Dos mitos sobre el control de la población y la esterilización en Puerto Rico
Lourdes Lugo-Ortiz
Escuela Normal, Río Piedras
“este ensayo tiene como propósito desbancar dos mitos que han circulado por décadas sobre la esterilización femenina y los programas de control de la población impulsados a mediados del siglo XX en Puerto Rico. El primero tiene que ver con la idea de que el origen de las prácticas y programas para el control de la natalidad en la isla con fines eugenésicos surgieron de las esferas gubernamentales; y el segundo, con el supuesto de que su implementación respondió a un plan de largo alcance sistemática y eficazmente organizado por el gobierno. La evidencia histórica no sostiene ninguna de estas ideas largamente dadas por ciertas.”
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Las altas tasas de esterilización femenina en Puerto Rico a mediados del siglo XX constituyen un tema recurrente en las discusiones políticas del país, particularmente cuando se intenta ejemplificar la situación colonial de la isla y la violación a los derechos reproductivos de las puertorriqueñas. Sin embargo, muchos de los argumentos que hoy día se esgrimen para explicar el fenómeno descansan sobre unos mitos que en modo alguno corresponden a la evidencia histórica ni a las formas en que las mujeres toman sus decisiones reproductivas. Sobre todo, este tipo de narrativa posiciona a las mujeres como víctimas absolutas de los aparatos estatales.
A lo largo del siglo XX, políticos, funcionarios, asociaciones médicas, organizaciones que ofrecían servicios contraceptivos, periodistas, entre otros, vieron al control de la natalidad y la esterilización como instrumentos de modernización colonial dirigidos a controlar el crecimiento poblacional y, por ende, a combatir la pobreza del país. Mas esta discusión tiende a ignorar, en su evaluación política, las pocas alternativas con las que contaban las mujeres para controlar su fecundidad en una época cuando la industrialización, la esfera laboral remunerada y nuevas oportunidades educativas les abrían espacios de desarrollo fuera del ámbito doméstico. También, pone de lado cómo muchas mujeres vieron, y siguen viendo, en la esterilización, una forma para controlar su reproducción, su cuerpo y sus vidas (López, 1983, 1985, 1987, 1998 & 2008; Lugo-Ortiz, 1994, 1999 & 2011). El impacto de la esterilización y el acceso a métodos contraceptivos llevó a que, entre 1950 y 1977, las tasas de fecundidad descendieran en un 48 por ciento: de 5.2 a 2.7 por cada mujer (Presser, 1980).
La esterilización en Puerto Rico es tan frecuente que comúnmente se le llamaba la operación. Para el 1965, el país alcanzó una de las tasas de esterilización más altas en el mundo: 35 % de las mujeres puertorriqueñas alguna vez casadas o unidas en relación consensual estaban operadas (Vázquez Calzada, 1973; Presser, 1980). No obstante, un estudio publicado en el 2020 señala una prevalencia de un 40.8%, e identifica la esterilización como el método que las mujeres puertorriqueñas utilizan con mayor frecuencia (Ellington et al., 2020). Los altos niveles de la operación no son exclusivos de Puerto Rico; también, la esterilización ha mostrado un aumento considerable en los países del Caribe y América Latina (Weinberger, 1992).
Los esfuerzos a favor del control de la natalidad durante estas décadas formaron parte de un movimiento internacional—particularmente en los Estados Unidos y Europa—que tenía como motor las luchas por los derechos reproductivos y que incidió en las estrategias que se desarrollaron en Puerto Rico.
