De reensamblajes y alianzas. Entrevista con Juan Dalmau y Manuel Natal
Junta Editorial de Categoría Cinco
Bryant Martínez, Pride 2023
Como punto de partida, hay que establecer que bajo un régimen colonial la noción sobre el concepto democracia es limitada, ya que por definición un sistema colonial es antidemocrático y viola los derechos fundamentales de la ciudadanía. Como un partido que aboga por la independencia, podemos decir que esa es la aspiración máxima a una sociedad más democrática
Juan Dalmau
Desde su fundación, Categoría Cinco, como proyecto cultural y político, se entendió insertado en una coyuntura particular de la historia contemporánea de Puerto Rico, en la que las múltiples crisis – institucionales, democráticas, económicas – golpeaban sin cesar a la población, pero en la que también se ponían en tela de juicio toda una serie de valores y fundamentos que sostenían el estado actual de las cosas. Así, el Estado Libre Asociado, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, antes pilares casi incuestionables del ordenamiento político puertorriqueño, entraron a su vez en abierta crisis de legitimidad.
Las elecciones del 2020 apuntaron a la profundización de este declive, pero igualmente a la posibilidad de un cambio real, manifestado en los resultados conjuntos del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. A su vez, se asomaban nuevas amenazas a los derechos democráticos más básicos, a través de Proyecto Dignidad.
A un año de las próximas elecciones, y ante la posibilidad latente de esperanzas y retrocesos, invitamos a Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, y a Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana, para una entrevista con el fin de analizar la coyuntura actual y ponderar la factibilidad de nuevas concertaciones capaces de transformar la crítica realidad del país y su condición colonial.
Luego de discutir los planes de gobierno de ambas colectividades, la Junta Editorial de Categoría Cinco formuló una serie de preguntas, la mayoría dirigidas a ambas entidades políticas pero con algunas particulares pertinentes a cada figura o partido. Las preguntas se compartieron por separado y las hemos editado como un conjunto para que les lectores logren atisbar el diálogo implícito entre ambos. Es nuestra esperanza que esta entrevista sea el comienzo de otras posibles colaboraciones y proyectos con ambas figuras y colectividades de cara a las elecciones del 2024.
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En Categoría Cinco hemos tenido la ocasión de examinar los programas de gobierno que el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana prepararon para la campaña electoral del 2020. Es indudable que en ambos casos se trata de documentos serios, con análisis profundos de la coyuntura por la que atraviesa actualmente el país, diagnósticos certeros y propuestas de políticas públicas inteligentes que tanto contrastan con las banalidades ofrecidas por el bipartidismo. Son muchas las coincidencias entre un programa y otro y esto, teóricamente, debería abogar a favor de una alianza entre ambas organizaciones para la que el país está maduro. O más que maduro, deseoso.
La depresión económica iniciada en el 2006, llamada en ocasiones la Gran Recesión, revela que los problemas que atraviesa Puerto Rico son de carácter estructural, es decir, que para superarse requieren un nuevo modelo económico y de país, un proyecto coherente que pueda a la vez acoger y englobar los distintos reclamos de grandes sectores. Es casi un lugar común decir que no se requieren “parchos” sino un nuevo proyecto. Si bien esto se intuye en sus respectivos programas de gobierno del 2020, nos gustaría que, a grandes rasgos, presenten su visión de proyecto económico y de país, como respuesta a la crisis que se atraviesa.
Juan Dalmau: Ciertamente los problemas macroeconómicos que ha presentado Puerto Rico desde abril 2006 (fecha en que comenzó la recesión oficialmente) son de carácter estructural. Aunque la recesión culminó oficialmente (es decir, según la Junta de Planificación) el 30 de junio de 2021, los 15 años consecutivos de caída en el valor del Producto Nacional Bruto real revelan la ocurrencia del periodo recesivo más prolongado en la historia contemporánea del país. Para la mayoría de los economistas se trató de una depresión económica porque tanto el PNB real como el empleo total se contrajeron en más de 20%, lo que significa que el país perdió en 15 años una quinta parte de la capacidad productiva que tenía antes del inicio de la recesión. No perdamos de vista que el concepto de “Gran Recesión” se refiere al periodo entre 2007 al 2009 (en algunos países europeos fue de 2008 al 2010) en el que se evidenció una caída global de la producción real de bienes y servicios provocada por el sector financiero de Estados Unidos.
Para delinear un proceso de recuperación económica que se sostenga por sí mismo (lo que se conoce como desarrollo auto-sostenido) es necesario diversificar las opciones económicas, es decir, darle a cada sector productivo o industrial un rol protagónico. Desde finales de la década de 1940 hasta el presente ese rol ha sido asignado a la manufactura, con una participación importante del sector de servicios y del comercio. En mi caso he propuesto y seguiré proponiendo que sectores como la agroindustria, el cooperativismo en todas sus manifestaciones, el turismo ecológico y de hacienda, la sustitución de importaciones (producir localmente lo que traemos de fuera), las empresas comunitarias y familiares y una sólida industria de reciclaje, se añadan al sector manufacturero, al comercio y a los servicios, pero de forma estratégica, es decir, creando eslabonamientos inter industriales que permitan entrelazar a todos los recursos productivos de forma coherente y sostenible. Tal visión respondería a los intereses de nuestra gente, no a los de los inversionistas foráneos que tantos beneficios han obtenido de nuestra economía, sin aportar casi nada a cambio. Ese es el modelo que nos permitirá crear la base de riquezas, de empleo y de producción que el país necesita de forma permanente, y que servirá para romperle el espinazo, de una vez y por todas, a la dependencia.
