La huelga imprescindible: otra crónica, otro reencuentro

En 1981, Puerto Rico se adentraba en una nueva década arrastrando triunfos y mutilaciones. En la década anterior la militancia independentista y social se había profundizado y el aparato político había respondido de forma predecible, muy distante de su prédica de estabilidad y paz industrial. Entre el 1970 y el 1980 ocurrieron veintiún asesinatos políticos: quince a manos de la policía y sus aliados de derecha; cinco por la resistencia armada; y uno, el de Adolfina Villanueva, por la ideología del capital (2). El Estado Libre Asociado sangraba.  En ese periplo, el movimiento estudiantil protagonizó la huelga de 1973 a favor de la democracia universitaria, apoyó la huelga de 1976 de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y fue lo que siempre había sido: un contra-poder cuyas dos dimensiones, la organizativa y la epistémica, retaban el feudalismo de los que se consideraban omnímodos, la colonia y el capitalismo. 

 En 1981, el contra-poder saldría de los márgenes para ocupar, en luchas diarias, el espacio simbólico y físico del principal centro universitario. Como pugna epistémica por la hegemonía, el contra-poder se concentró en la propuesta de una matrícula ajustada a los ingresos familiares y en datos recopilados para refutar los oficiales.  Esa recopilación tenía su historia.  Por años, la Unión de Juventudes Socialistas había cultivado relaciones de solidaridad con las trabajadoras a cargo de administrar la distribución de la beca federal.  Ellas proveyeron la información que la administración no incluyó en sus números horneados.

El semestre de enero a mayo de 1981 fue uno de organización, militancia (dos piquetes) e investigación. Por iniciativa de la Unión de Juventudes Socialistas (UJS), se constituyó el Comité contra el Alza en la Matrícula y Pro Nueva Ley Universitaria en febrero de 1981. La UJS a su vez organizó un referéndum sobre el aumento anticipado. La FUPI celebró un piquete imponente frente a la Torre. Se recuperó la demanda histórica de la matrícula ajustada a los ingresos familiares.

Tuvimos un gran aliado en el informe del Comité Multisectorial creado por la Junta Universitaria el 18 de junio de 1979 por recomendación del Presidente, Ismael Almodóvar. Su encomienda consistía “en estudiar la base de recursos de la Universidad de Puerto Rico y buscar vías de desarrollo económico para la institución…” (3) La Junta Universitaria discutió la versión final del informe el 29 de abril de 1981, cuyas recomendaciones no incluyeron un aumento uniforme en el costo de la matrícula.  Como alternativa, el informe recomendó “aumentar el por ciento que se asigna a la institución proveniente de las rentas públicas … de 9 a 10.5%”.  Como se constata en el resumen ofrecido por Bandera Roja, el Comité Multisectorial recalcó “tomar en cuenta la política social de la Universidad” y que no se considerara ningún aumento “sin antes definir el perfil socio-económico del estudiantado” (4). 

La administración universitaria tuvo un semestre distinto, uno empantanado en pugnas internas entre el presidente, Ismael Almodóvar, el Rector, Antonio Miró Montilla, y el Consejo de Educación Superior. La renuncia de Almodóvar—se decía–, era “inminente” (5). Miró Montilla, nombrado en 1979 y quien llegó a su puesto alegando que era “apolítico”, tenía un claro pedigrí: como Decano de la Escuela de Arquitectura suspendió a once estudiantes en la huelga del 1976 (6). 

Pero esas pugnas no importaron. Cerraron filas para apoyar el aumento de matrícula. El 29 de mayo, un viernes en la tarde y a finales del semestre, el Consejo de Educación Superior (CES) celebró vistas públicas sobre el plan de aumento y el 9 de julio lo decretó: de $5 a $15 para el crédito sub-graduado; de $15 a $45 para el crédito graduado; de $10 a $15 la cuota de laboratorio; y como en un “reconocimiento” al principio de la matrícula ajustada, aprobó un “Aumento de $1,500 anuales para los estudiantes de medicina y odontología que serán revisados para llegar a $2,500 el año entrante” (7). 

El triple aumento alborotó al país. El Nuevo Día le dedicó una portada mostrando asombro. El Mundo criticó la forma en que el CES se comportó. El Reportero tuvo otra portada que, retrospectivamente, sería histórica, como explicaré en su momento. La administración no estaba preparada para la reacción pública y necesitaron casi dos semanas para comenzar, más bien improvisar, una campaña de números horneados. La campaña tuvo otro rasgo, el gaslighting de decir una cosa en la legislatura y otra a los estudiantes. Esta estrategia sí fue anticipada por el movimiento estudiantil.

