Fundamentalismo y autoritarismo:
el control de la sexualidad y los cuerpos

En los últimos años hemos experimentado un ascenso de los sectores religiosos fundamentalistas a los espacios del poder político. Entre las tendencias recientes, se ha visto su entrada a las esferas oficiales del poder gubernamental en Puerto Rico y los Estados Unidos así como  el despliegue de acciones concertadas dirigidas a coartar derechos fundamentales y a controlar la sexualidad y los cuerpos mediante políticas públicas y legislación. Se trata de agresiones serias en contra de las mujeres y de la comunidad LGBTTIQ+ que conciernen mayormente derechos sexuales y reproductivos.  

La alianza entre lo religioso y lo político pudiera entenderse como algo admisible en países democráticos, en tanto los grupos religiosos son en efecto parte de la sociedad civil y comprenden sectores de interés que deben tener espacio en el debate público. Sin embargo, el ascenso de estos sectores fundamentalistas ha permitido que se impulsen políticas en modo alguno democráticas, en la medida en que están dirigidas a coartar libertades fundamentales y a imponer sus particulares visiones religiosas sobre otros sectores sociales. 

Las religiones y el Derecho comparten una voluntad de control y de orden. Uno de los aspectos importante del derecho es su función prescriptiva, autorizada por la amenaza de violencia o sanción. Si entendemos por discurso prescriptivo aquel que tiene el objetivo expreso de intervenir en el mundo social, modelando las conductas, y que por ello mismo tiene como elemento definitorio el ejercicio del poder [1], podríamos entonces identificar en las religiones configuraciones parecidas. Las religiones pretenden intervenir en el mundo social regulando los  comportamientos y, en este sentido, se constituyen también como discursos prescriptivos. Son discursos autorizados que, a su vez, amenazan con la violencia y la sanción. Pero en este caso, es importante resaltar, se trata de la mayor de las sanciones: el castigo eterno. Por lo tanto, cuando la religión se junta con el Derecho, se convierten en una plataforma fuerte de control social fundamentada dualmente en la ley humana y la ley divina.

Un elemento clave de los estados democráticos modernos ha sido la secularización de la política. Este proceso conllevó nuevas dimensiones institucionales, la privatización de la experiencia religiosa, la desacralización de la actividad política y el declive de la autoridad eclesiástica. La secularización se dio a dos niveles: institucional e individual. El nivel institucional implicó la pérdida de poder de la Iglesia sobre los asuntos públicos; y el individual, la pérdida de su control sobre las decisiones de los individuos y el reemplazo de interpretaciones religiosas de la realidad por interpretaciones científicas o racionales. No se trató, en modo alguno, de la desaparición de las ideas religiosas sino de su desplazamientos hacia otros ámbitos de actividad social diversos al Estado[2].

Es, en parte, como respuesta a estos largos y accidentados procesos de secularización que han surgido los llamados nuevos fundamentalismos. Dice Luis Rivera Pagán: “El fundamentalismo cristiano nació dentro de la tradición evangélica estadounidense como un rechazo a múltiples cambios culturales que sectores religiosos conservadores catalogaban de secularismo y alejamiento de las normas sociales ordenadas por Dios”. Añade que “los fundamentalistas se perciben como guerreros de la fe; cruzados del cristianismo evangélico ortodoxo. Se trataba de defender los pilares tradicionales de la fe cristiana del temido efecto revisionista de los análisis críticos bíblicos y la teología liberal y modernista. Pero, esos debates teológicos, al interior de las iglesias, se acompañaron pronto de otra preocupación: el preservar y proteger la cultura y civilización cristiana occidental de los supuestos efectos nocivos germinados por la creciente secularización de la sociedad. De ahí, por ejemplo, las fuertes batallas contra las teorías de la evolución de la especie humana, el feminismo y sus reclamos de igualdad para la mujer, incluyendo los derechos reproductivos femeninos y su posible ordenación al ministerio o sacerdocio, y, más recientemente, los reclamos de reconocimiento jurídico y dignidad social de la comunidad LGBTTQ” [3].

Las religiones y el Derecho comparten una voluntad de control y de orden. […] Por lo tanto, cuando la religión se junta con el Derecho, se convierten en una plataforma fuerte de control social fundamentada dualmente en la ley humana y la ley divina.

Este regreso a los pilares de la iglesia y al deseo de una sociedad homogénea ha tenido como blanco de ataque a las mujeres y sus derechos y a la comunidad LGBTTIQ+. Es un ataque a la sexualidad, a los derechos sexuales y reproductivos, a las cuerpas como espacios políticos de activismo y de rupturas con dogmas tradicionales que atan a las mujeres a nociones tradicionales del matrimonio y la familia.

En Estados Unidos, y particularmente durante la presidencia de Donald Trump, se impulsó el concepto de “libertad religiosa” para referirse a políticas que buscaban establecer excepciones a los derechos civiles y políticos de las mujeres y las minorías sexuales bajo pretexto de respetar las creencias religiosas de aquellos que por ley estaban obligados a observar esos derechos a pesar de disentir de ellos. Es decir, la particular religiosidad de un funcionario público o privado tenía prioridad sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+ en particular. De este modo, la administración de Trump redefinió la libertad religiosa como una licencia amplia para la discriminación. Por ejemplo, el entonces Secretario del Departamento de Justicia del Gobierno de los EEUU, Jeff Sessions, emitió unas Guías (“Federal Law Protections for Religious Liberty” [4]) para, según él, aclarar las protecciones a la libertad religiosa. En realidad, estas establecían las bases para la creación de legislación y políticas estatales y federales discriminatorias. Esta guía prioriza las excepciones religiosas sobre los otros derechos.