Manuel Natal: Lo primero que hay que hacer es analizar el modelo económico actual. Esto comienza con una revisión del Código Contributivo. En Puerto Rico hay una política de exención contributiva dirigida principalmente a los grandes intereses. Se estima que casi $20,000 millones dejan de ingresarse al fisco anualmente, una cifra que casi duplica la del Fondo General. De manera consistente durante todo el periodo de crisis, ha habido una fuga de ganancias que ronda entre los $30,000 millones y $35,000 millones anuales – aunque otros estimados la elevan a $50,000 millones. Todo esto ocurre mientras los niveles de pobreza son alarmantes (la mitad de la niñez se encuentra bajo los niveles de pobreza, por ejemplo), la inflación reduce continuamente el poder adquisitivo del pueblo y parece no haber detente con respecto a la crisis económica que estalló en el 2006.
Del presupuesto del país, unos $1,500 millones se dirigen anualmente al pago de una deuda que es, a todas luces, ilegítima e ilegal, y cuya negociación dirigida por un cuerpo externo y no electo, la Junta de Control Fiscal, hacen los últimos acuerdos una “deuda odiosa”, según la terminología internacional. Del presupuesto del país, además, hay miles de millones que, en lugar de destinarse al servicio público, terminan en los bolsillos de intereses privados a través de la política pública de la privatización, que, lejos de abaratar los costos, los aumenta mientras enriquece a unos pocos. Los contratos de Genera y LUMA son solo el ejemplo más visible de este problema, pero se ve en el día a día de las agencias y las corporaciones públicas a través de la subcontratación de servicios. Al panorama de extrema desigualdad, se ve también un derroche de fondos públicos masivo.
…la presunta recuperación por la que ha pasado la economía de Puerto Rico durante los pasados dos años, es una falacia.
Juan Dalmau
A pesar de la coyuntura cuesta arriba en la que se encuentra Puerto Rico, hay toda una serie de mecanismos que permitirían aumentar los ingresos al Fondo General de tal manera como para permitir un giro en la economía. Estamos hablando de miles de millones de dólares que actualmente son fuente de riqueza de unos pocos y que pueden redirigirse para el bien común. Una revisión total de la política de exención contributiva, una mayor captación de los ingresos que se fugan del país y una transformación de la política pública alrededor del servicio público representarían maneras diversas de aumentar los recaudos y posibilitar un cambio de rumbo para el país.
Entrar en detalles del proyecto de país quizás está fuera del alcance de esta entrevista, pero nuestro programa económico representaría una inyección de fondos dirigidos al desarrollo del mercado interno, a diferencia de la visión general que mira hacia la exportación. Promoveríamos industrias que consideramos estratégicas a través de esta inversión de fondos, como proyectos agrícolas individuales o cooperativos, que pudieran vincularse con el procesamiento de los frutos agrícolas para así empezar a eslabonar sectores de la industria local. Fomentaríamos cierto desarrollo de pequeños y medianos empresarios (en cascos urbanos, por ejemplo, como parte de un programa de revitalización de las ciudades), a la vez que este sector dejaría de estar en desventaja con respecto a los grandes intereses, por lo menos con relación a la actual política contributiva.
Si bien proponemos un modelo económico distinto al que se viene desarrollando desde mediados de siglo XX, no deberíamos desatender la importante industria manufacturera actual, que, pese a todas las contradicciones de la economía de Puerto Rico, proporciona un número importante de empleos bien remunerados, en comparación con otros sectores.
El proyecto económico iría también dirigido a mejorar las condiciones de vida de la mayoría del país, lo que a su vez redundaría en un aumento en la economía local y el mercado interno. Esto se promueve de diversas maneras. En primer lugar, reduciendo al mínimo (si no eliminando por completo) impuestos regresivos como el IVU, y proponiendo impuestos progresivos para que, quienes más puedan, más aporten. En segundo lugar, a través de una política pública agresiva que reestablezca y adelante beneficios marginales y derechos adquiridos en el sector público y privado, al igual que un aumento en el salario mínimo, y aumentos posteriores relativos a la inflación. En tercer lugar, el rescate de las instituciones públicas, que es una parte integral de nuestra Agenda Urgente, implica la mejora de los servicios que ofrece el gobierno (agua, luz, salud, educación) terminando con las políticas de privatización y subcontratación.
Cat 5: Relacionado a la pregunta anterior, en los últimos años, varios indicadores económicos parecerían demostrar una recuperación en la economía de Puerto Rico, particularmente con respecto a la fuerza laboral y los ingresos del estado. Quizás este sea uno de los cambios más notables entre el contexto de las elecciones del 2020 y las futuras elecciones del 2024. ¿Cómo interpreta estas transformaciones en el plano económico? ¿Cómo pudieran estas transformaciones, además, afectar la contienda política del 2024? ¿Cree que fortalecerá al bipartidismo, o a la campaña de reelección del gobernador?
JD: Debo comenzar aclarando que la presunta recuperación por la que ha pasado la economía de Puerto Rico durante los pasados dos años, es una falacia. Me explico. Como consecuencia de los huracanes de septiembre de 2017, de los terremotos de enero de 2020, de la pandemia y del huracán Fiona el año pasado, a Puerto Rico han llegado decenas de miles de millones de dólares en fondos asignados por distintas agencias del gobierno de EE.UU.
Esos fondos han creado la falsa ilusión de que nuestra economía se ha recuperado, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que se ha iniciado, muy a duras penas, un proceso de reconstrucción, cuya característica principal ha sido la lentitud y lo errático del proceso.
