia la estadidad?

Yuxtapuestas a estas operaciones semióticas, que despojan de densidad y resignifican conceptos clave para cualquier práctica descolonizadora (imperio, soberanía), están los modos en que Muñoz somete a un proceso de expropiación conceptual las ideas de pueblo y libertad. De hecho, soberanía/pueblo/libertad forman un núcleo de significación indisociable en el que la resemantización de uno de estos términos está ligada a la de los otros dos. Al igual que en su discusión sobre la soberanía, la desestabilización de estos conceptos descansa sobre aseveraciones complejas que, en efecto, no carecen de fuerza crítica pero que quedan cercenadas al servicio de una instrumentalización colonial.  

Por ejemplo, en su reformulación de la idea de pueblo, Muñoz comienza abordando críticamente categorías que desde el siglo XIX han servido para producir una ontología dura sobre lo nacional:

Dentro de ese solo mundo, tan pequeño y accesible y familiar por la técnica moderna, ¿qué es un pueblo? ¿Dónde termina un pueblo y comienza otro? ¿Una isla define un pueblo? ¿Y los archipiélagos? ¿Una raza define un pueblo? ¿Y las numerosas comunidades, inclusive la de Puerto Rico, que se compone de más de una raza? ¿Un idioma define a un pueblo? (p. 498)

Lo que está en juego aquí, sin duda, es un emplazamiento enfático de aquellas ideas sobre lo nacional que se fundamentaban sobre criterios excluyentes de territorio, raza y lengua, y reminiscentes de las recientes pesadillas del Nacional-Socialismo. La crítica, como veremos más adelante, no es inocente. En ella ya se insinúa una retórica de mala fe (que Muñoz habría de perfeccionar muy pronto) y por la que se asociaba a los defensores de la independencia de Puerto Rico con el fascismo (después será al comunismo). Esos modos depredadores de construir al adversario habrían de hacerse explícitos e intensificarse con la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño ese mismo año, fuerza a la que Muñoz reconoció como adversario formidable y amenaza real a sus aspiraciones de mando.

No obstante, el objetivo principal de los cuestionamientos que se hacen en “Nuevos caminos hacia viejos objetivos” tiene sobre todo una función performativa: desestabilizar la idea de que Puerto Rico—en tanto colectividad discreta de “pertenecientes” por virtud de la experiencia, el amor, el resentimiento, la memoria, la indiferencia y la voluntad—tiene una integridad traducible en la esfera de las naciones o pueblos en tanto entidades históricas y jurídicas discernibles. ¿Qué es un pueblo?, se pregunta, ¿Una isla define a un pueblo? Vale la pena recordar que la idea de el pueblo fue un concepto capital y temprano dentro de la discursiva de Muñoz y del Partido Popular Democrático, al punto que no sería exagerado afirmar que a ellos cupo históricamente la invención del “pueblo puertorriqueño” como entelequia política y sujeto interpelado. Sin embargo aquí de lo que se trata es de reafirmar posesión sobre este concepto mediante su desestabilización semántica. En el centro de ese operativo discursivo se encuentra un  argumento que ha vuelto a aparecer en los debates contemporáneos sobre la cuestión del status (pero sin conciencia alguna de sus precedentes en el discurso muñocista). Sugiere Muñoz, como repiten hoy los que se decantan por el default colonial, que en la medida en que el mundo está interconectado por las tecnologías globales, ello ha disuelto la relevancia de las naciones, creando otro tipo de sujetos necesitados de nuevas articulaciones políticas. Si bien es cierto que el capitalismo tardío ha visto la proliferación de nuevos modos de lo político, entre ellos lo que Foucault ha llamado las políticas de la subjetividad (e.g. el movimiento gay, el de las mujeres, las luchas de las minorías étnicas), ninguno de ellos está disociado de una contienda con los aparatos estatales nacionales o de sus estructuras económicas; tampoco de la geopolítica o de sus instrumentos legales. Sería interesante preguntarles a los refugiados de Siria y a los que padecen el peso de las políticas migratorias de los Estados Unidos en la frontera con México si los asuntos de soberanía nacional han caducado. Y si nos apuran, también podría preguntársela a aquellos que en Puerto Rico, durante el Huracán María, vieron su acceso a la ayuda internacional coartada por unas leyes de cabotaje colonial que los abocó a meses de carencia y abandono. El gesto muñocista aquí solo tiene que ver con un proceso de expropiación y reapropiación dirigido a infundirle nueva plasticidad conceptual a una idea clave para el debate puertorriqueño sobre el status, domesticando aquellos elementos ideológicos que hubieran podido socavar el proyecto político que ya había vislumbrado para el país y para sí mismo.