Los trabajos de Annette Ramírez de Arellano y Conrad Seipp, Iris López y Laura Briggs han sido fundamentales para entender el fenómeno de la esterilización en Puerto Rico. Asimismo, investigadoras del Recinto de Ciencias Médicas, tales como Ana Luisa Dávila y José Vázquez Calzada, entre otras, han rastreado la prevalencia de la esterilización y de otros métodos de contracepción entre las mujeres puertorriqueñas. A la luz de estos estudios y retomando algunos de los argumentos desarrollados en mi libro Tropiezos con la memoria: la esterilización femenina en la prensa puertorriqueña (1940-1977) (2011), este ensayo tiene como propósito desbancar dos mitos que han circulado por décadas sobre la esterilización femenina y los programas de control de la población impulsados a mediados del siglo XX en Puerto Rico. El primero tiene que ver con la idea de que el origen de las prácticas y programas para el control de la natalidad en la isla con fines eugenésicos surgieron de las esferas gubernamentales; y el segundo, con el supuesto de que su implementación respondió a un plan de largo alcance sistemática y eficazmente organizado por el gobierno. La evidencia histórica no sostiene ninguna de estas ideas largamente dadas por ciertas.
Mito 1. Los primeros proyectos para promover el control de la natalidad con fines eugenésicos surgieron de los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos
Al igual que en muchos otros países, los esfuerzos para proveer servicios de control de la natalidad basados en discursos eugenésicos se iniciaron en Puerto Rico en la década de los veinte. Mas contrario a lo que se ha asumido comúnmente, estos no fueron impulsados por el gobierno federal o estatal sino por sectores socialistas puertorriqueños y otras organizaciones locales.
Para la segunda década del siglo XX, la anticoncepción era ilegal en Puerto Rico. El artículo 268 del Código Penal castigaba su enseñanza con hasta cinco años de prisión (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983). Pese a ello, entre 1925 y 1932, dos organizaciones puertorriqueñas se opusieron a esta ley e intentaron ofrecer servicios contraceptivos: la Liga del Control de la Natalidad, en Ponce, creada por el socialista José Lanauze Rolón, y que funcionara de 1925 a 1928, y la Liga del Control de la Natalidad de Puerto Rico, en San Juan, establecida en 1932 y disuelta en 1933. La primera tenía como fin explícito abogar por la eliminación del artículo 268, apoyando la “procreación prudente” como “primer paso hacia la eugenesia social”. El objetivo de la segunda era ofrecer servicios contraceptivos para las personas empobrecidas, para lo cual estableció clínicas de corta duración en San Juan, Lares y Mayagüez. No obstante, no queda del todo claro si alguna vez logró ofrecer esos servicios. La oposición de la Iglesia Católica, la escasez de fondos y la falta de interés de la ciudadanía imposibilitaron su continuación (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Briggs, 2002).
Las ideas que justificaron los primeros programas de control de la natalidad descansaban en discursos eugenésicos, aquellos que proponen la innata superioridad de las clases altas sobre las bajas y la existencia de razas “superiores” (Petchesky, 1990). El discurso eugenésico implica, según Gordon (2007), que la composición genética de algunos individuos representa la fuente de todos los problemas sociales, y, para el caso de Puerto Rico, que esas personas eran las responsables de la pobreza y de las enfermedades en el país.
Los discursos eugenésicos y sobre la superpoblación (que planteaba que el exceso demográfico causa pobreza) sirvieron para justificar los primeros y los futuros programas de servicios contraceptivos que se establecieron en la isla.
En 1935, otras dos organizaciones locales —la Administración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico (PRERA), subvencionada con fondos federales, y la Escuela de Medicina Tropical, apoyada por la Maternal Health Association de Cleveland, en Ohio— diseñaron una campaña para proveer servicios contraceptivos experimentales (espuma espermicida, gelatina y el método del ritmo) (Ramos-Bellido, 1977). El mismo año, la PRERA se disolvió, y los servicios de control de natalidad continuaron bajo los auspicios de la Administración Federal de Ayuda de Emergencia (FERA) (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983).
Como resultado de la aceptación que generaron los programas, la FERA y la Escuela de Medicina Tropical establecieron 45 clínicas de control de la natalidad que operaron en dos tercios de los municipios de la isla. En ellas, ofrecieron orientación contraceptiva a 3,404 pacientes. Sin embargo, sus servicios duraron tan solo un año; en 1936, el gobierno federal les retiró su apoyo económico. Poco después, la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) retomó el programa y estableció 61 clínicas en la isla con un presupuesto de $250,000 al año, pero, a los varios meses de creado, fue eliminado por presiones del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Según Ramírez de Arellano y Seipp (1983), la Iglesia Católica ya había ventilado en la prensa católica estadounidense su oposición a ese programa. Para entonces, el Partido Demócrata se hallaba a unos meses de las elecciones presidenciales, y temía que un escándalo en la prensa les impidiera retomar el poder gubernamental.