A pesar de la coyuntura cuesta arriba en la que se encuentra Puerto Rico, hay toda una serie de mecanismos que permitirían aumentar los ingresos al Fondo General de tal manera como para permitir un giro en la economía.
Manuel Natal
En cualquier otro país del mundo, con esa misma cantidad de fondos, hace un par de años que se hubiese reconstruido la infraestructura y la capacidad productiva de la economía del país en cuestión. Ese no ha sido el caso en Puerto Rico. Con relación al número de empleos que supuestamente se han creado, se trata de otra falacia. Al 30 de junio de 2007 en Puerto Rico había sobre 1,263,000 personas empleadas. Ahora la cifra supera por poco el millón de personas, y en muchos casos se trata de puestos de trabajo temporeros, con salarios y condiciones laborales precarias. Así que esas cifras oficiales son realmente producto de la manipulación estadística. Lo único que es cierto de esas estadísticas es que los ingresos del gobierno central han aumentado, pero ello responde a la labor de excelencia que ha realizado el Secretario de Hacienda, en lo que concierne al cobro de impuestos directos e indirectos, lo cual contrasta con la barbaridad que ha impulsado la administración Pierluisi en lo que concierne a los beneficios contributivos que conceden las leyes 20 y 22, ahora cobijadas bajo la ley 60 de 2019, y que benefician a individuos que no aportan casi nada a nuestra economía.
Como mencioné en mi respuesta a la pregunta anterior, lo que el país necesita es aumentar su base productiva para crear riqueza permanente, que a su vez sirva de base para la generación de ingresos, empleos y producción. En ese sentido, mi programa de gobierno propone un plan de desarrollo económico coherente y articulado, en el que todos los sectores se interrelacionan de manera constructiva y siguiendo la lógica de un desarrollo centrado en el ser humano y con miras a erradicar la pobreza, la marginalidad y el desempleo estructural, y a crear las bases para una economía soberana e interdependiente con el resto de las naciones del orbe. Ese es el objetivo de todos los países del mundo, y Puerto Rico no puede ser la excepción.
MN: En efecto, ciertos indicadores económicos han apuntado a una mejoría en áreas como el Producto Nacional Bruto, la creación de empleos y la tasa de participación laboral. Sin embargo, más que una verdadera recuperación, nuestro análisis es que este crecimiento se debe a la llegada masiva de fondos federales de recuperación, relacionados principalmente con el huracán María, aunque también con otros eventos naturales o atmosféricos. A eso se le añaden fondos que llegaron a la isla producto de la pandemia del COVID-19. Con esto queremos enfatizar que, más que una salida de la crisis que vive Puerto Rico, ha habido una especie de salvavidas temporero, que se manifiesta en desarrollo en las áreas de construcción y, hasta cierto punto, en la industria de servicios.
No queremos decir con esto que los fondos federales de recuperación que han llegado y los que faltan han sido insignificantes. ¡Superan los 70,000 millones de dólares! Más bien, el problema viene siendo que no han sido utilizados para realmente desarrollar un proyecto económico coherente. El modelo económico de Puerto Rico sigue igual que hace 5, 10, 15 años. Cuando se acaben estos fondos, habrán sido usados de una manera, digamos, poco estratégica, y caeremos nuevamente en lo que parecería ser una crisis sin fin.
Nuestro análisis hasta ahora no prevé que esta caída económica se vea antes de las elecciones del 2024. Y es usual que una economía sólida o en recuperación suele ayudar al incumbente, en este caso, a Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, y a riesgo de equivocarnos, creemos que esta recuperación inmediata no ayudará a Pierluisi y al PNP. No hay vuelta atrás con el desencanto hacia el bipartidismo.
A pesar de los indicadores económicos, además, los continuos escándalos de corrupción y la mala gestión en el gobierno, desde Educación hasta Salud, hacen una mella demasiado fuerte en la gestión del partido incumbente.
Nuestra apuesta es canalizar ese descontento hacia una alternativa distinta de país y de gestión de gobierno.
No somos la única fuerza que pudiera aprovecharse de este desencanto del bipartidismo. La apatía, expresada a través de la creciente abstención electoral, es otro mecanismo poderoso que se expresará en el 2024, y nos toca derrotar la apatía para derrotar al bipartidismo. Las fuerzas conservadoras y fundamentalistas también se ven en aumento. Victoria Ciudadana, y la Alianza País, se enmarcan en este momento como una opción que defiende los derechos democráticos, defiende un país inclusivo y promueve una visión económica distinta a la del modelo neoliberal que predomina.
Cat 5: Ambos programas, de manera similar, hacen referencia a la necesidad de profundizar los procesos democráticos en Puerto Rico. Sin limitarse al tema del Código Electoral, ¿cómo visualiza esa ampliación de los procesos democráticos en Puerto Rico?