Los números horneados: El 22 de julio, El Mundo reseñaba declaraciones de Almodóvar sobre un fondo de tres millones de dólares para “estudiantes de bajos recursos económicos”. El presidente sumaba costos, restaba la aportación de la beca federal y concluía que “a un estudiante de programas técnicos de dos años, el aumento en la matrícula le costará $25 por semestre, o sea, 25 centavos por día de clase”. Felicitaba al Consejo General de Estudiantes por reconocer “la necesidad de hacer este aumento” (8). 

Cerca de veinte días después, en un anuncio de página completa que “respondía”, por segunda vez, al reclamo de matrícula ajustada, el presidente enmendó su mensaje: el costo adicional de $25 dólares por semestre era solo para estudiantes de bachillerato con bajos recursos. Para estudiantes de ingresos moderados, el costo adicional sería de $93 por semestre. Los primeros no tendrían que desembolsar nada puesto que la beca federal sufragaría todo el aumento. Enredando los números de la Basic Educational Opportunity Grant (BEOG) con los  del fondo suplementario, el aumento triplicado se evaporaba. “¿Tendrán que sacar dinero de su propio bolsillo? NO. El pago lo harán mediante una reducción en la mensualidad de la beca BEOG” (9). Así se consolidó el discurso de la mentira oficial que el movimiento estudiantil se encargó de desmantelar (10).

El gaslighting: El 15 de julio, Almodóvar depuso ante la comisión senatorial de Instrucción y defendió la idea de cambiar de 9% a 10% la fórmula que otorgaba fondos a la UPR (11). A preguntas de la senadora Gladys Rosario Galarza, también “admitió que era evaluable el concepto de matrícula ajustada y que ésta le hacía más justicia a los estudiantes que la matrícula uniforme” (12). El 21 de julio, la misma senadora pidió la suspensión del aumento “hasta tanto se estudien las alternativas y puedan decidirse en conjunto por aquella que menos afecte al estudiante” (13). En su solicitud de aplazamiento, Rosario “hizo énfasis en la expresión de apoyo que el Presidente de la Universidad hizo al concepto de matrícula ajustada y a su disposición de estudiar esas alternativas” (14).

El 1ro de agosto, en la portada histórica de El Reportero, el representante José Enrique Arrarás recomendó asignar seis millones de dólares a la UPR para anular el aumento. Por eso la noticia, resaltada en primera plana, fue histórica:  un influyente legislador propuso una asignación mayor de fondos públicos para la UPR con el propósito explícito de dejar sin efecto el aumento decretado.  Como presidente de la Comisión de Instrucción de la Cámara, Arrarás pidió al gobernador la convocatoria de una sesión extraordinaria para aprobar tal asignación y acusó a las autoridades universitarias de engañar a la legislatura. En sus ponencias ante ese cuerpo y antes de decretar el aumento, los administradores solo solicitaron cuatro millones. “[E]n todo momento”, dijo Arrarás, “se le ocultó al país necesidades mayores a esa cantidad…”. El aumento fue hecho “a espaldas de la Legislatura que proveerá alrededor de 15 a 16 millones al presupuesto universitario, cuatro veces lo solicitado a la Legislatura” (15). Arrarás propuso una comisión de estudios que sacaría el tema de las manos del CES (16). 

El 10 de agosto, Arrarás volvió a insistir en una sesión extraordinaria.  La legislatura no podía auto convocarse para la misma y, en ausencia de tal sesión, la legislatura no podía “anular el aumento y asignarle los fondos que necesita la universidad”. La decisión de convocarla correspondía al gobernador. La noticia decía mucho más sobre las posiciones públicas del CES. “…Enrique Irizarry dijo ante la Comisión de la Cámara que si se le asignan los fondos dejaría sin efecto el aumento, ‘pero si no se nos convoca a una sesión extraordinaria, no podemos echar para atrás el aumento’”, reiteró Arrarás (17). Almodóvar sacó otra cortina de humo para mantenerse firme en la disciplina de su partido. Una sesión extraordinaria de la legislatura—dijo–, “no procede” (18).

Las acrobacias numéricas y el gaslighting eran de esperar y no eran lo peor. Lo más significativo fue la suerte del Informe del Comité Multisectorial ordenado por la Junta Universitaria y cuyas conclusiones, como ya indicamos, no apoyaron un aumento uniforme. En la reunión ya mencionada del 29 de abril, la Junta criticó el informe y tomó dos decisiones. La primera fue “continuar examinando algunas de las alternativas, recomendaciones y medidas presentadas en este documento de trabajo”. La segunda fue adoptar la posición del CES que ya conocían: comunicarle al CES, como posición de la Junta, “que es inevitable un aumento en el costo de los estudios, cuya cuantía y forma de aplicación deberán ser determinadas después de auscultar el sentir y las opiniones respecto al particular, de la comunidad puertorriqueña y la comunidad universitaria en general”.

