Reconfiguraciones en la economía y su impacto sobre el movimiento sindical (apuntes)

Fuente de Tabla 2 y Gráfica 2: Informe económico al gobernador.

Si bien es cierto que el porciento de empleo público dentro del empleo total vuelve a aumentar en un 3.5% entre el 2000 y el 2010, este aumento se debe más al descenso en el empleo total, que involucra la reducción en empleos en el sector privado y en el de los cuentapropistas, que a un aumento dramático en los empleos del sector público. Entre el 2000 y el 2010, hay un descenso en el empleo total de 56,000 empleos. Entre estos dos años, el empleo en el gobierno aumentó en 15,000 [7]. 

Por tanto, si bien es cierto que el aumento en el porciento de empleados del sector público es un elemento importante del mayor peso que tuvo en el movimiento sindical, no es el único. Incluso en momentos en que este número disminuyó, la importancia y militancia adquirida de ciertos sindicatos con presencia a nivel nacional les dieron una fuerza decisiva a las organizaciones obreras del sector público. Se imposibilita extendernos en este tema por razones de espacio, pero las importantes huelgas que se dieron desde la década del 1970 lideradas por la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y, más adelante, la Huelga del Pueblo, contra la privatización de la Telefónica, son una muestra de esta fuerza.

Ahora es visible esta contradicción de aumento del peso relativo del sindicalismo del sector público en el momento de nacimiento y auge del neoliberalismo, pero, en el momento, era difícil de prever. En primer lugar, porque la política pública neoliberal no se hizo hegemónica en Puerto Rico hasta el 1988, bajo la segunda gobernación de Rafael Hernández Colón. Desde entonces, sin embargo, ha sido la política oficial del gobierno de Puerto Rico, dominado por el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, y lo continúa siendo hoy bajo el dominio dictatorial de la Junta de Control Fiscal. En segundo lugar, si bien es cierto que había un ataque al sector público desde las últimas décadas del siglo XX, con la privatización del sistema de salud y de la Telefónica, también había una ofensiva neoliberal en contra de las industrias de la Sección 936, por lo que tanto el sector público como el privado se veían amenazados en el periodo.

Finalmente, incluso dentro del periodo neoliberal, hubo espejismos que parecían indicar un fortalecimiento del sindicalismo en el sector público, como la aprobación de la Ley 45-1998. Sobre esta, habrá que decir unas palabras. Previo a la aprobación de la Ley 45, las personas empleadas en agencias de gobierno no tenían derecho a sindicalizarse. Aquellas agrupaciones obreras en las agencias se organizaban bajo la Ley 134 como asociaciones bonafide. Si bien las asociaciones bonafide no tenían derecho a la negociación colectiva, a través de la organización y la militancia había numerosos casos de asociaciones que lograban conquistar derechos laborales e incluso convenios o cartas contractuales producto de la negociación colectiva. Los casos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) quizás fueron los más emblemáticos de este periodo. 

[…] el peso relativo del sindicalismo del sector público aumenta en los albores de la política neoliberal a nivel mundial. Es decir, en momentos en que la política pública global empieza a promover la reducción del tamaño del gobierno, la privatización de los servicios públicos y la austeridad fiscal del estado, el sindicalismo del sector público en Puerto Rico cobra mayor relevancia.

El discurso dominante sobre la aprobación de la Ley 45 es que esta ayudó a aumentar la tasa de sindicalización en el país. Sin embargo, los datos llevan a conclusiones distintas. Como indica César F. Rosado Marzán en su estudio “Derecho laboral y organización sindical en Puerto Rico”, la aprobación de la Ley 45 no hizo más que trasladar personas que se encontraban organizadas en asociaciones bonafide a sindicatos reconocidos bajo la Ley 45. El aumento en la tasa de sindicalización, por tanto, es artificial, pues estas personas ya se encontraban en organizaciones obreras, como lo demuestran las estadísticas del Departamento de Trabajo. La tasa de sindicalización aumentaba, mientras la tasa de personas asalariadas en organizaciones obreras (que incluye sindicatos y asociaciones bonafide) se mantenía estable: 140,000 miembros de una organización obrera en el 1996, 139,000 en el 2002 [8]. 

Quienes estudiamos el movimiento obrero actual confrontamos restricciones en esta área, dado que el informe Estadísticas de Unionados que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) publicaba de manera regular (usualmente a un ritmo bianual) no se lleva a cabo desde el 2014. Sin embargo, utilizaremos esos números para ilustrar el argumento, reconociendo sus limitaciones.

Para el 2014, según este informe, un 10% de las personas asalariadas formaban parte de una organización obrera (lo que incluye a asociaciones bonafides, organizadas bajo la Ley 134 o Ley 139, además de los sindicatos organizados bajo la Ley 130, Ley 45, Ley Taft Harley y Railway Labor Act). Las tasas más altas de sindicalización por industria se encontraban en el gobierno, con un 32.7% para la categoría “Administración Pública” y un 31.5% para la categoría “Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas”. El Informe no precisa sobre la tasa de sindicalización en el conjunto del sector privado. Sin embargo, si tomamos el número de personas asalariadas en organizaciones obreras en el sector privado (14,000) y lo dividimos por el total de personas asalariadas en el sector privado, según el informe Empleo y desempleo, también del DTRH, el porciento sería de 2.3%. Este número, si bien impreciso – los datos sobre el total de personas asalariadas de los informes, aunque producidos por la misma agencia, no concuerdan, por sus distintos métodos de recopilación – nos da una idea de la pobreza de la organización sindical en el sector privado. 