JD: Partido Independentista Puertorriqueño lleva planteando por décadas a través de sus programas de gobierno y de legislación presentada la necesidad de ampliar los procesos democráticos en Puerto Rico. Como punto de partida, hay que establecer que bajo un régimen colonial la noción sobre el concepto democracia es limitada, ya que por definición un sistema colonial es antidemocrático y viola los derechos fundamentales de la ciudadanía. Como un partido que aboga por la independencia, podemos decir que esa es la aspiración máxima a una sociedad más democrática. Sin embargo, como elementos agravantes a nuestra realidad antidemocrática por un régimen impuesto, la legislación local, así como aspectos contenidos en la Constitución son conducentes a limitar la representación e incluso participación de todos los sectores en los procesos e instituciones políticas. Desde mediados del siglo 20, el PIP ha venido planteando la necesidad de una rama legislativa que cuente con mayor representatividad de los partidos que participan en las elecciones. El diseño constitucional del Estado Libre Asociado está enmarcado en la hegemonía del Partido en el poder de entonces y reduciendo cualquier posibilidad de que otras fuerzas políticas minaran esa hegemonía. El resultado neto de este diseño ha sido entronizar el bipartidismo por más de medio siglo en el proceso legislativo. Por ello, abogamos por una Rama Legislativa unicameral y con representación proporcional. El concepto de representación proporcional cobra mayor necesidad en la realidad política actual, luego de los resultados de las elecciones de 2020. A modo de ejemplo, la suma de los votos obtenidos por los candidatos a la gobernación del PIP y MVC representa a una tercera parte del país. No obstante, el PIP y MVC no comprenden una tercera parte de ninguno de los cuerpos legislativos. El sistema de representación proporcional es utilizado en la mayoría de los países desarrollados de Latinoamérica y Europa. Existen otros mecanismos que pueden ponderarse para ampliar la participación democrática y que para ello se necesita enmendar la Constitución. Por ejemplo, la realización de elecciones revocatorias, la celebración de una segunda vuelta, entre otros.
Desde el punto de vista electoral, la ley que regula los procesos y el organismo encargado de administrarlos fue brutalmente enmendada en el 2020. Desde el PIP nos opusimos tenazmente a lo planteado por la entonces legislación presentada y que posteriormente se convirtió en ley a pocos meses de las elecciones y en medio de una pandemia. El resultado de las enmiendas al Código Electoral y su impacto en el proceso es conocido por el país. El reclamo es sencillo, devolver a la Comisión Estatal de Elecciones las garantías que brindaba un sistema electoral basado en la desconfianza mutua entre los partidos representados en la CEE, aspecto que desapareció con el vigente Código Electoral. La Ley vigente convirtió a la CEE en una agencia de gobierno más que responde a la política pública del gobernador de turno y no a lo que debe ser su rol fundamental que es garantizar un proceso electoral limpio, justo y transparente. Para ello, radicamos el 2 de enero de 2021 en ambos cuerpos legislación encaminada a revisar el ordenamiento electoral a través de un proceso amplio y participativo que tenga como resultado una verdadera reforma electoral. Tal propuesta ha sido rechazada por las delegaciones PPD y PNP.
MN: Cualquier iniciativa que pretenda profundizar los procesos democráticos en el país debe comenzar con la oposición rotunda a la Junta de Control Fiscal. Si bien es cierto que la relación colonial siempre ha conllevado unas limitaciones importantes con respecto a la política pública que pudiera adoptar el gobierno de Puerto Rico, la imposición de la Junta de Control Fiscal representa un retroceso dramático en términos de democracia interna. Negocia a nombre de Puerto Rico la deuda del gobierno y de las corporaciones públicas con los bonistas – y siempre en beneficio de estos últimos. Decide la política pública del gobierno, a tal precisión que le restringe fondos a la Universidad de Puerto Rico de esta no desmantelar el Sistema de Retiro de sus empleados. Incluso decide cómo serán las condiciones laborales de los empleados en el sector privado, evidenciado en la derogación de la Reforma Laboral de este cuatrienio.
La Junta de Control Fiscal, pues, representa una burda imposición de la política colonial de Estados Unidos y, también, de los grandes intereses que buscan enriquecerse a base de la miseria de Puerto Rico. El proyecto económico descrito arriba sería imposible, por ejemplo, con la Junta de Control Fiscal.
Como punto de partida, hay que establecer que bajo un régimen colonial la noción sobre el concepto democracia es limitada, ya que por definición un sistema colonial es antidemocrático y viola los derechos fundamentales de la ciudadanía. Como un partido que aboga por la independencia, podemos decir que esa es la aspiración máxima a una sociedad más democrática.
Juan Dalmau
La eliminación de la Junta debería ser el primer paso en este camino hacia la profundización de los procesos democráticos en Puerto Rico, y que conllevan, por supuesto, una transformación, también, de nuestra actual relación colonial con los Estados Unidos.
Pero el desarrollo de la democracia debería también conllevar la ampliación de los espacios de participación ciudadana. En el caso del Municipio de San Juan, por ejemplo, hablábamos en el 2020 de un presupuesto participativo, que pueda llevar a las comunidades las discusiones sobre el uso de fondos. Esta iniciativa se puede llevar a otros espacios (comunitarios, regionales). Diversos sectores, como el magisterio y la comunidad universitaria, han clamado por décadas la descentralización del poder decisional, por un lado, y una reforma universitaria que sacaría el poder decisional del poder político-partidista. Apoyar estos reclamos implica poner en práctica procesos de democratización en estas áreas.
A este panorama de la ampliación de los espacios de participación democrática, hay que añadir, también, el elemento importante de la organización de las personas en su espacio de trabajo. Nosotros entendemos que la organización sindical es, también, una clave importante de los procesos democráticos de un país. En este caso, la promoción de la organización de trabajadores y trabajadoras en sindicatos ayuda a que estos tengan mayor control de sus condiciones laborales. Si bien esto es importante en todos los sectores, a la hora de hablar de las corporaciones públicas y de las agencias del gobierno, hacemos referencia a que los y las trabajadoras puedan, también, tener poder decisional sobre el rumbo de estos espacios. La recuperación de las instituciones públicas debería hacerse de una manera democrática, para no repetir los errores del pasado, los de un gobierno altamente burocratizado e ineficiente.