Esa promesa no fue honrada. Entre falacias y un poder engreído arribamos al mes de agosto.

Dos asambleas

Las primeras dos asambleas (27 de agosto y 2 de septiembre) acordaron un curso de presión moderada y escalonada. La primera votó por un plazo de siete días para que el CES revocara el aumento y celebrar otra para discutir la necesidad de una nueva ley universitaria. “Bajo gritos de ‘huelga, huelga’ una facción de la asamblea se opuso a que se diera un plazo de una semana a la administración, alegando que ya habían tenido el tiempo suficiente para ‘analizar’ lo que iban a hacer y que se debía llamar a otra asamblea el lunes, para ese mismo día determinar si se iba al paro o no” (19). Al menos cuatro mil estudiantes tomaron el teatro ante la negación de su uso por las autoridades (20). La Decana de Estudiantes, Alicia Carlo de Net, ofreció el anfiteatro de Estudios Generales como única opción de reunión. 

Al aprobar otro paro de cinco días laborables, la segunda asamblea también acordó celebrar otra más para decidir si el paro continuaría “indefinidamente, dependiendo de la acción que tome la administración universitaria a las demandas estudiantiles” (21). Se leyó una carta donde el CES cancelaba una reunión pautada con el liderato estudiantil porque su presidente, Enrique Irizarry, había salido de viaje. La resolución a favor del paro definido, presentada por Iván Maldonado, tuvo oposición de “un estudiante que propuso que ayer mismo se llegara a la determinación de decretar la huelga general indefinida. La Asamblea no aprobó la enmienda por entender que era más conveniente darle un plazo adicional al [CES]” (22). Tras la deliberación y una exhortación a “la cordura, la tolerancia y la sensatez durante el paro”, la resolución fue aprobada “por aclamación general y unánimemente” (23). 

La sobriedad del estudiantado no fue reciprocada por el estado. Ese día la guardia universitaria arrestó y agredió al estudiante Carlos Molina. Un día después, el 3 de septiembre, la misma gendarmería secuestró, agredió físicamente y torturó emocionalmente a otro militante, a Luis Rodríguez Martinó (24). Yo estaba en las oficinas del Consejo General de Estudiantes cuando el amigo Luis llegó. Sin saludar se dirigió a la pequeña oficina administrativa y comenzó a llorar de rabia.

Ante la aprobación del primer paro de cinco días, Miró Montilla evitó medir fuerzas con el descontento estudiantil y decidió cerrar el Recinto. Lo mismo hizo luego del segundo paro de cinco días aprobado el 2 de septiembre. Lo cerró hasta el 14 de septiembre y luego hasta el 21, prohibiendo toda protesta en el campus (25). 

En ese período se comenzó una negociación con el CES a través del Comité Mediador del Senado Académico y el Rector.  La negociación nunca fue directa con todos los miembros del CES.  La comunicación fue a través de mediadores que trasmitían la posición estudiantil a uno o tres componentes de aquel organismo.  Estos, a su vez, interpretaban el sentir de los restantes miembros del Consejo, y daban su visto bueno, preliminar y sujeto a revocación por la mayoría, de lo que percibían como “aceptable.” Les sometí una agenda de siete puntos, dos de ellos medulares: estudiar la matrícula ajustada y unir fuerzas para solicitar una sesión extraordinaria de la legislatura para allegar fondos a la UPR. Los estudiantes ya estábamos en record en la propuesta de aumentar la fórmula que otorgaba fondos públicos a la institución universitaria (26). El CES respondió con evasivas. Desde lo omnímodo, ni siquiera podían enunciar el concepto “matrícula ajustada.” Como lo interpretaba el Profesor Milton Pabón, la mera mención del concepto era, para ellos, una “cuestión de honor” (27). 

La injerencia partidista fue patente en dos declaraciones del gobierno, ambas en vísperas de una asamblea estudiantil. La primera fue por el Secretario de Estado y a presentar más adelante. La segunda fue del gobernador. El 20 de septiembre, Romero tildó al liderato estudiantil de engañador aduciendo que “algunos” habían pagado la matrícula mientras llamaban a un boicot. El gobernador tergiversaba así la diversidad de posiciones dentro del movimiento huelgario, lanzaba acusaciones gratuitas y mostraba la estrecha colaboración de sus edecanes en la universidad que compartían información confidencial con la Fortaleza.