Finamente, el tercer vértice del triángulo conceptual sobre el que, parcialmente, habría de montarse el andamiaje ideológico que le serviría de sostén al ELA, según se delinea en “Nuevos caminos hacia viejos objetivos”, compete a la idea misma de libertad (palabra proscrita y peligrosa durante los peores momentos del periodo conocido como la Ley de la Mordaza, instituida en 1948). Tal vez ningún otro concepto tenga mayor protagonismo en “La verdad sencilla sobre el estatus político” que éste de libertad ” [ver anotaciones de Luis F. Avilés al documento]. Al igual que con soberanía y pueblo se lo resignifica con mayores vuelos de corte social, no para enriquecerlo sino para destituirlo de sus sentidos políticos menos domesticables:

El concepto de la libertad ha dejado de ser una abstracción manejada por clases dominantes y cobra un sentido veraz y humano, de libertad del hombre, de libertad del miedo al hambre, de libertad del miedo a las guerras, de libertad en la palabra, en el pensamiento, en la vida de los hombres. La libertad del miedo a la guerra, en vista de toda la modernización que culmina en la bomba atómica, sencillamente no es compatible con la clásica soberanía de nación alguna. (p. 497)

Libertad es lo contrario de soberanía; y soberanía es un anacronismo con respecto a la consecución de la libertad. El pasaje ostensiblemente reescribe las famosas “Four Freedoms” acuñadas por Franklin Delano Roosevelt en su discurso al Congreso de enero del 1941, justo en la antesala de la entrada de los Estado Unidos a la Segunda Guerra Mundial once meses después. Ese discurso ha sido visto como una suerte de manifiesto destinado a bosquejar para el pueblo estadounidense los valores universalistas que habrían de justificar ideológicamente la participación del país en el conflicto (sacándolo del aislamiento y la neutralidad) así como una visión para el mundo post-bélico. Es un grito cívico de guerra. Las libertades en cuestión eran: 1) libertad de expresión; 2) libertad de culto; 3) libertad de necesidad; y 4) libertad de miedo.  Es significativo que la intensidad de una visón y retóricas de pre-guerra, afiliadas a la misión que la metrópoli se había dado retóricamente a sí misma, sean justamente las que se activen no solo en el texto del 1946 (“Nuevos caminos hacia viejos objetivos”) sino de manera recurrente en la “La verdad sencilla sobre el estatus político”, infundiéndolas de espíritu guerrero. Y un espíritu de guerra fue en efecto el que guió a Muñoz en su marcha triunfal hacia la consolidación de su poder en 1948 y a la posterior revalidación de la colonia. La guerra del lenguaje fue tan solo uno de sus escenarios.

El Andamiaje Represivo

En la triangulación soberanía/pueblo/libertad se produce una cancelación conceptual de las aspiraciones no solo a la independencia sino a una autodeterminación efectiva. ¿Qué es la soberanía? Poder económico craso. ¿Qué es el pueblo? Un jeroglífico, un interrogante perpetuo. ¿Qué es la libertad? Reivindicaciones sociales o civiles que nada tienen que ver con el derecho internacional y con las relaciones entre los pueblos (porque, ¿qué es un pueblo?). El nuevo orden moderno (con su modernización de los conceptos) torna anacrónica cualquier visión alternativa que no se ajuste a este recorte. ¿Para qué disputar, entonces, los preceptos de la Ley Jones? Baste con administrar la colonia. Hay que admirar tal capacidad de ofuscación y la longevidad grave de estos malabarismos, si no fuera por lo que ha costado.

Las beligerancia muñocista no opera solamente en el terreno de los conceptos políticos. Como lo ha visto Silvia Alvarez-Curbelo (pero para un momento previo, correspondiente a los años de 1932-1936), una las virtudes del discurso de Muñoz, durante la década del treinta, residió en su capacidad de sintetizar información, dramatizar los conflictos sociales de la época, formular nuevos imaginarios y movilizar proyectos de futuro. Pero a esto añade:

A través de una serie de violentos ejercicios de desmantelamiento y depredación, el discurso muñocista se enfrentó simultáneamente a viejos discursos fragilizados y a discursos emergentes de indudable fuerza interpeladora. En el contexto de una crisis sin precedentes, la formación simbólica populista logró desestimar los discursos preterizados y estigmatizar al rival nacionalista […].  (p. 18).