Cat. 5: Si bien es cierto que en el país nos encontramos en una coyuntura propicia para que se den realineamientos profundos en el campo político, no es menos cierto que una de las fuerzas principales de ese posible realineamiento es el Proyecto Dignidad. Por su orientación tradicionalista y moralista, esa organización tiene la capacidad de aglutinar sectores conservadores de todas las fuerzas políticas tradicionales del país (estadistas, estadolibristas, soberanistas e independentistas) en un proyecto de extrema derecha. Una opción de status político, por sí misma, lo sabemos, no es garantía de un proyecto democrático fundamentado en principios de justicia social. Por esta razón, nos parece, que se hace más urgente que nunca una alianza entre los sectores progresistas y democráticos del país con un programa de mínimos fuertes y una campaña de persuasión que no deje lugar a duda de que quienes han entrado en la contienda electoral quieren y pueden gobernar para el bien común. ¿Cómo ve el avance del Proyecto Dignidad, a qué se debe este avance y qué estrategias políticas, según su organización, son necesarias para frenarlo?
JD: El Proyecto Dignidad no es el representante exclusivo del cristianismo. De hecho, teólogos y activistas de la doctrina social cristiana han criticado que el Proyecto Dignidad impulse una visión ideológica conservadora bajo el manto de religiosidad. La realidad es que el Proyecto Dignidad es parte de un proceso político que se ha estado dando en Estados Unidos y América Latina por los pasados 40 años. Tiene sus inicios en la campaña a la presidencia de Ronald Reagan y el Tea Party y ha llegado a su punto álgido con la elección de Donald Trump y la derecha religiosa. Es importante señalar que este movimiento político religioso también es una realidad en nuestro continente. Hemos visto como en Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, estos movimientos han sido parte fundamental de los golpes de estados o golpes blandos que han derrocado a gobiernos democráticamente electos en América Latina.
No es la primera vez que este tipo de proyecto se ha dado en Puerto Rico. Debemos recordar que esta participación de los grupos religiosos en la política, sobre todo grupos conservadores y fundamentalistas, se dan con mayor fuerza en el gobierno de Pedro Rosselló. Estos grupos conservadores y fundamentalistas sufrieron decepciones y frustraciones cuatrienio tras cuatrienio con el PNP y con el PPD por no honrar sus promesas. Ante los intentos frustrados de cabildeo dentro del PNP y el PPD esos grupos y personas organizan el Proyecto Dignidad. Este proyecto nos recuerda dos elementos importantes de nuestra sociedad que deben ser tomados en consideración. Una es que nuestra sociedad puertorriqueña es una sociedad religiosa. Donde hay ciertos “valores” de grupos religiosos que permean toda nuestra sociedad. Segundo, que este sector tiene unos reclamos particulares y específicos en nuestra sociedad. Por mucho tiempo se creyó o se asumió que en Puerto Rico el sector cristiano era heterogéneo por su diversidad (catolicismo, protestantismo, evangélico y protestante). Sin embargo, aun los que pertenecen a múltiples denominaciones religiosas sufren la misma crisis de país. El Proyecto Dignidad carece de respuestas a esa crisis.
La eliminación de la Junta debería ser el primer paso en este camino hacia la profundización de los procesos democráticos en Puerto Rico, y que conllevan, por supuesto, una transformación, también, de nuestra actual relación colonial con los Estados Unidos.
Manuel Natal
Hay que orientar al pueblo creyente que, en ausencia de propuestas concretas por parte del PD, nuestra propuesta específicamente busca superar la crisis económica y fiscal del país y atajar la corrupción que ha permeado la gestión pública en Puerto Rico. Que tenemos propuestas para protección ambiental y el desarrollo educativo en tercera década del Siglo XXI. Que no hay mayor gesto cristiano que amar al prójimo como a uno mismo y que ello se logra respetando y protegiendo la dignidad de los seres humanos desde su más amplia diversidad.
MN: Previo a la fundación de Proyecto Dignidad, los sectores fundamentalistas se organizaban desde distintos espacios para impulsar su política e incluso sus candidatos a través del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, en especial de este último. La fundación de Proyecto Dignidad hizo que este sector, ya importante e influyente, contara con su propio vehículo político, subestimado por muchas personas en el 2020 pero que logró no solo quedar inscrito sino también ganar escaños en ambas cámaras legislativas.
Este escenario no se distingue mucho de lo que se ve en otros países. En efecto, desde la Gran Recesión del 2008, el debilitamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas fuerzas ha sido uno de los elementos característicos de la política tradicional. Estas nuevas fuerzas, con frecuencia, suelen demostrar la polarización del país. Por un lado, nuevos proyectos representan fuerzas políticas progresistas, de avanzada; por otro lado, nuevos proyectos representan fuerzas conservadoras, fundamentalistas, reaccionarias, anti derechos. Nuestro análisis es que el surgimiento de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad son parte, también, de este escenario global.
La apuesta original de Victoria Ciudadana era agrupar a personas que estuvieran de acuerdo en una visión general, acordada en la Agenda Urgente, que representara la defensa y ampliación de los derechos democráticos – entre los cuales los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTIQA+ son una parte fundamental -, que representara una visión de país distinto al que prevalece en el bipartidismo, que representara una alternativa real de transformación para Puerto Rico. A esta apuesta, se unieron importantes sectores religiosos, que, desde su creencia, defienden la Agenda Urgente y lo que representa. La polarización que se ve en la sociedad, por tanto, se manifiesta, también, dentro de la comunidad religiosa, a pesar de que Proyecto Dignidad se presente como el representante fiel de este sector.
Dignidad representa un ataque a los derechos democráticos de las mujeres, de la comunidad LGBTTIQA+, pero también representa una continuidad del modelo económico del bipartidismo. Promueven la misma política anti-obrera, anti sindical, privatizadora y destructora del servicio público, pero con la ventaja de que no cargan con el lastre de la corrupción como el PPD y el PNP. Por eso, sectores económicos poderosos pudieran fácilmente pasar del bando del bipartidismo a apoyar a Dignidad.