Con dos estudiantes agredidos, una guardia universitaria que disparaba contra los estudiantes y sin el CES dispuesto a negociar directamente para preservar al menos la apariencia de su poder, nos movimos hacia la asamblea del lunes 21 de septiembre, comienzo de la huelga indefinida. 

Asamblea del 21 de septiembre

La asamblea que votó por un paro indefinido ocurrió en las peores condiciones hasta ese momento. La noche anterior, y hasta altas horas de la noche, mientras el Comité contra el Alza deliberaba sobre los próximos pasos a seguir, se estuvo negociando con Arrarás y Ramón Mellado, este último miembro del CES.  Ese mismo día, domingo 20 de septiembre y en horas de la mañana, Arrarás y Rosario de Galarza sometieron a la consideración de Enrique Irizarry y Ramón Mellado un texto que, en lo sustancial, comprometía al CES a reducir o a dejar “sin efecto el aumento en el costo de los estudios” en la medida que asignaciones legislativas lo hicieran posible (28).  Irizarry y Mellado rechazaron esa propuesta.  En la noche, Arrarás dictó una enmienda por teléfono para modificar el texto preferido por Mellado. Terminamos con un acuerdo que dependía de la palabra de Arrarás, confiable a mi juicio, y la palabra de Mellado que no podía asegurar que la mayoría del CES estuviese de su lado. 

El acuerdo creaba una Comisión de Estudio con representantes del CGE, CES y Senado Académico. El lenguaje repetía la política del CES de otorgar subsidios a estudiantes necesitados, el único modelo que concebían desde julio. Su oposición a la matrícula ajustada era tajante. “[E]n la medida de lo posible”, ningún estudiante de bajos ingresos debía afectarse por el aumento y que los “afectados a cabalidad” serían estudiantes de familias pudientes (29).  En retrospectiva, ese lenguaje debió inspirar dudas aunque no pudimos percibir el contexto que lo hacía precario. Seis semanas antes, el gobernador había dado instrucciones distintas al CES. En carta enviada a dicho organismo, Romero endosaba una propuesta del representante Arrarás,  en la cual se pedía que el fondo suplementario, un fondo que excluía a estudiantes graduados y de primer año, se aumentara en un millón y medio de dólares. Declaraba Romero: “Tengo un gran interés en que la UPR tome las medidas necesarias para que no se quede sin estudiar ni un solo estudiante que tenga necesidad económica, y que haya sido admitido a la universidad o esté ya estudiando”. Para el 20 de septiembre, el CES se “olvidaba” del “gran interés” del jefe de su partido y comenzaba a calibrar su lenguaje. Tal “interés” se promovería “en la medida de lo posible” (30). Más importante aún, la comisión sometería “recomendaciones” al CES sin que hubiera nada en el lenguaje que lo obligara a aceptarlas.  En suma, el acuerdo solo comprometía al CES a recibir recomendaciones.  No querían eliminar ni reducir el aumento y cualquier asignación legislativa sería para subsidios.  En otras palabras, el CES no concedía nada. 

En la mañana del lunes 21 y a escasas horas de una asamblea acordada para las 11:00 am, un comité negociador de los estudiantes se reunió con el Rector y el Comité Mediador. Ante la precipitación provocada por un Consejo que se negó a negociar hasta el día antes de una asamblea y con una propuesta que el Comité contra el Alza no había podido ponderar,  le pedimos al Rector que cancelara la prohibición de actividades y nos permitiera aplazar la asamblea hasta el jueves de esa semana. Insistimos en la necesidad de más tiempo para evaluar la propuesta y que era muy difícil defenderla en dichas circunstancias. Se negó y nos comunicó que el CES no estaría de acuerdo. Era un “aprueban o aprueban.”

Los estudiantes teníamos la opción de aceptar tal presión y aprobar una propuesta empapada de fragilidad o cancelar la asamblea y confiar que lograríamos otra en dicha semana a pesar de la incertidumbre. Sin contar el trabajo del semestre anterior, el estudiantado llevaba ya casi dos meses de presiones y búsqueda de negociaciones directas con el CES. Este solo ofrecía “estudios” y disponibilidad para escuchar “propuestas’. Optamos por mantener la asamblea acordada y, siguiendo una propuesta de la FUPI, dejar el acuerdo sobre la mesa y solicitar un voto de huelga.  Esta moción no significaba un rechazo y solo intentaba ganar tiempo para estudiar la oferta del CES.  Ante la falta de apoyo para tal moción, la UJS solicitó otro paro de cinco días.