La violencia discursiva ha sido consustancial a la práctica política de Muñoz. Sin embargo, en la década del treinta, cuando sus proyectos comportaban cierto sesgo de radicalidad, ese arsenal crítico estuvo dirigido a emplazar al capital ausentista azucarero, demandar mejores condiciones laborales y una mejor distribución de la riqueza, avanzar la reforma agraria, cuestionar el colonialismo, disputándole la dirección de estos procesos al movimiento nacionalista. Se trataba de un discurso, en una gran medida, contra-hegemónico, cuyos residuos aún se detectan en el primer Catecismo del Pueblo ya discutido (circa 1940). En la década del cuarenta, según se sugirió, los supuestos conceptuales, así como los objetivos políticos y económicos, variarían radicalmente. Lo que no cambió fue la violencia de sus operaciones retóricas (de su inclinación a la depredación y a la estigmatización), pero ahora generadas desde un lugar de autoridad como funcionario mayor del estado colonial (presidente del senado, primero, y luego gobernador) y reclutando el instrumental represivo de ese aparato.

Hemos dicho que “La verdad sencilla sobre el estatus político” es un texto de umbral, de múltiples umbrales: situado en los tránsitos políticos de la Descolonización y de la Guerra Fría, en la antesala del ascenso de Muñoz al poder como gobernador colonial de la isla y en las liminalidades de unos nuevos andamiajes conceptuales que llevarían a la fundamentación ideológica del Estado Libre Asociado. Un último umbral a ser destacado tiene que ver no ya con la guerra de conceptos sino con la maquinaria desplegada para la neutralización y destrucción de los adversarios políticos, particularmente de la disidencia nacionalista e independentista.

Sin duda esa pugna se dio en el terreno de los símbolos y los lenguajes (propio de la democracia) pero también en la de los cuerpos y las psiques (propio del autoritarismo)—y ambas funcionaban de conjunto. Se trató, en efecto, de una beligerancia depredadora y estigmatizadora cuyos efectos a largo plazo en la cultura política del país aún no han sido propiamente medidos.

Según lo han explicado César Ayala y Rafael Bernabe, hacia mediados de la primera mitad de los años cuarenta, en la medida que Muñoz recalibraba sus posturas respecto al status y al destino económico de la isla, se fueron suscitando una serie de purgas de los sectores más progresistas al interior del Partido Popular Demócratico. La primera línea de depuración correspondió a los líderes radicales de la Central General de Trabajadores que terminaron siendo acusados de comunistas y perseguidos por el gobierno (entre ellos Juan Sáez Corrales y el abogado laboral Colón Gordiany). El resultado de esto fue el debilitamiento del movimiento obrero en el periodo de la posguerra (Ayala y Bernabe, p. 223). Ya a mediados de la década, la línea de ataque se movió a un segundo frente: en contra de los independentistas que militaban en las filas del partido y afiliados al Congreso pro Independencia (CPI). De esa purga saldría, entre otros, Gilberto Concepción de Gracia, dando paso a la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en 1946 [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento].

En este sentido, es notable que una parte significativa de la segunda versión del Catecismo del Pueblo (de 1944) estuviera justamente dedicada a impugnar obsesivamente lo que llamaban “los defectos” del partido; esto es, la presencia de ambiciosos, sectarios y grupos autónomos (en una clara alusión al CPI) dentro de la organización y que le restaban “tiempo y energía” a Muñoz Marín para “la obra y justicia del pueblo”; del “pueblo sufriente” (p. 9-13). Ya aquí se estaba allanando el camino para las purgas del 1945 y 1946. Lo más notable, sin embargo, del trazado hacia esa depuración es el que tuviera como contrapartida una profesión de fe en el líder máximo (“Muñoz Marín le pide al pueblo que se deje guiar por su consejo”, p. 5) y la proyección de un mandato prolongado para su gobierno:

Supónganse ustedes que a Muñoz Marín le quedan quince años de vida fuerte y vigorosa. Si el pueblo le sigue dando su confianza durante ese tiempo, son quince años de servicio en su obra de justicia que el pueblo puede tener de Muñoz Marín […] Si el partido que dirige Muñoz Marín está libre de grupos y de enredos, Muñoz Marín podrá dar, si vive, esos quince años completos a la parte que le toca de ese servicio grande, difícil y necesario al pueblo de Puerto Rico. (p. 12).

Hombre/partido/pueblo. ¿Sería “Muñoz Marín” la definición sinonímica de pueblo? (¿Qué es un pueblo? ). Distinto al primer Catecismo (publicado bajo al autoría de Muñoz y en el que su voz ofrecía las lecciones y respondía a las preguntas), en este segundo Muñoz desaparece como voz autorial para pasar a ser protagonista de la historia, líder máximo del mundo por venir (“libre de grupos y enredos”). Se trata de dos momentos de un mismo proceso en el devenir autoritario del caudillo: voz magisterial y rector de la historia.