No hay duda de que esto último significa que crecerán, también, en el 2024. Lejos de asumir posiciones tímidas, nos toca mantenernos firmes en nuestro programa, y promover la discusión amplia y cuidadosa de todos los problemas que nos afectan. Entendemos que esta polarización continuará en Puerto Rico. Es difícil de predecir, a mediano o largo plazo, lo que ocurrirá, pero muy posiblemente el futuro de Puerto Rico se encuentra en uno de estos dos polos.
Cat. 5: Con respecto a los programas de gobierno, a pesar de la seriedad que se menciona arriba, una de las cosas que nos llamó la atención, particularmente en el caso del PIP, es que ese programa de más de 300 páginas lee, no tanto como un documento dirigido a persuadir al país de la factibilidad de sus ideas para confrontar los retos del presente, sino como un instrumento cuasi-jurídico para la institucionalización de la república y sus nuevos aparatos administrativos. En este sentido, nos preguntamos ¿qué piensa el PIP sobre la política de persuasión y de los estilos y retóricas para el momento inmediato? Es decir, ¿cómo se convence a una población de la viabilidad de un programa político para el presente?
JD: El Programa de Gobierno del PIP es producto de consultas decenarias con comunidades de base, organizaciones dedicadas al activismo y los derechos humanos y la comunidad científica. En él se recogen propuestas que por mucho tiempo pasaron desapercibidas, pero que ante el descalabro del bipartidismo PNP-PPD han comenzado a cautivar la imaginación del país. Los asuntos puntuales se presentan de forma sistemática, armonizada y transversal, en atención a las preocupaciones más apremiantes del pueblo. Es largo porque la situación del país es compleja. Sería irresponsable atender la situación actual de forma ligera o con una retórica vacía. El programa contiene una mirada dual; tanto a corto como a largo plazo. Hay asuntos, como el desarrollo de estructuras para establecer un gobierno sano y libre de corrupción, que pueden adelantarse, si bien no subsanarse absolutamente, bajo el sistema actual. Por otra parte, hay problemas, como el inversionista político y la visión mercantil del derecho a la salud, sobre el que pesan andamiajes federales insuperables bajo el colonialismo. Insistiremos en estilos retóricos honestos, y en discursos accesibles, pero sin sacarificar los fundamentos jurídicos, sociológicos y científicos que los sostienen.
El Proyecto Dignidad no es el representante exclusivo del cristianismo. De hecho, teólogos y activistas de la doctrina social cristiana han criticado que el Proyecto Dignidad impulse una visión ideológica conservadora bajo el manto de religiosidad.
Juan Dalmau
Cat. 5: En el programa del PIP abundan las alusiones al orden del derecho y no faltan las declaraciones e ideas a favor del “desarrollo integral” de la mujer. Por esta razón, nos ha llamado la atención que en el programa no se nombre explícitamente uno de los más fundamentales derechos, actualmente bajo asedio: el derecho a la autonomía del cuerpo, al control de la reproducción propia y al aborto. De hecho, la palabra “aborto” no se menciona ni una sola vez en el documento. ¿Qué explica esa ausencia?
JD: En el PROGRAMA PIP 2020, se reconoce el compromiso del Partido con la defensa de la dignidad del ser humano y la promoción de los derechos fundamentales; respetando y garantizando las libertades fundamentales y demás derechos humanos, según el modelo promulgado por la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, se dedica una sección a la defensa y promoción de los derechos Sexuales y Reproductivos (la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas, la posibilidad de elección de métodos de regulación de fecundidad seguros, eficaces y accesibles, el acceso a cuidados y atenciones durante el embarazo y alumbramiento, entre otros).
- El programa de gobierno es un documento sujeto a revisión y cambios, según las circunstancias político-sociales del momento en el que se prepara.
- Ciertamente, el derecho a la autonomía del cuerpo se ha visto amenazado en años recientes, particularmente luego de que el TSEU revocara, el año pasado, la decisión de Roe v. Wade (1994), y por ende, el reconocimiento del derecho al aborto como un derecho fundamental. Decisión que ha provocado, incluso en PR, un aumento en las propuestas de legislación para limitar este derecho.
- Desde el PIP defendemos el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y el estado de derecho vigente en PR, establecido en Pueblo v. Duarte Mendoza, donde se reconoce el derecho al aborto como parte del derecho a la intimidad establecido en la Sección 8 del Artículo II de la Constitución del ELA.
- La Senadora María de Lourdes Santiago es coautora del PS 929, “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”, cuyo objetivo es codificar la doctrina relativa al aborto al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.
- Tras los acontecimientos de los últimos años, el tema de la autonomía del cuerpo será revaluado de cara a la conformación del Programa de Gobierno para el 2024.
Cat 5: El MVC ha hecho claro, tanto en su programa de gobierno como en el debate público, que una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE) es un eslabón clave para un proceso de descolonización. Sin embargo, el programa de gobierno le dedica pocas páginas al tema. ¿Qué entiende usted por descolonización? ¿Y qué se requiere, en términos reales y no solo consultivos, para que Puerto Rico deje de ser una colonia? ¿Puede haber autodeterminación mientras la cláusula territorial esté vigente? ¿Y en qué sentido podrían ser el ELA y la estadidad fórmulas descolonizadoras, de ser votadas en un referéndum vinculante? Relacionado a esto último, queremos saber su análisis de la coyuntura política actual en los Estados Unidos y la posición estratégica de un proyecto descolonizador ante ella. Dada la actual correlación de fuerzas políticas en lo Estados Unidos, ¿cómo contempla MVC contender con los retos reales que se opondrán a esas aspiraciones contractuales, no solo en el congreso sino en la población estadounidense en general?