… para los comisarios del PNP, acostumbrados a seguir y obedecer instrucciones, les era ontológicamente imposible entender la independencia de criterio de la asamblea.

Ambas propuestas fueron rechazadas por la asamblea (31). Fue un rechazo al CCAM y a las organizaciones políticas. La asamblea no estaba en ánimo de otorgar otra oportunidad al CES y endosó, a viva voz, el paro indefinido. Fue la decisión correcta y el cuerpo estudiantil demostró tener voz propia. En las semanas y meses siguientes, la militancia estudiantil demostró que estaba dispuesta a honrar aquel voto. Pero para los comisarios del PNP, acostumbrados a seguir y obedecer instrucciones, les era ontológicamente imposible entender la independencia de criterio de la asamblea. El 23 de septiembre, Romero echaba a un lado su “gran interés” en ayudar a los estudiantes necesitados mediante un aumento del fondo suplementario. “Romero Barceló aseguró que la situación económica actual del Gobierno no le permite aumentar ‘ni sustancial ni levemente’ los fondos de la UPR (32).

¿Contra qué luchamos?

En 1981, el movimiento estudiantil se enfrentó al sentido común dominante que desde más de una década veía al Recinto de Río Piedras como un espacio poblado de extrañezas. Por ejemplo, confrontó el libreto del estado colonial en su rol de diccionario, la auto-adjudicada autoridad del estado para imponer definiciones y lanzarlas contra el independentismo; al colonialismo anexionista y su interpretación de lo federal; a la cultura de control partidista e impune de los cuerpos rectores en la universidad; a la disciplina de partido, corolario de tal cultura; y, finalmente, a ese tránsito del diccionario a las fuerzas castrenses. Ese tablero y sus seis honduras fueron nuestro contexto.

Desde mediados de la década de 1960, la mayoría de la población veía al Recinto de Río Piedras como un espacio gótico, una zona de fantasmas, vedada a sus razonamientos. Tal lente distorsionaba las protestas estudiantiles, tan distantes de los logros materiales que muchos disfrutaban. El movimiento estudiantil pudo capear esas extrañezas por el simple hecho de que la lucha enfrentaba una política de austeridad ya evidente para la mayoría. Nada menos que el periódico El Mundo, nunca simpatizante de los estudiantes, editorializaba: “La difícil situación económica que prevalece en el país ha provocado que los costos de casi todos los servicios públicos y privados hayan tenido que ser elevados en los últimos años. Pero lo que nos ha chocado en casos anteriores y, en especial en el caso de la UPR, es que el aumento se haya realizado de una manera súbita, que la matrícula se triplicara de golpe, lo que desequilibra el presupuesto de muchas familias que este año no podrán enviar a sus hijos a la Universidad” (33). 

El diccionario estatal era conocido: la lucha estudiantil, que coincidía en tiempo con una huelga de la UTIER, no era un problema universitario; era parte de un plan terrorista del comunismo internacional que, desde Cuba y la Unión Soviética, organizaba las protestas en Puerto Rico. Al Secretario de Estado, Carlos Quirós, quien también presidía la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, le tocó verbalizar el libreto. El 1ro de septiembre, víspera de la segunda asamblea, Quirós entonó su decreto babilónico: “…las manifestaciones, marchas y amenazas de huelga en la Universidad son parte de un plan político encaminado a crear confusión”. El “máximo dirigente de la supuesta agitación” era “Roberto Alejandro Rivera, actual presidente del Consejo General de Estudiantes de ese recinto y presidente a su vez de la Unión de Juventudes Socialistas”. Identificó como “conspiradores comunistas” a José E. Santana… [y] …al secretario del Consejo Estatal de la UTIER, Ricardo Santos. “Los estudiantes deben ver claramente que los tres están identificados con el comunismo en Puerto Rico, y siguen directrices de movimientos clandestinos del terrorismo cubano y soviético”, concluyó Quirós (34). 

El 16 de octubre, en medio de negociaciones entre estudiantes y el CES, Romero repitió las declaraciones de Quirós. El presidente del CGE, alegó, “es coordinador de grupos socialistas y el presidente de la FUPI también está involucrado”. Han llevado “la controversia al Consejo Mundial de Estudiantes, cuya sede está en Praga” (35). A reglón seguido acusó a los estudiantes de publicar un boletín sobre “cómo fabricar bombas molotov” y que supuestamente decía que “cuando disparen ‘apunten bien’”. Lo primero (la participación en el evento de Praga), como iniciativa legítima de la FUPI, era cierto. Lo segundo era falso.