El doctor Clarence Gamble, de la empresa Procter and Gamble y miembro de la American Birth Control League, continuó los esfuerzos de la PRRA, y donó $5,000 para establecer, en 1936, la Asociación Pro Salud Maternal e Infantil de Puerto Rico, una organización privada que ofreció servicios contraceptivos alrededor de la isla, incluso en las plantaciones azucareras. Con el proyecto de Gamble, se abrieron tres clínicas experimentales en Humacao (Hospital Ryder), San Juan (Hospital Presbiteriano) y Lares (en un área rural), en donde se investigaba y se comparaba el uso de diversos métodos anticonceptivos en mujeres (diafragma, gelatina con aplicador, espuma espermicida, polvo espermicida y la esponja).
Para 1939, la Asociación atendió a unas 1,962 mujeres, y encontró que un 4.4% de ellas habían dejado de usar el método anticonceptivo asignado porque estaban separadas de sus esposos, por falta de exposición sexual o porque estaban esterilizadas (Ramos-Bellido, 1977; Ramírez de Arellano y Seipp, 1982). Pese a que se desconoce cuántas estaban operadas, este porcentaje constituye la primera evidencia empírica del uso de la cirugía en Puerto Rico. Se debe precisar que, a pesar de las iniciativas mencionadas, no existe certeza de que los primeros programas instituidos en la isla proveyeran servicios de esterilización.
Las organizaciones creadas en las décadas del veinte y treinta contaban con el liderato de enfermeras y trabajadoras sociales feministas, quienes, al igual que Lanauze Rolón, veían en el control de la natalidad un instrumento modernizador, pero cuyo interés era facilitar estos servicios a las mujeres trabajadoras. El liderazgo de enfermeras y feministas solo perduró hasta 1936, cuando se creó la Asociación Pro Salud Maternal e Infantil de Puerto Rico, que ubicó a la clase médica en los puestos directivos, aunque contó con otras profesionales prominentes, como la enfermera Rosa González y la feminista independentista Carmen Rivera de Alvarado (Briggs, 2002).
no existe evidencia de que se haya creado un programa nacional gubernamental de largo alcance. Sí, se conoce que tanto sectores privados como públicos, apoyados por la clase médica, les proveyeron servicios de esterilización a muchas mujeres puertorriqueñas a lo largo del tiempo con esfuerzos descentralizados y fragmentarios.
Los esfuerzos a favor del control de la natalidad durante estas décadas formaron parte de un movimiento internacional—particularmente en los Estados Unidos y Europa—que tenía como motor las luchas por los derechos reproductivos y que incidió en las estrategias que se desarrollaron en Puerto Rico. En diversas partes del mundo, las personas que apoyaban la eugenesia y aquellas que favorecían el acceso a los métodos para el control de la natalidad establecieron alianzas entre sí en pro de la contracepción (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Gordon, 2007).
Finalmente, en 1937, el control de la natalidad fue legalizado en Puerto Rico mediante tres leyes. Una de ellas (Ley 116) ordenó la creación de una Junta Insular de Eugenesia con el fin de hacer obligatoria la esterilización por razones médicas y morales. Esta ley era similar a otras leyes aprobadas, al menos, en 30 estados de los Estados Unidos. Dos años después, en 1939, la corte federal invalidó la sección que se refería al control de la natalidad y a la esterilización por razones sociales y económicas (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983).
Las leyes que legalizaron el control de la natalidad abrieron la puerta para el establecimiento y promoción de nuevos programas contraceptivos, entre ellos la esterilización, y la implantación de proyectos experimentales adicionales subvencionados por industrias anticonceptivas.