MN: Voy a tratar de contestar estas preguntas atendiendo varios temas.
En primer lugar, en Victoria Ciudadana estamos construyendo un movimiento por la descolonización que integra al país entero, independientemente de las preferencias particulares de cada cual. Con el fin de profundizar en las coincidencias y ayudarnos a trascender las diferencias, el llamado “debate de estatus” y las posibles opciones cobrarán sentido únicamente en la medida en que nos sirven para adelantar un proyecto común.
Por otro lado, tomando en cuenta que la descolonización puede materializarse de distintas formas, al igual que las posibles relaciones con Estados Unidos y el mundo, las tres opciones tradicionales de estatus no serán una camisa de fuerza que nos encierra y nos obliga a limitar nuestras posibilidades de antemano. Lo importante será adelantar el proyecto común; identificar puntualmente y erradicar las relaciones de poder colonial desde sus múltiples dimensiones; y apoyar la construcción y ejercicio de la soberanía popular. Eso también incluye el movernos a un escenario fuera de la cláusula territorial para poder lograr estos acuerdos.
En cuanto al rol de Victoria Ciudadana en el tema de la descolonización, es importante resaltar que nuestros procesos organizativos se enmarcan dentro de un proceso de descolonización, construcción de soberanía popular, organización y ensayo para la convocatoria de una Asamblea Constitucional de Estatus. Al asumir estos procesos, todas las instancias del MVC se vinculan a sus luchas, actividades, discusiones y quehaceres.
Las definiciones de los escenarios que vendrán luego del fin de la colonia serán delimitadas por la ACE, según propone MVC. Entre esas definiciones, definitivamente deben encontrarse aquellas que el derecho internacional ha reconocido como descolonizadoras, entiéndase la estadidad federal, la soberanía y la soberanía en pacto de libre asociación. En ese sentido. el status actual, el Estado Libre Asociado, no puede ser parte de ninguna manera del futuro de Puerto Rico, ni mucho menos de un proceso de descolonización.
En cuanto al tema del rol de EE. UU. en la descolonización de Puerto Rico, es importante recordar que el gobierno federal ha ejercido su soberanía sobre Puerto Rico por más de un siglo y no tienen derecho de mantener a Puerto Rico en la condición colonial. Además de comprometerse con participar de unas negociaciones serias y con respetar la decisión del Pueblo de Puerto Rico cuando así la exprese, vienen obligados a un proceso de reparación de agravios y reconstrucción que facilite el proceso de libre determinación.
En ese sentido, identificaremos las varias obligaciones que contrajo el gobierno de EE.UU. cuando asumió su soberanía sobre nuestro pueblo. Exigiremos su participación en la transformación de las condiciones materiales y subjetivas de modo que podamos ejercer nuestro derecho a la libre determinación y exigiremos su compromiso con la negociación de una nueva relación.
Cat. 5: El PIP es programáticamente un partido que se decanta por la independencia de Puerto Rico (postura con la que Categoría Cinco coincide). No obstante, leyendo el programa de gobierno del 2020, nos preguntamos cómo contempla el PIP una transición hacia la independencia en términos concretos. Según el programa del 2020, la transición a la independencia conllevaría un tratado en el que se incluiría “la garantía de los beneficios adquiridos de Seguro Social, veteranos y otros; lo relativo a los derechos de aquellas personas que además de ostentar la ciudadanía de la República de Puerto Rico, interesen conservar, conforme a las leyes de Estados Unidos, la ciudadanía de ese país; el derecho de usar moneda propia o el dólar; libre tránsito y acceso al mercado de Estados Unidos; una aportación federal anual en bloque a modo de compensación, para el desarrollo de nuestra infraestructura productiva, hasta que se complete el periodo de transición; y la desmilitarización del país” (p. 165). Queremos saber sobre su análisis de la coyuntura política actual en los Estados Unidos y la posición estratégica de un proyecto de independencia ante ella. Dada la actual correlación de fuerzas políticas en los Estados Unidos, ¿cómo contempla el PIP contender con los retos reales que se opondrán a esas aspiraciones contractuales, no solo en el congreso sino en la población estadounidense en general?
La polarización que se ve en la sociedad, por tanto, se manifiesta, también, dentro de la comunidad religiosa, a pesar de que Proyecto Dignidad se presente como el representante fiel de este sector.
Manuel Natal
JD: El colapso del Estado Libre Asociado colonial y el desprestigio de las fuerzas políticas que históricamente han gobernado la isla en representación de los intereses de los Estados Unidos (el bipartidismo PPD-PNP) han provocado un nuevo reagrupamiento de fuerzas a nivel electoral y unas condiciones favorables para el advenimiento más temprano que tarde de nuestra independencia.
Circunstancias cruciales y nuevas socavan los fundamentos de la política colonial norteamericana hacia Puerto Rico y se hace posible un giro en dicha política que sea compatible con el logro de nuestra independencia. En torno a ese particular merece la pena destacar:
- El nacimiento de las nacionalidades como fuerza motora importante de los procesos históricos ha subrayado en Estados Unidos el carácter peligroso que tendría la anexión de Puerto Rico como solución en un momento en que las fuerzas políticas estadounidenses debaten el fortalecimiento del carácter unitario de su propio proyecto histórico como nación. Esta realidad es contraria al proyecto anexionista y la consiguiente posibilidad de una petición de estadidad se convierte en un elemento precipitador de la toma de decisiones en Estados Unidos con respecto a Puerto Rico.