No buscaron fondos legislativos ni quisieron hacer un frente común con estudiantes y profesores para pedir una sesión extraordinaria que le asignaría más fondos a la UPR y permitiría revocar el aumento. Terminaron rechazando la posibilidad de un cambio en la fórmula que otorgaba fondos públicos a la UPR. 

Desde el anexionismo colonizado, como tercer factor y uno de carácter determinante, el CES propaló la siguiente lógica: el aumento era una recomendación de la Middle States Association y por lo tanto era ineludible. No habría ningún efecto negativo para estudiantes de bajos recursos. La beca federal (BEOG) y un fondo suplementario los protegería. De este modo, la causa del aumento era “americana” y sus consecuencias quedaban subsanadas también por los americanos. La estadidad—argumentaba Romero–, “es para los pobres”.

Desde esa mentalidad colonizada, llegaron a lo inaudito. No buscaron fondos legislativos ni quisieron hacer un frente común con estudiantes y profesores para pedir una sesión extraordinaria que le asignaría más fondos a la UPR y permitiría revocar el aumento. Terminaron rechazando la posibilidad de un cambio en la fórmula que otorgaba fondos públicos a la UPR.

Los subterfugios se fueron desvaneciendo y la huelga reveló la transparencia de aquel razonamiento. Cuando violaron los acuerdos de octubre, Enrique Irizarry dijo textualmente que “para nosotros participar en una cantidad mayor en los fondos federales, una de las cosas que tuvimos que hacer fue subir la matrícula”.  Indicó que por concepto del aumento “la Universidad recibió $7 millones adicionales en fondos federales” (36). Así resumió su argumento. La legislatura ofreció $6 millones y Washington daría un millón más, pero este dinero era “federal”. El anexionismo siempre ha sido venal y en las negociaciones el CES dejó claro que no se apartaría de la política fiscal dictada por el gobernador, su jefe político.

Los factores restantes no necesitan elaboración, pero sí se impone añadir un séptimo. Los estudiantes enfrentamos lo que apenas comenzaba a cobrar forma en los ochenta: los pininos del neoliberalismo y su recetario: austeridad y recortes en el gasto público. 

Una oportunidad desperdiciada

La huelga del 81 pudo terminar en octubre. Hubo un acuerdo con el CES que no permitiría que ningún estudiante se quedara sin estudiar por razones económicas. No habría sanciones contra los y las huelguistas. Los estudiantes mostraron flexibilidad. Pero todo seguía en la envoltura del patrón previo: se “negociaba” con algunos miembros del CES que, pensábamos nosotros, representaban el sentir de la mayoría. Fue un acuerdo esperanzador hasta que esa mayoría habló. Y cuando lo hizo, violó lo negociado y recurrió a un lenguaje que, a todas luces, fue consultado con la Fortaleza (37). 

La sucesión de eventos, sin trazos de coincidencias, explican lo ocurrido. La administración mantuvo la negociación como “forma”, pero la represión ya estaba acordada como única opción, anticipada en septiembre por el presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto (38). Romero habló de Praga y de evitar señas de “debilidad” ante los estudiantes (15 de octubre) y el CES violó lo acordado (19 de octubre). El aumento, dijo el gobernador, “lo sufragaría mayormente el gobierno federal, no los estudiantes” y la “tolerancia” de los administradores “se convertiría en debilidad y entrega” si la “minoría” en huelga impone su voluntad (39).

El tiempo se aceleró en octubre y noviembre: ocupación policiaca, violación de un interdicto, prisión y el abuso del poder contra estudiantes y residentes de Río Piedras el 25 de noviembre. A pesar del desgaste del estudiantado y de la administración, ya no fue posible acabar la huelga en el 1981 después de aquel atropello, aunque no lo hayamos visto de esa manera en su momento.

Por violación al interdicto de Miró, nos encarcelaron. A Iván Maldonado, José Rivera Santana, Ramón Bosque y a mí nos llevaron primero a la cárcel de Bayamón donde nos dieron los uniformes azules de la nueva morada. Nunca entendimos ese viaje. El presidio designado estaba en la Parada Ocho en Santurce. En la cárcel, las autoridades pusieron a José Rivera Santana y a Ramón Bosque en un módulo, a Iván y a mí en otro. A los pocos días fuimos al tribunal para una vista ante el juez Bermúdez. Cuando nos vio con uniformes de presos, ordenó que nos llevaran a su sala en ropas civiles. Muchos años después, en el 2003, tuve la oportunidad de agradecerle su gesto. Quizás fue ese mismo día, de regreso al presidio, que tuve una muy mala espina sobre uno de los guardias penales de la “escolta.” Portaba un arma larga apuntando hacia el techo, con la mano muy cerca del gatillo. Llevaba gafas oscuras y, en lo que podía verse de sus ojos, estaba el hedor de lo extraño. Iván y yo íbamos al frente, Bosque y Santana detrás. En ese momento tuve la idea o temor súbito de que el arma podría dispararse. Y en ese preciso momento un tiro retumbó en aquel pequeño espacio.  Mi temor se materializó.  No sé cómo, la bala quedaría incrustada en el techo. Otro guardia, muy afable, lo sacó de la escolta y nos dijo que esa persona estaba bajo los efectos de drogas.