Por otro lado, para el año del último informe (2014), el sector público contaba con 85.71% de todas las personas organizadas.

3.

Son múltiples las ramificaciones de la paradoja mencionada anteriormente, en la que el sindicalismo del sector público vino a tener un peso relativo importante en los inicios y durante el proceso de política pública neoliberal en Puerto Rico. 

Por un lado, cabe destacar la manera en que la política pública neoliberal ha transformado las unidades apropiadas de cada sindicato del sector público. No debe quedar duda de que cada sindicato ha visto una reducción dramática en sus filas de trabajadores y trabajadoras representadas. Esto se ha dado a través de las políticas de congelación de plazas y de despidos, además de las políticas de subcontratación y de privatización de servicios (sin que la subcontratación y la privatización se vean acompañadas por campañas de sindicalización en los sectores privados que manejan estos servicios, desafortunadamente). 

Además, en la medida en que la política pública neoliberal desmantela el Estado, es decir, desmantela al propio patrono, se dificulta arrebatarle conquistas laborales. 

Por otro lado, es escaso el sindicalismo en los sectores productivos del país. No deja de ser cierto que el antagonismo principal del sindicalismo no es con el sector empresarial directamente, sino con el gobierno. Si, tradicionalmente, la lucha sindical, en la medida en que conducía a la confrontación capital/trabajo, y en la medida en que se daba en sectores productivos de la economía, se entendía que podía tendencialmente fomentar la idea de que la clase obrera gobernara sobre la economía, en el caso de Puerto Rico la propia estructura económica y sindical dificulta estas ideas. Ni tan siquiera los sectores sindicalizados del sector privado forman parte, en número considerable, de los sectores productivos, si bien es cierto que muchos se encuentran áreas estratégicas de la economía (particularmente el turismo y la transportación). El antagonismo, por tanto, es con un estado que, a la vez que se combate como patrono, se desmantela como parte de la política pública neoliberal y de la propia crisis que la consume. 

Los ataques hacia el movimiento obrero organizado no solo se han dado dentro del taller, sino también fuera. La política pública neoliberal desde el 2006 ha tenido como un componente clave las llamadas políticas de “emergencia”, que se aprueban y ejecutan con la excusa de atender la crisis económica y fiscal, razón por la que pueden tomar medidas que van por encima del estado de derecho. A través de estas políticas de emergencia, lo que al patrono-gobierno se le dificultaba arrebatarles a los sindicatos en el convenio colectivo, lo arrebata a través de legislación. La Ley 7 es el ejemplo de estas políticas para las agencias del gobierno; la Ley 66 para las corporaciones públicas. Estas impidieron la negociación de nuevos convenios colectivos y limitan la negociación de cláusulas económicas, además de permitir el despido y la transformación de cada taller.

En ese sentido, la visión de conjunto unidad del movimiento obrero no solo es un principio que suena atractivo; es una necesidad que la lucha de clases les impone a los sectores del movimiento obrero organizado.

Los golpes que han recibido los sectores sindicales de los últimos años a través de la reducción en las matrículas y el deterioro de las condiciones laborales, además de la legislación patronal, han producido un gran desaliento en el movimiento obrero organizado de este sector. Una forma en que se ve esto es a través de la sobrevaloración de los pleitos legales por parte de varios sindicatos; la movilización y organización han sido reemplazados por la lucha judicial. Los pleitos se han multiplicado en los últimos años, en los momentos en que se ha hecho más claro que el estado de derecho (colonial, neoliberal, dominado por la Junta de Control Fiscal) no es favorable para los intereses del pueblo trabajador. Los tribunales están hechos para enforzar la ley; las leyes son aprobadas, mayoritariamente, por partidos patronales, aunque otras por el gobierno colonizador que domina la política de Puerto Rico. Esto es cada vez más claro para grandes sectores del país; pero, de manera contradictoria, algunos sindicatos recurren a estas instituciones con mayor frecuencia en los últimos años. 

Este panorama desalentador, por otro lado, no debería llevar a pensar que el movimiento obrero organizado tiene un espacio de acción limitado, ni tan siquiera en el sector público. La crisis económica ha llevado, también, a la debacle del sector empresarial puertorriqueño. El crecimiento económico negativo casi constante en los últimos 15 años es solo uno de los ejemplos de esta debacle. Se hace cada vez más patente que el sector empresarial puertorriqueño solo puede sobrevivir a costa de aquello que tanto han tratado de desmantelar: el gobierno. Si los esquemas de corrupción proliferan en Puerto Rico, se debe, en gran medida, a que el sector privado necesita nutrirse de fondos estatales. La corrupción y la privatización son los dos lados de una misma moneda: la desviación de fondos públicos a bolsillos privados. Las contradicciones del sector patronal no pueden llevarlo a fortalecerse: desmantelan aquello de lo que dependen.

El propio fracaso de esta política pública ha llevado a la masiva pérdida de apoyo de las fuerzas políticas que implementaban e implementan la política promovida por los sectores patronales: el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Luego de medio siglo de dominio de alternancia política, ambos se encuentran sumamente debilitados. Algunas de las posibles acciones que pueden tomar los sindicatos del sector público se desprenden del mismo contexto, de la misma crisis y coyuntura en que se encuentran.