- La creciente impugnación en Estados Unidos del modelo económico colonial anticipa un escenario inminente en que la flexibilidad de la independencia constituye un mayor vehículo para la atracción de capital, incluyendo el norteamericano.
- El descarrilamiento del Proyecto PRSA 8393.
Señalar estas nuevas circunstancias con el optimismo que merecen para los que creemos en la nacionalidad puertorriqueña y en la urgente necesidad de la independencia no implica que el camino esté hecho. El camino hay que hacerlo estimulando y promoviendo todos aquellos procesos que sirvan para ampliar el apoyo a la independencia dentro y fuera del país. Los resultados en las últimas elecciones nos llevan necesariamente a plantearnos que los puertorriqueños están pensando diferente. Tal realidad expone un escenario que legitima a la independencia ante la comunidad política estadounidense y abre la puerta a que se reconozca credibilidad económica y viabilidad económica. Este es el resultado de una compleja sucesión de encuentros iniciados en 1989 y que trajeron como consecuencia abrirle las puertas al independentismo e iniciar un proceso de negociación directa entre independentistas y representantes del Congreso y del gobierno permanente de Estados Unidos. El producto de tales encuentros ha sido el reconocimiento de la independencia como una alternativa viable frente al desprestigio de anexionismo y el colonialismo tradicional.
La derrota del bipartidismo provocaría un reagrupamiento de las fuerzas políticas y el logro de entendidos electorales de base amplia que sirvan para fortalecer las perspectivas del independentismo dentro y fuera de la isla. Y sobre todo, desencadenaría en los Estados Unidos un proceso serio de consulta y negociación entre ambos países en el que se develaría, de una vez y por todas, la viabilidad y conveniencia de cada formula de estatus. De ese proceso surgirá la opción de la independencia como la más conveniente e idónea, tanto para ellos como para nosotros.
En pocos meses, es probable que muchas personas se sorprendan – y otras se desquicien – con los resultados concretos de estos diálogos.
Manuel Natal
Cat. 5: Casi desde que salieron a la luz los resultados electorales del 2020, y se vio el apoyo impresionante que recibieron el PIP y el MVC, se ha hablado en distintos espacios públicos sobre la posibilidad de una alianza electoral entre ambas colectividades. Para su colectividad, ¿existe la posibilidad de concretar una alianza electoral? De ser así, ¿qué del momento actual la ha posibilitado o impulsado? ¿Qué estaría dispuesta a negociar su colectividad en un proceso de alianza como el que se viene comentando en el país?
JD: Sobre la posibilidad de entendidos electorales o acciones concertadas entre el PIP y MVC de cara a las elecciones de 2024, hemos sido diáfanos en cuanto a la disposición de nuestra institución de participar en algún tipo de entendido con MVC. Como primera muestra de la intención de ambas colectividades de hacer pública su intención de aspirar a llegar a entendidos, ha sido precisamente el acudir a los tribunales de forma conjunta para cuestionar la validez constitucional del lenguaje de la ley actual que prohíbe las alianzas o coaligación entre partidos o candidatos. Independientemente de lo que decidan los tribunales, las colectividades utilizaremos las herramientas que estén a nuestro alcance para llegar a aquellos entendidos que fortalezcan el crecimiento electoral de una nueva fuerza en contra del bipartidismo en el país con el propósito de derrotarlo en todos los espacios que sea posible.
Sobre las negociaciones a las que estaríamos dispuestos a llegar, eso es un asunto interno que no debemos divulgar por el propio bien de las conversaciones muy productivas que se están teniendo entre ambas organizaciones. Y por supuesto, para no adelantar estrategias a los adversarios políticos.
MN: Victoria Ciudadana nace de una alianza de diversos sectores progresistas, en la coyuntura de una crisis prolongada, de un bipartidismo en decadencia y de la necesidad de un cambio de rumbo. Entendimos a Victoria Ciudadana como un posible vehículo de este cambio. Eso, quizás, facilita el desprendimiento que tenemos a la hora de hablar de una alianza electoral con otros sectores, incluyendo el Partido Independentista Puertorriqueño.
El colapso del Estado Libre Asociado colonial y el desprestigio de las fuerzas políticas que históricamente han gobernado la isla en representación de los intereses de los Estados Unidos (el bipartidismo PPD-PNP) han provocado un nuevo reagrupamiento de fuerzas a nivel electoral y unas condiciones favorables para el advenimiento más temprano que tarde de nuestra independencia.
Juan Dalmau
La política de alianzas electorales entre distintas colectividades es desconocida para este país desde hace más de medio siglo. A la misma vez, y con todos los obstáculos del Código Electoral, es lo que el país está pidiendo.
La historia del PIP y de Victoria Ciudadana son muy distintas. Los programas, por otro lado, tienen más puntos en común que en pugna. Por eso, también, el país pide, con razón, que estos dos proyectos electorales pacten una alianza de camino al 2024, para derrotar al bipartidismo, aunque sea en su propio terreno, que prohíbe candidaturas coaligadas.
Nosotros estamos dispuestos a negociar todo de buena fe, incluyendo pactos que requieren de sacrificios electorales.
Es muy temprano para adelantar ciertos temas, pero que quede claro: Victoria Ciudadana ha iniciado un diálogo con una diversidad de sectores para formar una Alianza País en el 2024. Entre estos sectores, y con una importancia destacada, se encuentra el PIP. En pocos meses, es probable que muchas personas se sorprendan – y otras se desquicien – con los resultados concretos de estos diálogos.