Conclusión

La huelga culminó el 20 de enero de 1982. Se logró un fondo de ayuda para estudiantes graduados y un “compromiso” de ayuda para estudiantes de escasos ingresos. El movimiento estudiantil, en pleno desgaste, no podía continuar. No logramos revocar el aumento.  Ellos no lograron la “paz” ni la “normalidad” que intentaron imponer. Queda la pregunta-hipótesis de si Romero pudo “gobernar” el resto del cuatrienio, más allá del uso policiaco contra Villa sin Miedo en 1982. En 1981, la lucha universitaria asedió a su gobierno y, a partir del 1983, las vistas sobre el crimen en Maravilla lo paralizaron.

La sombra del 81, pequeña en sus comienzos, creció en los años que siguieron y arropó el futuro. Con la victoria del PPD en 1984, el gobernador Hernández Colón declaró una amnistía para todos y todas las suspendidas. Por cerca de una década, la universidad no osó hablar de aumento de matrículas. Bajo el liderato del Rector Juan Fernández, se instituyó una política de no confrontación que no permitió la entrada de fuerzas policiacas al Recinto de Río Piedras, un gran logro del 81 que duró hasta el 2011. Se fundó el periódico Diálogo. La guardia universitaria fue transformada. En poco más de una década y en mis cálculos, diecisiete militantes nos quedamos en la academia como profesores y profesoras universitarias, trece de ellos en la Universidad de Puerto Rico. Aquella generación cantaba “No nos pararán”. No nos pararon.

Agradecimientos: Este ensayo requirió recordar y repensar algunas cosas.  El terreno arenoso de la memoria no era confiable.  En la investigación, quiero agradecer al amigo, poeta, licenciado y también militante del 81, Luis Raúl Albaladejo, quien preparó una excelente cronología que me sirvió de brújula.  También me facilitó una colección de boletines Bandera Roja, órgano oficial de la Unión de Juventudes Socialistas, la organización en la que yo militaba.  La cronología fue luego expandida por los amigos y profesores Ivette Hernández y Luis Avilés, con quienes tengo muchas deudas. La Dra. Ana E. Falcón Emanuelli, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria, dio más de la milla extra en búsqueda de certificaciones del período investigado. Javier Almeyda, de la Colección Puertorriqueña, proveyó documentación, y Gabriel A. Noriega, también de la Colección Puertorriqueña, fue un investigador excelente y muy profesional. Los profesores y miembros de la Junta Editorial de Categoría Cinco, Luis Avilés y Agnes Lugo-Ortiz, editaron el texto final e hicieron preguntas que permitieron importantes aclaraciones. A todos y a todas les expreso mi agradecimiento.