Mito 2. Las altas tasas de esterilización en Puerto Rico se alcanzaron con los programas nacionales gubernamentales de control de la población
Puerto Rico se convirtió en 1968 en uno de los países con mayor prevalencia de esterilización en el mundo entero: 35% de las mujeres alguna vez casadas o unidas en relación consensual estaban operadas. Es importante destacar que distinto a como suele articularse, este porcentaje no se refiere a “todas” las mujeres puertorriqueñas. Estos índices tan altos se alcanzaron antes de que el gobernador novoprogresista Luis A. Ferré impulsara, en 1970, el primer programa nacional de control de la población (Ramos-Bellido, 1977; Ramírez de Arellano y Seipp, 1982; Gutiérrez, 2008). Previo a este proyecto, no existe evidencia de que se haya creado un programa nacional gubernamental de largo alcance. Sí, se conoce que tanto sectores privados como públicos, apoyados por la clase médica, les proveyeron servicios de esterilización a muchas mujeres puertorriqueñas a lo largo del tiempo con esfuerzos descentralizados y fragmentarios.
Las primeras estadísticas que dan cuenta de la esterilización en Puerto Rico se identifican entre mujeres de altos recursos económicos. El Hospital Presbiteriano fue la primera institución en ofrecer este tipo de cirugía a finales de la década del treinta. La operación cobró, en sus inicios, cierto aire de prestigio al ser ofrecida por un hospital privado, ubicado en la lujosa zona del Condado. Aun así, consta que sus prácticas no estuvieron libres de abusos, por ejemplo: el uso de cauterizaciones para lograr la esterilización, el negarse a prestarles servicios a mujeres parturientas que hubieran tenido ya varios embarazos a menos de que estas aceptaran someterse a la operación y la ausencia de justificaciones médicas en la hoja de consentimiento o expediente para realizar la intervención Se cree que, por esta última razón, hubo casos en los que se esterilizó a mujeres que no tenían otros niños (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983). Además del Presbiteriano, el Hospital General Castañer, en Humacao, también, proveyó la operación en la década de los cuarenta (Stycos, 1954; Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Presser, 1980 García, 1982).
El Departamento de Salud, por su parte, inició dos proyectos de control de la natalidad de corta duración a principios de la década del cuarenta, pero no hay constancia de que ofrecieran la esterilización. El primero fue iniciado en 1940, y contó con 60 clínicas de control de la natalidad en 19 municipios. Estas ofrecieron servicios contraceptivos a cerca de 10,000 mujeres reclutadas mediante una campaña de folletos.
Fue eliminado en 1941 por el nuevo secretario del Departamento, Antonio Fernós Isern, quien no favorecía el control demográfico, aunque veía en el control de la natalidad una medida eugenésica y de salud pública valiosa. En el mismo año, en 1941, la Oficina del Cirujano Federal anunció que el Servicio de Salud Pública otorgaría fondos para la creación de programas de “espaciamiento de niños”, y, un año después, el Cirujano General le dio el visto bueno a la instalación de programas de planificación familiar. Por tanto, el Departamento de Salud insular cambió de nuevo su política, y, entre 1942 y 1943, estableció un segundo proyecto. Este constó de 142 clínicas de servicios contraceptivos, en donde se atendieron a 6,242 mujeres. No obstante, en 1946, el Departamento nuevamente cambió su política pública y redujo los servicios, debido a que estos no estaban atados al “problema de la densidad poblacional” que sufría la isla (Henderson, 1976; Ramírez de Arellano y Seipp, 1982).
Aunque la práctica de la esterilización era de uso común, no fue hasta el 1970 que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), durante el mandato del gobernador Ferré, estableció una política pública nacional en abierto apoyo al control demográfico entre los sectores indigentes. La justificación: la superpoblación constituía un importante obstáculo para el desarrollo social y económico de la isla.