De ahí que una vez purgado internamente al partido de “grupos y enredos”, dejándole vía libre a la voluntad de Muñoz, no dejara de ser un inconveniente el retorno del líder nacionalista Pedro Albizu Campos a Puerto Rico en 1947, tras casi diez largos años de prisión y extradición políticas en los Estados Unidos. Este es otro de los umbrales de “La verdad sencilla sobre el estatus político”. De hecho, podría decirse que esa ausencia de diez años sirvió como condición de posibilidad para el ascenso político de Muñoz Marín durante la década del cuarenta, libre de un contrincante de tal peso. En torno al regreso de Albizu se generaron un serie de respuestas sociales fuertemente reprimidas por el estado colonial, entre ellas la huelga universitaria de 1948 (motivada por la negación de las autoridades universitarias a que Albizu hablara en el campus). Muñoz y la legislatura popular no demoraron en tomar las medidas necesarias para frenar el poder de contradicción que conllevaba la presencia de Albizu en la isla, fortalecido por el asenso del PIP como segunda fuerza electoral en el país. En 1948 establecieron la “Ley de la Mordaza” que, de facto, condujo a la criminalización de los nacionalistas y del independentismo, limitando sus márgenes de acción y de expresión, al punto de ilegalizar la bandera puertorriqueña (Acosta 1987 y 2000) [ver anotaciones de Roberto Alejandro al documento]. Controlado ya el PPD internamente, bien purgado de sus “defectos”, con esta ley se procuraba asegurar que el exterior estuviera igualmente “libre de grupos y enredos”.

Al pretendido silenciamiento de nacionalistas e independentistas, a su vigilancia y persecución por parte de los aparatos de estado, correspondió una guerra no menos depredadora en el orden del discurso. Se trataba de una pugna por la representación. Si los instrumentos de represión colonial pretendían limitarles a las fuerzas en pro de la independencia las posibilidades de circular, en un sentido amplio, una imagen de sí y de sus proyectos, el discurso muñocista se asignó a sí mismo, con perversidad compensatoria y con todo el aval de quien ocupa el poder del estado, la tarea de construir a gusto una imagen estigmatizada de sus adversarios. “La verdad sencilla sobre el estatus político” participa de estos esfuerzos retóricos [ver anotaciones de Agnes Lugo-Ortiz al documento].

Esa beligerancia alcanzó niveles inusitados de mendacidad y mala fe. Para Muñoz, durante la década del cuarenta, prácticamente cualquier adversario que representara una amenaza real a su voluntad de poder, era tildado de “fascista”. A los líderes sindicales y a los miembros del CPI purgados del partido los llamó “saboteadores”, “culebras de la reacción” a las que había “que matar varias veces” (“Alerta”, p. 464). Y a las dos semanas de pronunciar el discurso “La verdad sencilla sobre el estatus político”, conmemorando el natalicio de su padre, Luis Muñoz Rivera, diría lo siguiente sobre le Partido Independentista Puertorriqueño, su principal contrincante en los comicios que se avecinaban:

Además de la amenaza económica a la vida del pueblo [representada por los independentistas], hay, como ya dije, la amenaza del fascismo a la vida del pueblo. Sabiéndolo o no—porque muchos de ellos no saben mucho—inocentes o culpables, sin darse cuenta o dándose cuenta, una parte de este grupo que dirige el PIP son fascistas actual o potencialmente. […] ¿Qué es el fascismo? […] El concepto de la patria fascista se alimenta de mascar, triturar y tragarse la libertad de los hombres y mujeres que caen bajo el poder de la patria fascista. Es un concepto absurdo y abstracto que no tiene nada que ver con las vidas, la felicidad, el desarrollo, el derecho, la libertad de cada hombre y mujer que viven en una patria […] y por lograr los fines locos y absurdos de engrandecer esa abstracción, se le sacrifican todas las vidas, todos los derechos y todas las libertades de la gente de carne y hueso que son los que en realidad forman la verdadera patria…. (p. 539 y 540).

Sabiéndolo o no, los independentista eran fascistas; o si no, fascistas en potencia. Decantados por la destrucción de la vida humana y afligidos de un fanatismo demente hacia una entelequia abstracta, “la patria fascista”, no sorprende que este discurso terminara con una defensa enfática de la Ley de la Mordaza (p. 541). Porque, ¿qué se debe hacer con seres que trituran y tragan vidas sino matarlos varias veces como culebras de la reacción? Es este el gran corolario de la trayectoria muñocista en la década del cuarenta, senda que habría de conducir, entre aspiraciones, mendicidades, desaciertos y violencia, al establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952. “La verdad sencilla sobre el estatus político” es un momento clave en su articulación. 

Textos Citados en la Introducción y en las Anotaciones al Discurso

Acosta, Ivonne. La Mordaza. Puerto Rico, 1948-1957. Río Piedras: Editorial Edil, 1983.

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