1.  Roberto Alejandro, “La jornada empieza”. El Reportero, 27 de agosto de 1981; p. 10.
2.  La lista de asesinados se encuentra en el importante estudio del historiador Ché Paralitci, La represión contra el independentismo puertorriqueño:  1960-2010.  Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2011; pp. 219-341.
3.  Junta Universitaria, Certificación 79-67, 25 de enero de 1980.
4.  Bandera Roja, “Final de semestre: Balance y en pie de lucha”. 7 de mayo de 1981. 
5.  El Nuevo Día, “Gran Serie, I. La crisis en la UPR. Una casa dividida no prospera”; 22 de febrero de 1981; p. 4.
6.  Bandera Roja, “Carta Abierta al Rector”. 10 de noviembre de 1978. 
7.  El Mundo, “Sorprende a legisladores el aumento en las matrículas de la Universidad; 10 de julio; p. 1.
8.  El Mundo, “UPR asigna $3 millones para ayudar a alumnos de escasos recursos”. 22 de julio; p. 8-A. 
9.  El Nuevo Día, “El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor Ismael Almodóvar informa sobre los nuevos costos de estudios universitarios”. 10 de agosto, p. 11.
10.  Ver, por ejemplo, Roberto Alejandro, “La otra cara de la moneda”, El Nuevo Día, 2 de septiembre de 1981; p. 31.
11.  El Nuevo Día, “Almodóvar justifica el alza”. 16 de julio; p. 16. 
12.  El Nuevo Día, “Pide Ismael Almodóvar posponga aumento en las matrículas”; 22 de julio; p. 8-A.
13.  El Nuevo Día, “Pide Ismael Almodóvar posponga aumento en las matrículas”; 22 de julio; p. 8-A
14.  El Nuevo Día, “Pide Ismael Almodóvar posponga aumento en las matrículas”; 22 de julio; p. 8-A
15.  El Reportero, “Pide sesión especial a Romero”; 1ro de agosto de 1981; p. 1-3. Esta fue también una noticia de portada.
16.  La comisión tendría diez personas (tres nombradas por el gobernador, dos legisladores de cada cuerpo legislativo y tres nombrados por la universidad que debía incluir un representante estudiantil. El Reportero, “Pide sesión especial a Romero”; 1ro de agosto de 1981; p. 1-3. 
17.  El Reportero, “Radicarán informes matrículas”; 10 de agosto de 1981; p. 6. Énfasis suplido. Arrarás recomendaba una asignación de seis millones, la  suspensión del aumento y el nombramiento de “una comisión de diez personas para estudiar alternativas a largo plazo, con el propósito de aumentar el por ciento que recibe la institución de las contribuciones por concepto de rentas públicas.” Esta última recomendación estaba contenida en el Informe del Comité Multidisciplinario de la Junta Universitaria y era también unas de las propuestas de los estudiantes.
18.  El Mundo, “UPR no aceptará debatir sobre el alza en la matrículas”; 8 de septiembre de 1981; p. 4-A.
19.  El Reportero, “Llaman a huelga en la universidad;” 28 de agosto de 1981; p. 4.
20.  Bandera Roja, “Con organización y firmeza: ¡A Derrotar el Aumento”! 2 de septiembre de 1981.
21.  El Mundo, “Estudiantes de la UPR decretan paro de 5 días”; 3 de septiembre de 1981; p. 11-A.
22.  El Reportero, “Estudiantes de UPR en paro de 5 días”; p. 3.
23.  El Mundo, “Estudiantes de la UPR decretan paro de 5 días”; 3 de septiembre de 1981; p. 11-A.
24. El Nuevo Día, “Fiesta de gritos y un receso en las clases”; 4 de septiembre de 1981; pp. 4-5.
25. Milton Pabón, “La huelga universitaria y la teoría de la conspiración”. Las vallas rotas. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1982; p. 62.
26. Roberto Alejandro, “La otra cara de la moneda”. El Nuevo Día, 2 de septiembre de 1981; p. 31.
27. Milton Pabón, “La huelga universitaria y la teoría de la conspiración”. Las vallas rotas; p. 66-67.
28. Roberto Alejandro, Las vallas rotas; p. 135.
29. Milton Pabón, Las vallas rotas; p. 69. 
30. El Mundo, “Apoyan el aumento de las matrículas en la UPR”; 9 de agosto de 1981; p. 15. Énfasis suplido.
31. La mejor reseña de esa asamblea la ofreció Tomás Stella. Ver The San Juan Star, “UPR students reject offer, vote to strike indefinitely”; 22 de septiembre de 1981; pp. 1, 12.
32.  El Mundo, “CRB: Cero ayuda a CORCO y UPR”; 24 de septiembre de 1981; pp. 2-A; 8-A.
33. El Mundo, “Editorial: Los estudiantes y la huelga”. 2 de septiembre; p. 10-A. 
34. El Mundo, “Quirós acusa a comunistas por confusión en UPR”, 2 de septiembre; p. 1.  Énfasis añadido.
35.  El Mundo, “Dice UPR no deberá rendirse ante minoría”; 17 de octubre de 1981; pp. 1, 6-A.
36. El Reportero, “Menos ‘dadivoso’ documento del CES”; 20 de octubre de 1981; p. 2. Énfasis suplido.
37. Milton Pabón,  Las vallas rotas; p. 69. Roberto Alejandro, Las vallas rotas; pp. 148-149.
38. El Reportero, “Abogan por mano dura en la UPR”; 21 de septiembre de 1981; p. 4. El 20 de septiembre, Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado, informó saber de conversaciones a nivel de Fortaleza donde distintas voces abogaban por la “mano dura” contra los estudiantes. A diferencia de otras administraciones, dijo, “Hoy la administración universitaria clama porque la policía entre” y “todo el mundo sabe lo que podría ocurrir”.
39. El Reportero, “Romero fustiga a huelguistas UPR”; 20 de octubre de 1981; p. 7.