Aun cuando los programas mencionados no ofrecieron servicios de esterilización, el Departamento de Salud, en 1944, siguió los pasos de las iniciativas delineadas por los hospitales privados del Condado y Humacao y comenzó a ofrecer la operación en cinco hospitales de distrito. En ellos, se promediaron 1,000 esterilizaciones al año entre 1944 y 1946. Para 1950, se alcanzó la cifra de 6,700 operaciones anuales. Algunos hospitales municipales también facilitaron esta cirugía, pero de ellos no se guarda evidencia documental (Henderson, 1976; Ramírez de Arellano y Seipp, 1982).
Si bien para esta época los hospitales públicos comenzaron a ofrecer servicios de esterilización, el papel de los hospitales privados fue tal que el estudio conducido por Hatt (1952) entre 1947-1948 —en el que se evidencia que un 6.6 % de las mujeres en edad reproductiva estaban esterilizadas— identificó que la mayor prevalencia se encontraba entre sectores de altos recursos económicos y residentes en zonas urbanas.
Para 1949, un 17.8% de los partos en los hospitales públicos y privados eran seguidos por una esterilización. Incluso, se inauguraron hospitales privados pequeños cuyo objetivo primario era proveer la cirugía. En un contexto en el que la Segunda Guerra Mundial limitó el acceso a métodos contraceptivos temporeros, la operación se convirtió en el único método disponible para controlar la fecundidad entre las mujeres que dieron a luz en hospitales (Stycos, 1954; Ramírez de Arellano y Seipp, 1982; Briggs, 2002).
Algunas investigadoras, tales como Gordon, Briggs, Petchesky, entre otras, apuntan a que durante el periodo de la Guerra Fría (las décadas de los años cincuenta y sesenta), en los Estados Unidos y otros países, continuó predominando un discurso eugenésico que planteaba que el exceso de población era el principal responsable de la pobreza, la insalubridad y la falta de educación en las naciones en vías de desarrollo. Este discurso explica la creación, en el 1950, de un proyecto impulsado por Clarence Gamble, Johns Hopkins Maternal and Child Health Demonstration en Trujillo Alto. Este programa pretendía investigar la manera más eficaz para reducir el crecimiento demográfico mediante métodos contraceptivos entre los que se incluía la operación. No obstante, en la práctica, programas como este sirvieron para ofrecerles servicios de control reproductivo a muchas mujeres que los precisaban. (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Petchesky, 1990; Tone, 1996; Briggs, 2002; Gordon, 2007).
Posteriormente, la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia —dirigida, en diversos momentos, por feministas y trabajadoras sociales, muchas de ellas a favor de la independencia de Puerto Rico—, tenía también entre sus objetivos la distribución de métodos contraceptivos y el financiamiento de esterilizaciones en hospitales municipales. Entre 1957 y 1965, la Asociación auspició sobre 11,000 cirugías, 8,000 de ellas en mujeres (Briggs, 2002). Todos estos esfuerzos incidieron en el incremento de la prevalencia de esterilizaciones en el país. A mediados de la década de los cincuenta, 15.58% de las mujeres en edad reproductiva y alguna vez casadas o en relación consensual estaban operadas, y, en 1965, 31.4% (Vázquez Calzada, 1973; Presser, 1980; Warren et al., 1986).
Fotos: Hank Walker, Teaching Birth Control Methods Life Magazine, Octubre 1960
La posibilidad de que las mujeres puertorriqueñas, durante las primeras tres décadas del siglo XX, tuvieran acceso a la operación en hospitales es bastante reducida. El país carecía de la infraestructura médica necesaria para apoyar una campaña nacional, ya fuera impulsada por el sector privado o por el público. Los pocos servicios médicos disponibles estaban concentrados en las áreas urbanas, mientras la mayor parte de la población de aquel entonces habitaba en zonas rurales. Además, hasta la década de los cincuenta, la mayoría de los nacimientos se efectuaba con parteras, no en clínicas. En la década de los treinta, se estima que solo un 10% de los partos se llevaban a cabo en hospitales, y, hasta 1950, solo un 40.76%. A partir de la década de los cincuenta, comienzan a aumentar los partos en los hospitales y, para 1960, un 77.5 % de los alumbramientos se daban en dichas instituciones. Con el aumento de los nacimientos y de los servicios reproductivos en las clínicas y en los hospitales, se dispara la prevalencia de la cirugía a finales de la década de los sesenta. También, para esa misma década, el 74% de las mujeres puertorriqueñas usaban algún tipo de contraceptivo, un aumento considerable si se compara con el 34% que los usaba en 1939 (Briggs, 2002).
Aunque la práctica de la esterilización era de uso común, no fue hasta el 1970 que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), durante el mandato del gobernador Ferré, estableció una política pública nacional en abierto apoyo al control demográfico entre los sectores indigentes. La justificación: la superpoblación constituía un importante obstáculo para el desarrollo social y económico de la isla. Entonces, se patrocinó, con fondos federales, un programa de planificación familiar dirigido a 200,000 mujeres empobrecidas con el fin de controlar el crecimiento demográfico (tal y como ha sucedido en Bangladesh, Estados Unidos, Polonia, Sudáfrica, China y Taiwán, entre otros países). A pesar de que los programas excluyeron la esterilización como parte de los ofrecimientos formales, en efecto, la operación era uno de los procedimientos que se facilitaba. Problemas de administración entre las agencias gubernamentales encargadas del programa afectó los servicios que se ofrecían, y, al final, el proyecto no alcanzó la reducción demográfica esperada (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Gutiérrez, 2008).
El programa de Ferré fue continuado por el gobernador Rafael Hernández Colón, del Partido Popular Democrático (PPD), tras su elección en 1974. Durante su mandato, la economía del país enfrentó una grave recesión. Entonces, nuevamente surgió como panacea el control demográfico mediante el control de la natalidad. El programa fue financiado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, e incluía explícitamente la esterilización. Así, 29,000 mujeres fueron operadas. Incluso, se permitió la cirugía en menores de 21 años. Pese a que la disposición fue suspendida en 1976, ya para esta fecha, unas 100 menores habían sido sometidas a la operación (Ramos Bellido, 1977; Ramírez de Arellano y Seipp, 1983; Gutiérrez, 2008). Esta situación le sirvió como evidencia empírica al discurso oposicionista de la Iglesia católica y de algunos sectores independentistas, quienes no solo expresaron su rechazo a la esterilización sino a cualquier método contraceptivo, incluyendo el aborto (Lugo-Ortiz, 1994, 1999, 2011). Los casos de las menores esterilizadas en la década de los setenta, al igual que otros que ha señalado Ana María García en su documental La operación (1982), demuestran que algunas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento. Mas estos casos no son representativos de las prácticas de la operación en la isla. Más aún, se debe precisar que ninguno de los dos programas gubernamentales logró los objetivos establecidos para reducir la población o la tasa de natalidad. A partir de 1977 y durante la administración novoprogresista de Carlos Romero Barceló, el Departamento de Salud fue reestructurado, y los servicios anticonceptivos perdieron primacía en las políticas del Gobierno de Puerto Rico (Ramírez de Arellano y Seipp, 1983).
Los mitos mencionados comparten un discurso en común: los esfuerzos de control de la natalidad y de esterilización solo pueden explicarse como imposiciones sobre el país y las mujeres puertorriqueñas. Estas perspectivas no dan cuenta de cómo los ofrecimientos privados y públicos a mediados del siglo XX también intersecaron con la necesidad de muchas mujeres de controlar su fecundidad. Más que como formas excluyentes, el control demográfico y el control de la natalidad en Puerto Rico deben verse como un continuo. En ese sentido, las políticas y proyectos públicos y privados que tenían como fin el control demográfico también sirvieron para que muchas mujeres controlaran su fecundidad, sus cuerpos y sus vidas (López, 1983, 1985, 1987, 1998 & 2008; Lugo-Ortiz, 1994, 1999 & 2011). Si bien la esterilización alcanzó una alta prevalencia a mediados del siglo XX, esta alternativa constituye un método que todavía las mujeres en Puerto Rico siguen adoptando para terminar su fecundidad. El uso sostenido de la esterilización sugiere que muchos de los retos y necesidades que las mujeres enfrentaban a mediados del siglo XX continúan presentes hoy día.
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